El 13 de mayo la Inspección General de Justicia (IGJ) dictó la Resolución 8/21 que introdujo cambios para las sociedades constituidas en el extranjero calificadas de “vehículos” de inversión de otras sociedades con las cuales integran un grupo societario internacional, y que desean registrarse en la argentina a los fines de participar en el capital social de sociedades del país o mantener una sucursal.

Lejos está la intención de cuestionar decisiones de profesionales de reconocida trayectoria y conocimiento técnico societario que se encuentran cargo de la Inspección General de Justicia. Mas aún cuando en los considerandos de la resolución se detalla que la misma es “…una consecuencia de la enorme experiencia acumulada por este Organismo de Control en el ejercicio de las facultades de fiscalización que le otorga la Ley Nº 22.315, en materia de sociedades por acciones, y, fundamentalmente, en lo que refiere a sociedades constituidas en el extranjero (arts. 7 y 8), sobre las cuales el escándalo de los “Panamá Papers” en el año 2016 y la proliferación de sociedades ficticias y provenientes de guaridas fiscales debiera haber servido para advertir que, en esta materia, la radicación legítima de empresas externas en nuestro país no supera la cantidad de empresarios argentinos que, disfrazados de sociedades externas, provenientes de recónditos lugares del planeta y organizados bajo un entramado societario por lo general sumamente alambicado, persiguen fines ilegítimos y extra-societarios, convirtiendo a dichas sociedades en un simple recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o los derechos de terceros…” y es ese organismo el que cuenta con más datos e información que cualquier profesional privado.

Si bien se comprenden y hasta se comparten en gran parte algunos argumentos dados por la IGJ para hacer renacer bajo esta Resolución disposiciones que otrora habían sido derogadas por la anterior Dirección, lo cierto es que con el fin de combatir abusos societarios que esa IGJ tendría comprobados, la situación de sociedades y grupos económicos legítimos podrían verse afectada debiéndose consiguientemente revisar la estructura societaria a los fines de la actuación en el país.

Las sociedades holdings y vehículos

Los grupos económicos de capitales internacionales extranjeros, por lo general mantienen una estructura societaria de forma semejante a un triangulo, con una entidad arriba de la pirámide que actúa como holding o madre de las restantes. Esas entidades holdings generalmente se encuentran ubicadas en jurisdicciones en las que se logra eficiencia en el manejo de las inversiones y que brindan neutralidad fiscal.

De igual manera, cabe también denotar que un empresario argentino muy difícilmente se expanda al exterior usando como holding una entidad argentina. Sencillamente, y aunque nuestro país quisiera ser sede (holding) de un grupo económico internacional, ello no resulta eficiente y en la mayoría de los casos a medida que se desarrolla la expansión hacia otros mercados, se produce una inversión de estructura de negocios locales. Esto es, la empresa argentina, se revierte (deja de ser controlada por sujeto argentino) y pasa a ser una subsidiaria de una sociedad extranjera (que puede ser controlada directamente por el sujeto argentino o ya no).

El hecho de que esa sociedad / empresa Argentina, deje de ser de titularidad directa de un contribuyente argentino, y pase a ser ahora una subsidiaria de una empresa ubicada en otra jurisdicción, no implica ni debería verse como una maniobra ilegítima, ni de evasión ni de un interés de fuga de divisas al exterior. Es un paso lógico en un proceso de expansión de una empresa que de otra manera no tendría competitividad contra otros actores internacionales.

Lo anterior tiene por fin denotar que en todos los grupos internacionales (sean de capitales nacionales o extranjeros), la estructura societaria guarda cierta semejanza.

La IGJ y las sociedades vehículos

Cuando una empresa del exterior quiere registrarse en el país ante la IGJ a los fines de participar en el capital social de una sociedad local o constituir una sucursal, debe acreditar ciertos requisitos (algunos recientemente restablecidos por la dirección de la IGJ), entre ellos que mantienen actividad y activos en el exterior al menos en igual proporción que los que tendrá en el país. El problema, es que muchas veces las sociedades holdings como las descriptas (que podrían acreditar activos suficientes en otras jurisdicciones) no invierten directamente en el país sino a través de otras sociedades “vehículos” (que no mantienen mayores activos que el invertido en el país).

En esos casos de sociedades “vehículos” la IGJ prevé la posibilidad de acreditar los requisitos exigidos declarando que son entidades controladas por otra sociedad extranjera que es precisamente la que puede acreditar los extremos requeridos por la normativa. La Resolución N. 8/21 vino a introducir modificaciones a este régimen previsto para las sociedades vehículos disponiendo, entre otras cuestiones que:

La condición de sociedad vehículo deberá ser declarada al momento de su inscripción en la Argentina y no se admitirá la condición de sociedad vehículo de modo sobreviniente: ello puede resultar un problema para los grupos económicos; una sociedad que mantenía inversiones en distintas jurisdicciones (incluida en argentina en donde se encontraba registrada sin inconveniente bajo el art. 123 de la LSC) pero que vendió o transfirió todos los activos del exterior quedándose solo con la entidad argentina, se encontraría en la situación de no poder acreditar que continúa cumpliendo con el requisito de mantener “activos en el exterior” iguales o superiores a los del país, y se verá imposibilitada de registrarse como vehículo de otra que lo controla porque esta previsión ahora le impediría efectuarla en una etapa posterior a la inicial.

No se admitirá la inscripción de más de una única sociedad vehículo por grupo y no se admitirá la inscripción de sociedades vehículo si su controlante directa o indirecta se encuentra inscripto en la República Argentina en términos del artículo 118 o 123 de la LSC: esta previsión también se presentaría como una dificultad para los grupos económicos, mas cuando existen distintas líneas de negocios con confluyen en una misma entidad holding.

Si los grupos económicos se creasen y expandiesen en un solo momento, probablemente utilicen un solo vehículo de inversión. Pero la realidad es que algunos negocios son adquiridos en momentos diferentes y las expansiones societarias se producen sobre estructuras existentes que muchas veces pueden no tener una “lógica” (usando los términos de la Resolución) o mejor dicho, se hubiesen estructurado de otras formas si esas condiciones se hubiese presentado desde un inicio. Consiguientemente, estos requisitos pueden conllevar complicaciones para los grupos internacionales.

No se admitirá la inscripción de sociedades vehículos resultantes de una cadena de control entre sucesivas sociedades unipersonales: con el mismo argumento anterior, los grupos económicos extranjeros que mantienen la propiedad a través de cadenas de sociedades deberían reevaluar su estructura y eventualmente reorganizarse (aún cuando desde el punto de vista del derecho extranjero no mantengan inconvenientes) para cumplimentar con esta norma de registro ante IGJ.

Los anteriores son algunos de los puntos que podrían conllevar dificultades para grupos económicos con presencia en el país. Algunos de estos puntos, entendemos deberían ser flexibilizados por la IGJ. Sin perjuicio de ello, estos grupos económicos deberán comenzar un análisis de la situación particular de cada uno de ellos.

Palabras finales

La Resolución plantea como principal argumento para introducir estas nuevas disposiciones “la utilización de las sociedades extranjeras en fraude a la ley”, por lo que “estima imprescindible desalentar y desbaratar, las que se concretan, fundamentalmente, a través de la desnaturalización de la registración prevista en el artículo 123, de la Ley Nº 19.550 y de su obvia finalidad de brindar seguridad jurídica a todos los ciudadanos de este país”

Si bien se comprenden los argumentos y propósito, también es cierto que grupos económicos ajenos a las maniobras advertidas por IGJ se verían afectados y eventualmente requerirían de modificaciones en sus estructuras societarias. Asimismo, gran parte de los argumentos versan en la necesidad de proteger a quienes contratan con sociedades cuyos accionistas son “vehículos” que separan la responsabilidad de las empresas que las controlan. Ese mensaje que se transmite al exterior en un momento en el que se requiere de inversiones extranjeras, pueden no ser bien recibidas y eventualmente perjudiciales considerando la época en la que transitamos.

* Contador Público, Mag. en Derecho Tributario (U. Austral), ex Sub-secretario de Ingresos Públicos de la Nación (2010 – 2015)

**Abog., Esp. en Derecho Tributario (U. Austral), LLM en Tributación Internacional (U. de Florida)

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