La evidente preponderancia que empezó a ejercer Cristina Fernández de Kirchner en la orientación del Gobierno mantiene perplejo a un establishment que confiaba, a lo Sergio Massa, en la fuerza centrípeta de las campañas electorales. La radicalización del discurso y la acción oficial frente a la oposición, los jueces, el Fondo Monetario y los formadores de precios obedecen, según fuentes irreprochables tanto del kirchnerismo como del entorno más íntimo del Presidente, a tres razones: la necesidad de suturar la crisis política interna que desató el escándalo de los colados en la fila para vacunarse, el empantanamiento del propio plan de vacunación -que amenaza a su vez al rebote de la actividad económica- y la frialdad que mostraron las principales potencias a la hora de discutir la refinanciación de la deuda impagable que legó Mauricio Macri cual presente griego a sus sucesores. Son asuntos demasiado importantes como para dirimirlos en elecciones internas que, a cinco meses de su supuesta fecha, ni siquiera está claro si se harán.

El imperativo que emana del despacho desde donde Cristina volvió a opacar ayer por la mañana a quien abrió las sesiones legislativas apenas 72 horas antes es elocuente respecto de la concepción del Frente que anida en su accionista mayoritaria. “Tenemos que ganar una elección de medio término. No ganamos una desde 2005”, repiten ahí. Es una manera de recordarles a los actuales socios que nadie indultó sus defecciones pretéritas. A tope de aquellas listas que hicieron tropezar al kirchnerismo en 2009 y 2013, se sabe, brillaron varios nombres del gabinete.

Los tiempos cambiaron, por supuesto, pero Alberto Fernández ya no es visto como el engranaje clave que le faltaba a la máquina electoral peronista en 2019 para perforar el techo de cristal del antikirchnerismo intenso. Lo imaginan, sí, como un aglutinante interno. Una especie de tótem de la unidad aunque duela. Y también como el embajador pro témpore ante dos factores de poder hostiles: el empresariado y las grandes potencias.

Sergio Massa no califica para ese rol porque aparece atado a intereses particulares muy específicos dentro de esos factores. “Un estado dentro del estado”, como lo definen quienes lo prefieren más cerca que a los amigos. La inquietud entre sus socios resurgió en las exequias de dos óbitos recientes, a quienes Massa lloró con especial dolor: Jorge Horacio Brito y Carlos Saúl Menem. Pero además, en términos más pragmáticos, su línea directa con la embajada estadounidense tampoco acarrea logros para la coalición. ¿Por qué esos contactos fluidos en Washington no logran ablandar al director por Estados Unidos en el Board del Fondo Monetario, Mark Rosen? ¿Se evaporaron con el despoder del trumpismo, como sugiere puertas adentro Jorge Argüello? ¿Por qué no ayudaron a destrabar los filtros que necesita importar desde el otro lado del Río Bravo el laboratorio mexicano Liomont para fraccionar y enfrascar las 18 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca que destiló Hugo Sigman en Garín y que ya deberían estar aplicándose desde hace un mes en Argentina?

 

Estado y mercado

La mímesis cristinista del Presidente en México da cuenta también de que el giro oficial no es el coup d’état que imaginaban bullrichistas enfurecidos y animadores de LN+ con sueldos de siete cifras mensuales. La diatriba estilo Capitanich que lanzó desde allá contra los medios sugiere incluso su propio consentimiento. Es el mismo Fernández que apenas iniciada la cuarentena sostenía que no le importaba lo que escribiera Clarín como medio porque lo iba a regular como empresa. Una misión que encomendó a su viejo amigo Gustavo López y que el vice del ENACOM encaró con éxito relativo, porque si bien consiguió que devolvieran los aumentos no autorizados de internet y TV por cable, también exhibió la debilidad del Estado frente a una megacorporación dispuesta a hacerle frente.

Es un equilibrio de poder clave para la nueva oleada de gobiernos progresistas latinoamericanos, como advirtió Álvaro García Linera en la edición local de la revista Jacobin. “Cualquier poder de veto por parte de las fuerzas empresariales puede ser disminuido, relativizado o afectado. Depende de si el gobierno tiene la decisión de hacerlo”, asegura el exvice de Evo. Otra vez, cuando la tarea es sensible, el massista no luce confiable. Alberto pudo haber delegado la regulación del holding de la trompetita en el Nº1 del ENACOM, el exvocero renovador Claudio Ambrosini, pero eligió a López.

Los popes del negocio energético también tomaron nota del giro. Aunque el Presidente fue lo suficientemente ambiguo al hablar de “tarifas justas, razonables y asequibles” en el Congreso, su anuncio de un proyecto de ley para “desdolarizarlas” terminó de enterrar el esquema de segmentación tarifaria que impulsaba el secretario de Energía, Darío Martínez, y que elaboró su subsecretario de Coordinación Institucional, Santiago Yanotti, bajo la directiva de Martín Guzmán de no inflar la partida de subsidios estatales para los servicios públicos este año. El encargado de transmitirle las malas nuevas a Martínez fue Federico Basualdo, mandamás del ENRE y terminal del Instituto Patria igual que Federico Bernal, jefe del ENARGAS. Una curiosa sub-interna: el derrotado Martínez, que acaba de poner en marcha un plan de incentivo a la perforación de pozos de gas -¡en dólares!- también había aterrizado en Energía de la mano de Máximo Kirchner.

La visión que primó sigue el precepto teórico que acuñó Axel Kicillof en 2014, al descongelar las tarifas de gas y luz que Julio De Vido mantenía intactas desde hacía una década: que no hay tal cosa como “tarifas progresivas”, por lo cual cualquier segmentación está condenada al fracaso. La meta, según este precepto, debe ser que las tarifas sean lo más baratas posible y que si alguien obtiene una renta extraordinaria por ello, el Estado la recupere mediante impuestos. Una coincidencia, al menos en los fines, con el reclamo genérico de “mejores condiciones para competir” que hizo ayer el liberal Foro de Convergencia Empresarial.

 

Flojos de papeles

 

Subsidios extra para las tarifas de luz y gas, aumentos del dólar por debajo de la inflación y endurecimiento en la negociación de la deuda son las tres condiciones que debió aceptar a regañadientes Martín Guzmán, muy debilitado después del escándalo por la vacunación de sus colaboradores, por lejos los más jóvenes de la lista de 70 “estratégicos” que difundió Carla Vizzoti apenas asumió. En su equipo todavía supuran las heridas. Algunos se preguntan por qué se vacunó Melina Mallamace, la jefa de su despacho, de 33 años, si ni siquiera viajó a México. Pero afuera, entre sus rivales internos peor intencionados, todos los cañones apuntaron contra su community manager, Vera Voskanyan, de 32. Chismografía de palacio.

Guzmán no fue consultado para la decisión de demandar penalmente a Macri y sus exfuncionarios por el endeudamiento con el Fondo Monetario. Se vio nítido en la reivindicación que tipeó la CM del discurso presidencial, donde esa única novedad económica brilló por su ausencia. Peor la tuvieron el jefe cristinista de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, y el albertista a cargo de la SIGEN, Carlos Montero, que se enteraron por la televisión. La orden les llegó, minutos después, escrita desde el Banco Central, donde la directora Bettina Stein pergeñó la argumentación técnica.

La demanda todavía no se sustanció, pero se unirá con las que ya impulsó el fiscal Pranco Picardi e investiga -cosas del azar- la única jueza federal nombrada por el macrismo, María Eugenia Capuchetti. El dictamen de Picardi acumula lo investigado para cuatro denuncias: una de los peronistas en el ostracismo Guillermo Moreno y Pablo Challú, una de la diputada Fernanda Vallejos, otra del dirigente social Juan Grabois y otra del director del Banco Nación Claudio Lozano. Los acusados se repiten. Pero lo más jugoso por ahora son los escritos de Ignacio Pérez Cortés, secretario de Legal y Técnica de Nicolás Dujovne, que aportó notas potencialmente autoincriminatorias de Rodrigo Pena, Santiago Bausili y Miguel Braun.

Los responsables del endeudamiento más vertiginoso de la historia reaccionaron con una insólita oferta de intercambio de rehenes: así como las operaciones de dólar futuro de 2015 no deberían ser juzgadas porque fueron una decisión política, tampoco deberían serlo éstas. Un argumento algo endeble, primero porque las decisiones políticas sí deben seguir procedimientos normados y en la denuncia del Central hay documentadas al menos tres violaciones a esos procedimientos. Pero sobre todo porque la denuncia por el dólar futuro la radicaron sus propios referentes partidarios.

El anuncio del lunes, en realidad, no implica mucho más que mostrarle los dientes por primera vez a un FMI que hizo oídos sordos desde octubre a los sondeos siempre cordiales de Guzmán y Sergio Chodos. Si quisiera tensar más con Washington, el Presidente todavía podría pedir una auditoría vinculante a la Bicameral de la Deuda y amenazar con desconocer al menos parte del préstamo, a lo Rafael Correa. Y si realmente quisiera bucear en los delitos que cometieron Luis Caputo y Santiago Bausili en el hiperendeudamiento previo de 2016 y 2017, hay dos palabras clave (“book building”) y otras preguntas para hacerse. ¿Por qué esas emisiones de deuda no se licitaban? ¿Quién elegía a los agentes colocadores? ¿Por qué los bonos salían al mercado al 80% de su valor nominal y al día siguiente cotizaban al 90%? ¿Quién embolsaba esa diferencia? ¿Se quedaba en Wall Street o volvía a Buenos Aires?

Si se pudre todo, incluso, queda una bala de plata que ya usó Cristina en 2012: dejar trascender la lista de quienes compraron baratos esos dólares del Fondo en 2018 y 2019. Quizá sea una bomba que arrojaría demasiadas esquirlas sobre propios y extraños. 

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