La AFIP estableció a mediados de octubre un Régimen de Información de Planificaciones Fiscales (IPF) que tiene como objetivo prioritario incrementar el nivel de conocimiento respecto de las operaciones y estructuras que utilizan las empresas para minimizar su carga tributaria. Se trata de una herramienta destinada a facilitar la evaluación de los riesgos asociados a dichas estructuras y el fortalecimiento de los sistemas de fiscalización tributaria.

Para lograr esos objetivos, la norma contempla que los contribuyentes y sus "asesores fiscales" informen de manera anticipada todo acuerdo, esquema, plan y cualquier otra acción de la que resulte una ventaja fiscal o cualquier otro tipo de beneficio en la Argentina y/o en el exterior.

La Resolución General 4838 de la AFIP viene a receptar los estándares internacionales más avanzados diseñados por la OCDE y el G-20 desde 2013, que buscan evitar la erosio n de las bases imponibles y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones. La medida está en consonancia con los sistemas implementados por Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Canadá, Sudáfrica, México y Chile, entre otros países.

En tal sentido, se destaca la gran importancia de contar con herramientas modernas que permitan mejorar la efectividad en materia de recaudación tributaria, fortaleciendo las finanzas públicas para el beneficio de toda la sociedad.

Asimismo, puede observarse fácilmente que la norma bajo análisis se constituye en una muy interesante herramienta que fomenta la transparencia allí donde en general prima la opacidad: el universo de las guaridas fiscales, las empresas offshore, las sociedades interpuestas y la triangulación de operaciones.

Impacto en materia de Prevención de Lavado de Activos

En los últimos años, las unidades de inteligencia financiera del mundo, organismos nacionales encargados de la prevención y persecución de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se involucraron en forma creciente en el combate a la evasión fiscal en general y al fraude fiscal internacional en particular. Ello atento a que la evasión y el fraude fiscal generan enormes sumas de dinero que circulan en la economía sin justificación y amenazan fuertemente a los esquemas nacionales antilavado. Ya en el año 2012 el GAFI incluyó entre sus recomendaciones que las legislaciones nacionales deben considerar a la evasión como delito precedente del lavado de activos, situación que se encuentra contemplada en el régimen jurídico argentino. De esta manera, el sistema nacional contra el lavado de activos suma sus fuerzas al combate a la evasión y el fraude fiscal internacional.

La Resolución General 4838 establece un régimen informativo que fomenta la transparencia, obligando a los contribuyentes y sus asesores a informar a la AFIP sus planificaciones fiscales. Viene además a complementar otras flamantes reglamentaciones que tienden a nutrir a la AFIP tributaria de mayor información a la hora de controlar los entramados societarios, como por ejemplo la RG 4697/2020, que incorpora un Régimen de Información para la identificación de los Beneficiarios Finales de las Empresas.

No cabe ninguna duda que el fortalecimiento de las capacidades de la Administración Tributaria para monitorear los entramados societarios, la utilización de jurisdicciones de baja o nula tributación -que en general son a su vez proclives a proteger con fuertes normas de secreto a quienes allí operan- y la identificación de los Beneficiarios Finales, redundará a su vez en una mejora en la efectividad de los esquemas de prevención de lavado de activos. Ello así, atento a los efectos disuasivos de las citadas reglamentaciones en cuanto a un uso abusivo de esquemas societarios pasibles de ser utilizados tanto para evadir como para lavar dinero.

Por otra parte, resulta interesante detenerse en el rol asignado en la Resolución General 4838 a los "asesores fiscales", a los que define como aquellas personas humanas, jurídicas y demás entidades que, en el curso ordinario de su actividad, ayuden, asistan, aconsejen, asesoren, opinen o realicen cualquier actividad relacionada con la implementación de las planificaciones fiscales.

Tal incorporación, va en línea con los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo emitidos por el GAFI, que establecen los deberes de ciertos profesionales, tales como escribanos, contadores, abogados, proveedores de servicios societarios y de fideicomisos, de recabar información de sus clientes cuando se disponen a realizar transacciones económicas, y eventualmente, detectar operaciones inusuales y sospechosas y reportarlas.

En tal sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación -al convalidar la obligación de informar que recae sobre los notarios-, afirmando que ocupan un rol preponderante en el sistema de preventivo al superar las asimetrías informativas entre el Estado y los operadores financieros. Asimismo sostuvo que sus conocimientos técnicos y experiencia profesional los ubica en una posición de privilegio frente al resto de la comunidad a la hora de indagar cuando una transacción tiene indicios de vinculación con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

En función de lo señalado, la nueva reglamentación resultará una herramienta eficaz para incrementar la transparencia en los sistemas de planificación fiscal, reforzando además las capacidades de prevención administrativa del Sistema Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

*Director de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la AFIP.