Después de dos años consecutivos de presentar proyecciones macroeconómicas disparatadas en el Presupuesto nacional, finalmente, las estimaciones del último Presupuesto diseñado por el oficialismo parecen tener cierta coherencia. Desde ya, el desenlace crítico de las políticas de ajuste seguirá afectando notablemente el desarrollo de la actividad, pero también hay que considerar que el futuro gobierno cambiará el rumbo en favor de la producción y no de la especulación financiera y de los negocios de empresas de servicios públicos, como ha venido ocurriendo en los últimos años y que, entre otros artilugios, a través de proyecciones irreales ha tratado de ocultar.

Recordemos que, en materia de inflación, para los años 2018 y 2019, el Gobierno había presentado proyecciones ante el Congreso de 15,7% (originalmente era del 10% y decidieron aumentarla a último momento) y de 23%, respectivamente. Y los valores registrados, según el INDEC, superaron por casi el triple a la estimación de 2018 (el registro oficial fue de 47,6%) y, para 2019, la suba terminará en un nivel por encima del doble de lo proyectado.

En cuanto a la cotización del dólar, el Gobierno en el presupuesto de 2018 había estimado un valor promedio anual de $19,30 y, finalmente, fue de $28,30 y, en el de 2019, había estimado un dólar promedio de $40,10 y, en base a las cotizaciones registradas hasta la fecha y una expectativa conservadora de incremento, debería rondar los $50. Y, respecto al crecimiento, los resultados son aun peores: esperaba que el PBI aumente un 3,5% en 2018 y cayó 2,5% (según el INDEC) y, para 2019, preveía que la economía se iba a contraer un 0,5% y lo más probable es que la disminución supere el 3%.

Todas estas estimaciones, además de bestiales, fueron llamativamente contradictorias respecto al discurso centrado en un supuesto sinceramiento de los problemas de la economía. A diferencia de lo que ocurría antes con proyecciones que a todas luces eran incumplibles, más allá del servil apoyo de economistas afines y muy influyentes medios de comunicación, las previsiones de las principales variables macroeconómicas volcadas en el último presupuesto (inflación de 34%, tipo de cambio promedio de $67 y crecimiento del 1% ), a priori, no tienen un marcado sesgo y, por lo tanto, independientemente de eventuales desvíos, no parecen tan alejadas de un marco realista.

Quizás lo más complejo será conseguir la estabilización planteada en ese presupuesto. Este año la inflación difícilmente culmine en un nivel inferior al 54% y, por lo tanto, la expectativa de bajarla alrededor de 10 puntos es ambiciosa, pero no imposible, como eran, por ejemplo, las anteriores metas de inflación y las referidas proyecciones de 2018 y 2019.

Un tipo de cambio en un nivel promedio de $67 está en línea con la expectativa de inflación. Si efectivamente este año culmina con un valor promedio de $50, la cotización presupuestada implicará también un avance del 34%, como el nivel general de precios. Por supuesto, puede haber desvíos pero en márgenes razonables. Es decir, en rangos de 10%/30% más o menos que lo proyectado. Pero no algo burdo como en los años anteriores, sobre todo cuando los errores no pueden justificarse por cambios drásticos en el escenario internacional u otros factores inesperados. El único fenómeno perjudicial e imprevisto en los últimos dos años fue la sequía, pero recordemos que el sector tiene un peso importante en la economía pero está lejos de dominar la evolución general. Su valor agregado generado representó en 2018 el 8,5% del total nacional y tuvo una contracción interanual del 15,3%. O sea, la caída sectorial explicó 1% de la merma general de un año donde el gobierno esperaba que la economía iba a crecer 3,5% y terminó cediendo 2,5%, según el INDEC.

El combo de aceleración inflacionaria, incertidumbre generalizada, abrupta imposición de controles, caída de reservas y depósitos y ausencia de financiamiento externo no deja margen para reordenar la macroeconomía con una evolución del tipo de cambio que difiera sustancialmente de la inflación.

No obstante, la esperada reorientación de políticas de impulso al consumo, especialmente de los sectores de la población de menores ingresos que demandan bienes y servicios con mayor capacidad de provisión local, en el marco de políticas consensuadas con las organizaciones representativas de la producción, con un nivel de utilización de la capacidad productiva en los niveles más bajos desde la crisis de 2001/2002, deberían impactar en la reactivación de las instalaciones productivas y en la recuperación del empleo, más que en aumentos de precios especulativos, como ocurre cuando se prioriza el negocio financiero. Sin ir muy atrás en el tiempo, en el último semestre registrado de políticas con esa orientación (segundo y tercer trimestre de 2015), la economía crecía a una tasa interanual del 4%, según el INDEC actual. En el último trimestre registrado (primero de 2019), en cambio, la economía se contrajo un 5,8%. El año que viene, si bien habrá que atravesar unos primeros meses del año muy complicados por el desastre de las políticas actuales, el cambio de rumbo impactará sensiblemente en el nivel de actividad y, comparado con el peor año de la economía nacional desde 2002, no es disparatado que el PBI aumente, por lo menos, 1% como está proyectado.

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