El Presidente Alberto Fernández anunció en la Apertura de Sesiones del Congreso Nacional que impulsará una querella criminal para identificar a los autores y partícipes del endeudamiento asumido durante el gobierno de Mauricio Macri por unos US$55.000 millones, al que calificó como “la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.

Dijo: “Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo”.

Somos varios/as en soledad desde hace años y muchos/as más en los últimos años los/as que proponemos terminar con la impunidad de funcionarios/as que endeudaron a la Argentina y revisar la deuda por entender que no corresponde pagar aquella que fue contraída a través de actos delictivos máxime cuando están involucrados como posibles coautores los/as funcionarios/as de los organismos financieros internacionales que son contraparte.

La actual decisión del Presidente es muy importante si se lleva a cabo para terminar con la impunidad de funcionarios que endeudaron a la Argentina sin rendir cuentas por ello y, en segundo lugar, para potenciar cambiar la lógica de la relación con el Fondo y obtener otros resultados. Debería complementarse con una demanda civil para que devuelvan los dineros mal habidos e indemnicen al Estado y por daño moral al conjunto de la ciudadanía por las graves consecuencias que resultan de sus conductas sobre la mayoría de la población.

Hay que hacer una investigación sobre el endeudamiento y ver cuáles fueron los bancos que actuaron como colocadores de la deuda argentina. Ni siquiera existió licitación en muchos casos.

Hay un incumplimiento de las normas vinculadas al tema endeudamiento en Argentina y además una violación del Fondo por su propio estatuto que le prohíbe prestarle a países en situación de fuga de capitales.

El Banco Central ha hecho público un comunicado poniendo a disposición de la Justicia esas consideraciones. El mismo Banco Central publicó el año pasado un informe sobre la fuga de capitales que fue alimentada por ese mismo crédito. Se trata de un proceso íntimamente relacionado: el Estado tomó deuda para disponer de dólares para la fuga, de parte de un pequeño sector de opulentos y grandes empresas. No hay razón para que la carga de su pago recaiga sobre los hombros de toda la sociedad.

Hemos señalado en nuestra cátedra, en su momento en nuestra banca, ante los organismos internacionales y en los medios de comunicación la vinculación entre deuda y violaciones  a los derechos humanos durante todos estos años desde la recuperación de la democracia.

El movimiento de mujeres desde hace varias décadas viene impulsando estas reflexiones en sus conclusiones de los multitudinarios Encuentros Nacionales de Mujeres y las feministas en todo el mundo hemos unido nuestra voces en estos reclamos contra el extractivismo financiero en sintonía con las luchas contra el patriarcado y otras formas de extractivismo. Consideramos en la mayoría de los casos a estos endeudamientos y acuerdos económicos como verdaderos crímenes de lesa humanidad económica y de lesa Naturaleza, inaceptables bajo cualquier punto de vista y nulos de nulidad absoluta.

La reciente decisión del gobierno de Bolivia de devolver un préstamo del FMI al constatarse la irregularidad de su otorgamiento, muestra que hay otras alternativas a la pretensión de cumplir con lo incumplible.

Descaradamente distintos ex funcionarios han tratado de echarle la culpa del endeudamiento en dólares al gasto social en jubilaciones y salarios, que son en pesos y no requieren de endeudamiento externo!. También dicen que el dinero se derivó al pago de la deuda de gestiones estatales previas, pero el gigantesco endeudamiento superaba los requerimientos de la deuda previa. Son maniobras para tratar de ocultar el desfalco y esconder que cada dólar de ese pago implicó un ajuste brutal sobre el conjunto las políticas y servicios sociales, hundiendo la actividad económica y atacando las condiciones de vida del pueblo.

Por esto reiteramos la necesidad de investigar de manera integral y con participación social, todo el sistema de la deuda perpetua y su usufructo ilegítimo y odioso. No es compatible denunciar semejante estafa al país con el cumplimiento de acuerdos con los delincuentes que los llevaron adelante, tanto locales como del extranjero.

Coincidimos con laAutoconvocatoria por la Suspensión de Pago e Investigación de la Deudaen el sentido de que “Negociar para pagar más adelante, como se hizo con la deuda reclamada en divisas por privados, con el Club de París y ahora con el FMI, no resuelve el problema sino más bien profundiza la dependencia, el sometimiento, la explotación y el saqueo”.

Debemos recurrir al marco de los principios generales de Derecho y en particular de los Derechos Humanos para plantear al FMI y ante las Naciones Unidas a cuya órbita ese organismo internacional pertenece que sujetar el país al cumplimiento de esos acuerdos fraudulentos es injusto y que traerá nuevos graves impactos sobre nuestras condiciones de vida.

La verdadera deuda es interna, con el Pueblo y con la Naturaleza, no con el FMI ni los prestamistas y usureros. Los/as argentinos/as estamos volviendo a hacer un gran esfuerzo con la esperanza de transitar hacia un modelo productivo sostenible y sustentable y alcanzar nuestra soberanía y autodeterminación. Unamos fuerzas para hacer visible la Voluntad soberana de que no queremos volver a pagar el pato.

 

* Doctora en Derecho. Profesora de Derechos Humanos UBA. Presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos