"La gente está picante". La definición es de un intendente de zona Oeste y sintetiza lo que transmiten los jefes territoriales del AMBA (de cualquier signo partidario). Este miércoles fue un día de intensas conversaciones virtuales entre intendentes del PJ y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por un lado y de referentes territoriales de Cambiemos con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Los intendentes ya acercaron sus propuestas pero no tienen lapicera para firmar la normativa general y quieren saber por dónde irán los trazos en la próxima extensión de la cuarentena. Sobre todo y, aunque la curva de contagios es menor a la esperada, con mayor circulación habrá más contagios aunque sea imposible saber a qué velocidad. Todos parecen coincidir en criterios de ordenamiento de la circulación de la demanda, por ejemplo por terminación de DNI y días específicos y en horarios limitados para negocios barriales considerados necesarios. "Trabajarían poco pero al menos trabajarán", sintetizó otro intendente de zona sur. 

La pelota está en Balcarce 50 pero desde abajo lo que se transmite es que la urgencia del bolsillo le va ganando al miedo a contagiarse. Las cuentas en las empresas también están "picantes". Un informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial (UIA) reveló que el 70% de las industrias no podrá pagar los sueldos de sus empleados en un 100%; entre otras razones porque el 81% no pudo cobrar cheques. 

En el Ministerio de Desarrollo Productivo y en el BCRA consideran que esta situación será menos complicada en mayo debido a que se incorporarían algunas actividades a la economía, como de hecho ya viene pasando en algunas provincias y porque los bancos están funcionando todos los días y no como pasó en el primer tramo de la cuarentena.

Sin embargo, hay otro diagnóstico en parte del sector privado. Entre las entidades empresariales que se pronunciaron por el fantasma del default, como la Asociación Empresaria Argentina que en su comunicado también pidió por "acciones que posibiliten una vuelta ordenada al trabajo y la producción" y el Grupo de los Seis y la CGT que se reunieron en Olivos con el presidente, Alberto Fernández, en apoyo la negociación por la restructuración de 66.300 millones de dólares emitida bajo legislación extranjera y cuyo plazo vence este viernes; el horizonte es otro.

Sus informes técnicos prevén que en mayo y junio se profundizarán las dificultades en la cadena de pagos, los cheques rechazados y los problemas para pagar impuestos, que complicará las arcas nacionales pero también a los gobernadores. Esos mismos informes técnicos también advierten que el empleo está sometido a una prueba durísima por la crisis, porque quedaron desactivados entre 500.000 y 600.000 puestos de trabajo. 

El estudio de la UIA, coordinado por el economista Pablo Dragún, reveló que el 57% de las empresas no llegó a pagar sus impuestos, una situación que se reflejó en la recaudación en abril de la AFIP. Esos menores ingresos también golpearon a los municipios, donde los ingresos bajaron a la mitad; en el mejor de los casos hay recursos para afrontar el pago de sueldos en mayo pero luego no se sabe y ya está en marcha una nueva negociación con el gobernador bonaerense como admitieron los mismos intendentes de Cambiemos como Néstor Grindetti (Lanús) o Diego Valenzuela (Tres de Febrero). "Hay Que flexibilizar desde nuestro punto de vista, sin duda pero el debate gira en torno al criterio de ordenamiento de la demanda, de la gente en la calle", consideró el primero mientras que el segundo señaló que "la prioridad sigue siendo la salud pero ya estamos en un momento en que hay que equilibrarse con lo económico". 

El documento de la UIA, también un 37,6% reconoció que no pudo pagar la boleta de los servicios públicos. Los pagos de las boletas de luz, que ya están circulando, llegaron con montos calculados en promedios en torno a lo consumido en los meses previos y, así las cuentas, hay negocios que deberán pagar sumas de 5 ceros aun sin haber abierto sus puertas. Este miércoles el ENRE (que regula el sector) habilitó la medición en medidores, valga la redundancia, algo que no pasaba en el AMBA pero que sí ocurre en La Plata, Córdoba o Rosario, por ejemplo. Ahora Edenor y Edesur podrán tomar medidores para pequeños y grandes consumidores, no en el caso de residenciales. Desde la CGERA y CEPBA (pymes bonaerenses) enfatizaron que con estos "consumos estimados" asfixian aún más al sector en medio de este parate productivo debido a la pandemia. 

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