En 2020, en medio de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández se la pasó renegociando la deuda externa. Desde diciembre de 2019 hasta agosto de 2020, en el pacto con los grandes acreedores internacionales privados. Luego se enfrascó en la negociación con el FMI, en la que todavía está metido. En ambos casos, lo mejor que puede lograr es patear los vencimientos más importantes un par de años para adelante, claro que a costa de más ajuste y sometimiento a monitoreos constantes del Fondo.

Sólo para “avanzar” en las negociaciones, hasta ahora, el gobierno ya ajustó a los jubilados (con la eliminación de la fórmula previsional a fines de 2019 y su reemplazo por otra que no toma en cuenta la inflación). Y aprobó un presupuesto 2021 donde se eliminan todas las partidas de ayuda social para la pandemia que se habían dado en 2020. Así se tiene que interpretar la afirmación del presidente Alberto Fernández de que “no hace falta otro IFE”. No es que no hace falta, sino que la señal de ajuste con el Fondo es que no debe haber.

 

Lo que se pagó en 2020

 

Mientras se daban todas estas idas y vueltas, el gobierno siguió pagando los vencimientos de deuda que aparecían. Sumaron, en todo el año pasado, 6.000 millones de dólares.

Detengámonos a compararlo con el gasto social asignado por la pandemia en 2020.

Se pagaron tres cuotas del IFE de 10.000 pesos cada una a 9 millones de personas. El monto total fue de 270.000 millones de pesos (1.800 millones de dólares).

Por la tarjeta Alimentar, que reciben los titulares de la Asignación Universal por Hijo, se gastaron144.000 millones de pesos (960 millones de dólares).

Se destinaron además 15.000 millones de pesos a comedores escolares (100 millones de dólares).

Los planes sociales, que fueron agrupados bajo el programa Potenciar Trabajo, sumaron 83.430 millones de pesos (556 millones de dólares).

Por las becas Progresar (destinadas a estudiantes primarios, secundarios y universitarios) se gastaron 10.000 millones de pesos (67 millones de dólares).

A todo esto, podemos sumarle los 236.377 millones de pesos (1.575 millones de dólares) gastados en ATP, por medio de los cuales el gobierno pagó hasta el 50% del sueldo de 2,5 millones de trabajadores privados (aunque este ítem debemos tomarlo con pinzas, porque en la práctica terminó siendo más un subsidio a las empresas, que así “se ahorraron” pagar salarios que una real ayuda para los trabajadores).

Todos los rubros antes citados, suman 5.058 millones de dólares. Por contrapartida, como vimos, en pago de vencimientos de deuda, en 2020 se pagaron 6.000 millones de dólares, casi 1.000 millones más. Si sólo en 2020 se hubieran suspendido esos pagos se podría haber más que duplicado la ayuda social a la pandemia.

                      

¿Cuál es la salida?

 

Entramos en 2021 y ya se empezaron a pagar nuevos vencimientos (en febrero se abonaroncash más de 300 millones). Y, como dijimos, en el propio presupuesto de este año, se plantea un fuerte ajuste, que se ofrece como prenda de negociación al FMI.

El gobierno del Frente de Todos acusa del endeudamiento al macrismo, dice que “no se puede pagar al FMI”, pero mientras tanto sigue abonando vencimientos, cerró el acuerdo con los bonistas privados y avanza en las negociaciones con el Fondo.

Estamos en medio de la segunda ola de la pandemia. Y de una crisis brutal, con un crecimiento astronómico de desocupados y pobres. El ejemplo de lo que se podía haber hecho en 2020 es clarísimo. Ahora la crisis se avizora como más grave aún: la única salida es dejar ya mismo de pagar la deuda externa, romper con el FMI y poner todos esos recursos al servicio de atender las más urgentes necesidades populares.

 

Economista. Dirigente de Izquierda Socialista