Los rivales en la conflagración por el rumbo económico del Frente de Todos acaban de cesar las hostilidades. Por ahora lo que alcanzaron se parece más a un alto el fuego que a un tratado de paz. Pero como en el ensayo con el que John Keynes sorprendió al mundo a los 37 años, lo importante son las reparaciones de guerra. Si al delegado inglés lo obsesionaba entonces evitar que los aliados humillaran a los alemanes vencidos y alimentaran el rencor nacionalista que luego aprovecharía Hitler, al kirchnerismo le interesa ahora que Martín Guzmán siga siendo ministro de Economía y aplique las correcciones al plan que consiguieron imponerle al calor de la crisis. Lo que les falta es convencerlo.

El armisticio terminó de sellarse en la larga y hermética visita del martes al mediodía de Axel Kicillof a su antiguo despacho, hoy ocupado por Guzmán, en el quinto piso del Palacio de Hacienda. El secreto en torno al contenido de la reunión fue la primera condición que fijó el gobernador, con Cristina Fernández de Kirchner todavía escaldada por indiscreciones veraniegas del ministro. Hubo apenas una foto de ocasión, que el anfitrión divulgó cuando Kicillof ya estaba de vuelta en La Plata. La hizo circular la recién ascendida Vera Voskanyan, a quien acaban de encargar la flamante Subsecretaría de Información y Difusión Económica del Ministerio aunque en febrero había llamado la atención entre los “vacunados VIP” de Economía por dos condiciones que la alejaban de la población de riesgo: sus 32 años y su afición a la danza árabe.

La cita vino a coronar un camino de reconciliación que todas las tribus del Frente consideraban necesaria para encarar la campaña electoral, después de la sangrienta interna que se hizo pública por las tarifas, los subsidios y el intento de despido de Federico Basualdo. Un camino que empezaron a pavimentar los camporistas Andrés Larroque y “Rodra” Rodríguez cuando visitaron a inicios de mayo a Sergio Chodos y Rodrigo Ruete en un salón contiguo del mismo piso del Ministerio. Y que terminó de afirmarse en una conversación entre el propio Guzmán y la vicepresidenta -nunca confirmada ni desmentida por ninguna de las partes- dos semanas atrás.

La interna no era por las tarifas de gas y luz, aunque supuró por ahí. Durante todo el mes previo al despido fallido de Basualdo, el kirchnerismo denunció puertas adentro el ajuste fiscal que luego saltó a la luz en los datos macro del primer cuatrimestre. Un ajuste que, ahora que empezó a ceder (con la ampliación de la Tarjeta Alimentar, la expansión de la AUH y del REPRO, el alivio del monotributo y el reconocimiento de aportes para amas de casa en condiciones de jubilarse) añoraron de modo más o menos explícito economistas poco afines al peronismo como Domingo Cavallo y Daniel Artana. Y que, por supuesto, en público todos niegan.

Lo que procura Cristina, asesorada por Kicillof, es quebrar una inercia peligrosa en términos electorales y especialmente en el Conurbano bonaerense, donde el Frente de Todos aspira a mostrar un triunfo aplastante que compense las performances de pobres a mediocres que esperan en distritos como la CABA, Córdoba, Mendoza e incluso Santa Fe. La inercia de ese ajuste, de una inflación que no cede, de ingresos que crecen por debajo de los precios y de un mercado laboral que no da muestras de reaccionar pese a la reactivación de sectores puntuales.

Suma cero

Como prenda de paz ante Guzmán, el kirchnerismo hizo un gesto fuerte: renunció a una movida que estuvo a punto de convertirse en la edición 2021 del Aporte de las Grandes Fortunas. Pareció insinuarla Oscar Parrilli cuando interrumpió al secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, en su presentación ante el Senado para defender la reforma del impuesto a las Ganancias. "Con este proyecto nos quedamos a mitad de camino", dijo.

Parrilli tenía en sus manos un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) que recomendaba modificar el proyecto aprobado en Diputados. “Si se le subiera a 37% la alícuota marginal de las 24.500 empresas del tramo superior, la recaudación aumentaría de los 115.578 a 205.400 millones de pesos”, recomendaba ese paper interno, al que accedió BAE Negocios. Más de un tercio de lo recaudado por el Aporte. Las alcanzadas -siempre según esas estimaciones- serían un 15% de las empresas, pero que generan un 91% de las ganancias imponibles.

Pese a que la irrupción de Parrilli parecía sugerir un guiño de Cristina, el proyecto se convirtió en ley sin enmiendas. Ya lo habían votado en Diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner, acostumbrados desde el año pasado a negociar con Guzmán. ¿Por qué lo anotó como un triunfo el ministro? Primero, para evitarse el mal trago de otra ley fiscal importante borroneada en el Congreso. Y segundo, porque nunca estuvo de acuerdo con el tributo extraordinario sobre los 13.000 contribuyentes más ricos del país. Lo dijo clarito puertas adentro un año atrás, cuando todavía no había proyecto y apenas circulaba la idea: “No lo necesitamos”.

Ahí también se ven los frutos del armisticio. Apenas terminó la reunión con Kicillof, Guzmán salió a reivindicar públicamente el Aporte por primera vez con una serie de tuits donde contó las partidas del gasto que se engrosaron a partir de su cobro. Unidad hasta que duela, como se decía en campaña. Como la que ensayó Arias ayer en un reportaje con Página/12, donde sostuvo que "la evasión de los ricos es el problema mayor que tenemos". El propio funcionario descartó, apenas asumió, un plan de trabajo que le acercaron para investigar los precios de transferencia en el comercio exterior. Es una de las vías por las que se cuela esa evasión.

Donde persisten las diferencias es en lo salarial. Alineados, Sergio Massa y Cristina concedieron el 40% de aumento al personal de Diputados y del Senado, un porcentaje que no llega pero se arrima a la inflación interanual del 46% que marca el INDEC. Justo mientras se sacaban la foto con sus gremios, las comisiones internas combativas de ATE cortaban varios carriles de la 9 de Julio junto con movimientos sociales para protestar contra el 35% (en 6 cómodas cuotas hasta 2022) que pactaron las conducciones de UPCN y ATE con el Ejecutivo.

Fafafaizer

Son discusiones que le pueden cambiar la vida a mucha gente pero que no se libran entre el oficialismo y la oposición sino en el seno mismo del Frente de Todos. Para el macrismo, el debate económico es un callejón sin salida porque las caras de sus más encumbrados funcionarios gritan “crisis” a los cuatro vientos. De ahí el silencio público al que se llamaron Nicolás Dujovne y Toto Caputo, otra vez activos en la siempre viscosa plaza financiera rioplatense. También a eso responde la locuacidad en temas sanitarios de varios de sus economistas de referencia. Le pasa a Alfonso Prat-Gay en las redes sociales: a su medio millón de seguidores en Twitter le resultan mucho más atractivas sus chicanas al oficialismo por el plan de vacunación que sus análisis económicos.

No solo se nota en las reproducciones y el alcance de cada tuit, sino también en las respuestas. A su posteo sobre la renegociación de la deuda con el Club de París que venció el lunes, por ejemplo, lo cascotearon de ambos lados de la grieta. El usuario @paulopremici le recordó el desafío que el propio Prat-Gay se planteó al asumir: “Si hacemos las cosas bien, el dólar va estar más cerca de $9,50 y si hacemos las cosas mal, más cerca de $16”. Cuatro meses después la divisa ya valía $16. Otro usuario, @joselazcor, autodefinido como liberal, les espetó que “Cambiemos hizo todo, pero todo mal” y deseó “que no vuelvan nunca mas”.

Para el empresariado es todo un desafío. Ganar plata en la pospandemia promete ser tarea fácil para quienes inviertan fuerte ahora, con los costos salariales y energéticos (los que miran de verdad los inversores) por el suelo. Pero la ideología pesa y, como en la época de Miguel Peirano, muchos industriales pueden quedarse afuera de esa fiesta post-COVID por puro prejuicio frente al peronismo. Como si no fuera las dos cosas a la vez: la amenaza de más impuestos y más gasto, sí, pero también el corset de gobernabilidad que evita estallidos sociales impredecibles para el capital como los de Chile, Perú o Colombia.

El dueño de Aceitera General Deheza (AGD), Roberto Urquía, es uno de los que cavila sobre el asunto y se preocupa por el giro netamente opositor de entidades como la Unión Industrial Argentina (UIA), que con el impulso de Techint no solo acaba de ungir al ultraliberal Daniel Funes de Rioja como presidente sino también de vetar como directivo a José de Mendiguren, un histórico de la central fabril. “¿Cómo no vamos a tener un tipo como vos en el comité ejecutivo? Vos fuiste diputado y en lo que viene vamos a necesitar mucho ejercicio legislativo”, le escribió por Whatsapp. Su cuñado, el saliente presidente Miguel Acevedo, no se movió demasiado para desarticular el veto siderúrgico contra el textil.

A los industriales nacionales (y especialmente a las Pymes), el ajuste fiscal, monetario y de ingresos les conviene menos aún que a Cristina en campaña. A diferencia de las firmas más grandes, que recompusieron márgenes y aumentaron sus ganancias por encima de la inflación gracias a su posición dominante en mercados cautivos, son tomadoras de precios y dependen de un mercado interno famélico. El impulso fiscal puede ser la diferencia entre la ganancia y la quiebra. Pero también, vacunación mediante, la llave de un triunfo oficialista que bloquee el segundo tiempo macrista con el que muchos todavía sueñan.


 

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Alejandro Bercovich

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