La industria nacional sufre la peor crisis desde el final de la convertibilidad. El dato más duro que revela su acelerado deterioro es la destrucción del empleo registrado. Desde el inicio de la llamada "tormenta" y hasta octubre pasado (último dato disponible de la AFIP), se perdieron 52 mil puestos de trabajo industriales formales. Y, desde el comienzo de la gestión de Cambiemos, se acumuló una baja de 115 mil empleos también registrados (representan casi una décima parte de los que había).

Estos niveles de caída de empleo formal son notables comparados con las recesiones anteriores y, en el último trimestre, el fenómeno se fue agravando, pero aún no están disponibles los datos oficiales. Por caso, entre el mayor registro mensual de empleo de 2008 y el más bajo de 2009, año afectado por la crisis internacional, se habían llegado a perder también 52 mil empleos, pero transcurrido un año y medio ya había más que en el máximo de 2008. En 2012 (otro año recesivo según el Indec actual) no hubo destrucción de empleos; por el contrario, la industria en diciembre de 2012 contabilizaba 5.800 empleos más que en diciembre de 2011. Y, en 2014, el sector manufacturero perdió solo 15.700 puestos de trabajo en relación a 2013.

En efecto, resulta sorprendente la intensidad reciente en la destrucción de empleos, considerando la evolución del PBI industrial. En los dos últimos trimestres registrados (desde el inicio de la crisis y hasta septiembre inclusive) el valor agregado industrial cayó 4,2% y, durante toda la gestión de Cambiemos, se contrajo un 7,4% (considerando los dos trimestres de 2018 afectados por la crisis y comparándolos con el mismo período de 2015), mientras que durante la crisis internacional la actividad se hundió un 9,2%. En 2012, el Indec estimó una caída interanual del PBI industrial del 2,9% y, en 2014, del 5,1%. O sea que, por cada punto que bajó el producto fabril durante la gestión actual, el empleo se desmoronó en 15.540 puestos de trabajo; en la crisis internacional, por cada punto de caída de la actividad, se perdieron 5.650 empleos; en la recesión de 2012, no hubo pérdidas de empleos y, en 2014, las bajas por cada punto perdido de producto fueron de apenas 3.080 puestos de trabajo.

Si las estimaciones sobre la actividad industrial del Indec tuvieran una precisión no muy lejana a los hechos, llamaría la atención la pobre contención por parte de las empresas de sus trabajadores o, en su defecto, el gran esfuerzo que hacían antes por no perderlos. Si bien el complejo industrial es heterogéneo y el nuevo modelo perjudica más a las fábricas más demandantes de mano de obra, los diferenciales entre caída del PBI industrial y destrucción de empleo son demasiado grandes como para poder ser explicados sólo por ese factor, teniendo en cuenta también que esos rubros tienden a ser más informales. La extensión de la crisis podría ser una explicación también, pero tampoco sería una causa suficiente dado que, en 2017, la industria creció un 3%, según el Indec. Por último, el atraso salarial en relación a la inflación es un factor que abarata el costo indemnizatorio y, por lo tanto, facilita los despidos. No obstante, parece difícil que estos únicos factores puedan explicar el desmoronamiento del empleo con un nivel de baja de la actividad bastante menor que en las recesiones previas.

Resulta sorprendente la intensidad reciente en la destrucción de empleos, considerando la evolución del PBI industrial

Ahora bien, habría, por lo menos, otras cuatro hipótesis para poder terminar de explicar la particular dinámica reciente. Una podría deberse a un fuerte proceso de modernización expulsor de mano de obra. No obstante, no hubo en el período inversiones suficientes que lo justifiquen. Una segunda podría ser inconsistencias en las mediciones oficiales (quizás el producto industrial en las crisis anteriores no cayó tanto o en la gestión actual la baja fue mayor que lo calculado). Otra hipótesis, tomando con válidos los datos del Indec, podría explicarse por una pobre gestión estatal para cuidar los puestos de trabajo (se trataría de otra contradicción respecto al discurso oficial) y, una cuarta posibilidad, es que se trate tanto de alguna inconsistencia en la medición como también del lamentable desinterés oficial de proteger el empleo.

Las cuatro son hipótesis difíciles de verificar, pero la inconsistencia entre la merma del PBI estimada por el Indec en los diferentes períodos y los datos de empleo que surgen de los registros de los Boletines Mensuales de Seguridad Social de la AFIP (son declaraciones de las empresas presentadas mensualmente al organismo recaudador) son excesivas. Aunque también es evidente el desinterés del gobierno por preservar los empleos. En situaciones no tan graves, el gobierno anterior establecía la obligatoriedad de otorgar indemnizaciones dobles y además ofrecía un acceso a los Repro mucho más difundido y condicionado a no despedir personal.

Cualquiera que sea la explicación de esta bruta destrucción de empleos el impacto es el mismo: una capacidad productiva disminuida y más desarticulada, no sustituida por la generación de empleos en otros sectores, que tristemente empobrece más al país y agranda su nivel de dependencia externa y desigualdad.