Los registros de la base de datos del Banco Mundial recopilan información de finanzas públicas (recaudación y gasto público), a nivel mundial, de hasta 264 países desde el año 1974 y el último dato disponible es de 2017. De esos 44 años contabilizados, solamente en uno no hubo déficit fiscal a nivel global. Fue en el año 2000 y el resultado fue positivo por un equivalente de apenas un 0,17% en relación al PBI mundial. En el conjunto del selecto grupo de países desarrollados y algunos emergentes de gran envergadura que integran la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) hubo superávit exclusivamente en los dos primeros años del período relevado y en 2000.

Por supuesto, en toda economía es preferible que el sector público tenga superávit, pero es evidente que no ha sido la prioridad de la mayoría de las economías en el mundo, especialmente de las más desarrolladas y que no ha sido el medio para mejorar su capacidad productiva.

Después de los desastrosos resultados de gestión pública nacional que intentó priorizar la búsqueda de un resultado superavitario en detrimento del crecimiento, del equilibrio externo, del empleo y de la distribución equitativa del ingreso, ya debería quedar en evidencia que ese no debe ser el máximo objetivo, como repitieron insistentemente tanto el ex ministro Nicolás Dujovne como el presidente Mauricio Macri. De hecho, el diagnóstico del Gobierno siempre partió de la premisa de que el déficit fiscal es el origen de todos los problemas económicos, a pesar de que también en todas economías vecinas de nuestra región hubo rojos en las finanzas públicas durante los últimos años.

Frente a esa miopía que ya había sido el eje de las políticas en la segunda mitad de la Convertibilidad, no había que ser muy perspicaz para darse cuenta que el rumbo era incorrecto y que terminaría en una gran crisis, como en las anteriores experiencias neoliberales que enriquecen al sector financiero en detrimento del resto de las actividades. En especial, podían apreciarse las grandes limitaciones del equipo técnico del gobierno cuando, con los mayores recursos financieros que haya tenido una administración pública en nuestro país en su historia producto del enorme endeudamiento y también con un extenso apoyo político en sus primeros dos años y medio de mandato, la economía no había podido crecer ni bajar la inflación. Ahora sin esas fortalezas es lógico que la economía, dirigida por funcionarios que no se cansaron de facilitar negocios financieros en lugar de fomentar la actividad productiva, registre una de las tres peores crisis del último medio siglo y que pueda agravarse aun más.

El único objetivo aparente que le queda al gobierno es llegar a diciembre con el resultado menos bochornoso posible. En ese escenario, las principales medidas aplicadas solo parecen orientadas a buscar contener, muy tarde, la hemorragia de la caída de las reservas. Para peor, lucen insuficientes, sobre todo porque el FMI no da señales de estar dispuesto a desprenderse del sexto tramo del préstamo de 5.400 millones de dólares sin poder usar esos recursos para condicionar más la aplicación de políticas. Ese debe ser el motivo central de la postergación del desembolso que, según el cronograma oportunamente acordado, ya debería haberse concretado a mediados de septiembre. En todo caso, intentará seguramente utilizar ese préstamo para condicionar al gobierno entrante.

El antídoto empleado por el gobierno para tratar de estabilizar la macroeconomía termina golpeando aun más duramente la actividad y especialmente a los sectores productivos industriales. Así, la actividad general, medida en dólares y por habitante, terminaría el ciclo de gobierno actual con una contracción cercana al 33%.

El último informe cambiario del BCRA marcó otro pésimo resultado de la gestión en agosto pasado: se fugaron 5.909 millones de dólares. La cifra representa 3 veces y media más que el promedio mensual de fuga (1.709 millones de dólares) durante todo el gobierno de Macri que acumuló, desde diciembre de 2015, una salida de capitales de 81.093 millones de dólares. El record de agosto es notable en una economía bajo una enorme depresión y porque ya venía de una gran devaluación y mantenía tasas de interés por encima del 74%.

Con estos resultados debería hundirse definitivamente la idea de que la inflación se combate primordialmente con política monetaria y fiscal contractiva, desinteresada del desarrollo productivo. A pesar de toda esta grosera evidencia, la hegemonía de la visión de economistas, sin una formación que contemple las complejidades de la estructura productiva local y de las relaciones de fuerza a lo largo de la historia nacional, pone en riesgo que en unos pocos años vuelvan a intentar aplicar los mismos programas.

Por supuesto, el restablecimiento de las políticas neoliberales no es una cuestión de ingenuidad (a pesar de que exista por parte de muchos); son negocios. Estas políticas beneficiaron netamente al sector financiero, con comisiones y tasas de interés que permitieron alcanzar niveles de rentabilidad extraordinarios a costa del resto de la economía. Los que estamos de este lado de la grieta, deberíamos insistir mucho más en estas inconsistencias para lograr que algún día haya un nivel de formación económica básica en el país que permita identificar y rechazar espejitos de colores.

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