Así como el gobierno anterior tomó medidas que implicaron una muy fuerte redistribución del ingreso, el actual, con recursos mucho más comprimidos por las obligaciones financieras asumidas por su antecesor y con una capacidad productiva diezmada, también está aplicando políticas que tienen una alta intensidad redistributiva, pero en un sentido inverso y que representan, por ahora, el mayor contraste en materia económica entre ambas administraciones.

Las políticas, con mayor impacto redistributivo regresivo de mayor voltaje asumidas por Mauricio Macri, se concentraron al inicio de su gestión, más allá de que posteriormente se fueron intensificando, se agregaron algunas adicionales y su efecto general se fue retroalimentando conforme a la evolución del modelo elegido. Consistieron centralmente en la devaluación, la quita de retenciones y los brutales aumentos de tarifas.

Meses más tarde, en un mismo sentido redistributivo, se sumaron la quita de la devolución de los 5 puntos de la alícuota de IVA para compras con tarjetas de débito, reservando, de forma parcial en el reintegro, primero a jubilados con el haber mínimo y receptores de la AUH y más tarde a ninguno. Posteriormente, ya con un resultado electoral muy abultado en su contra, ese gobierno intentó dar marcha atrás con la quita total del IVA para los bienes de la canasta básica, pero políticamente ya era demasiado tarde, era insustentable y, por supuesto, absolutamente contradictorio con lo hecho hasta ese momento.

Ancla paritaria y ficción

Hubo otras tres políticas de ingresos significativas, iniciadas unos meses más tarde de haber asumido, que también operaron con alta incidencia directa regresiva. La primera fue la de usar, como ancla para las paritarias, la referencia de sus ambiciosas metas de inflación incumplibles (inclusive las consultoras ideológicamente más afines siempre proyectaron niveles inflacionarios más elevados que las metas) en la negociación de los convenios colectivos.

Esa medida, permitió ajustar salarios no lejos del rango de la meta oficial de inflación; tuvo un fuerte impacto general en 2016 y fue mitigada en 2017 por el efecto de las cláusulas gatillo que permitieron a la gran mayoría de los trabajadores registrados ajustar sus remuneraciones por el aumento general de precios medido por el INDEC, aunque siempre con recuperaciones aplicadas al inicio del siguiente año; o sea, empardando al registro del INDEC pero unos meses más tarde y sin retroactividad.

En 2018 y 2019, la destrucción de empleos formales que iba acumulándose era dramática. En el sector privado, sin considerar que anualmente ingresan más de 170.000 trabajadores al mercado, se llegaron a perder 221.542 puestos de trabajo, comparando el último dato registrado (octubre de 2019) con el mismo mes de 2017. Ese contexto de alta precarización también dificultó las negociaciones, empobreciendo más aún a los hogares.

Las otras dos medidas relevantes que agravaron la desigualdad fueron el cambio de fórmula de movilidad previsional y la pensión por vejez. La primera fue empleada justo antes de tener que efectivizarse un aumento nominal que hubiera superado ampliamente a la inflación registrada por el INDEC. El ajuste inicial contempló sólo tres meses de inflación y aumentos de salarios cuando los jubilados y pensionados habían debido esperar seis meses para recibir su aumento. Así, de forma permanente, redujeron los haberes de forma generalizada en un 6%. Si bien tres meses después, iban a recibir un nuevo aumento (antes no programado), también tuvieron que soportar tres meses más de inflación. El daño ya estaba hecho.

La última medida importante fue la eliminación de las moratorias previsionales y su reemplazo por las pensiones universales por vejez, equivalentes al 80% de la jubilación mínima. De esa forma, los trabajadores que, por diferentes motivos ajenos a su voluntad, no pudieron cumplir con los requisitos legales para acceder a la jubilación mínima ya no deben esperar a una moratoria, pero acceden a un ingreso peor que el resto.

Restableciendo la capacidad adquisitiva

En ese contexto de deterioro nominal de los ingresos en relación a la inflación registrada por el INDEC, se sumó un cambio de precios relativos muy fuerte. No sólo por el efecto del tremendo aumento de las tarifas de los servicios y de la original quita de retenciones combinada con la devaluación, sino también porque, al haberse bajado tanto poder adquisitivo de los hogares, los rubros de otros consumos indispensables, como alimentos y remedios, sin regulación pública, tuvieron un margen mucho más importante que el resto para captar una porción mayor del ingreso disponible de los hogares subiendo precios. Entre ellos, lo que más aumento fueron los productos más básicos, como la leche, el pan y el aceite y los medicamentos asociados a las enfermedades más comunes.

Por estos motivos, los congelamientos de las tarifas de los servicios públicos, la estabilización del tipo de cambio conseguida a partir del impuesto para todas las operaciones no vinculadas al comercio exterior, la renovación del programa de Precios Cuidados y especialmente las subas de ingresos de suma fija remunerativas son medidas que, dentro de la crítica situación de la economía nacional, son las adecuadas para restablecer la capacidad adquisitiva de la población más dañada. Además, representa el mejor uso de esos recursos escasos por varios motivos.

En primer lugar, los mayores incrementos porcentuales (la suma fija asegura que los sectores de menores ingresos reciban un aumento proporcionalmente mayor) restablece parcialmente la estructura de distribución del ingreso previa a diciembre de 2015. Lamentablemente, como la canasta de consumo utilizada por el INDEC para medir la evolución de los precios no se adaptó a los cambios en las cantidades consumidas por los hogares, no permite reflejar más aproximadamente la real pérdida de poder adquisitivo.

Y esa brecha de deterioro es mayor a medida que el ingreso del hogar es más bajo debido a que lo que más aumentó fueron los consumos indispensables. Como esos hogares perdieron tanto poder de compra en los últimos años (es considerablemente mayor al 20% que simplificadamente la gran mayoría de los analistas dice comparando sólo la evolución general de los ingresos con el IPC del INDEC), los incrementos se capitalizan plenamente al consumo de bienes básicos que ahora tienen precios controlados (o sea, aumentan menos que el promedio; no más como ocurría en el gobierno anterior). Y esos productos, además, tienen mayoritariamente fabricación nacional, debido a que tecnológicamente no se pueden importar (servicios públicos ) o hay alta capacidad de fabricación nacional (alimentos e indumentaria, básicamente).

Por supuesto, no es la recomposición más deseada, pero permite reequilibrar la situación lo mejor posible. Lamentablemente, por el momento, las herramientas que brinda el INDEC son limitadas para calcular con precisión el deterioro que sufrieron los sectores más postergados y cómo las medidas actuales les permite recuperar parte de lo perdido. Lo que queda más claro es el cambio de dirección de las políticas económicas y que, hasta que la estructura productiva en su conjunto no se active, la distribución del ingreso pretendida y necesaria chocará con relaciones de poder que difícilmente puedan superarse de la noche a la mañana y que depende de complejas relaciones de intereses tanto locales como internacionales.

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