Luciano Fusaro *

Hace mucho tiempo se debate en Argentina la cuestión de los subsidios para el transporte de pasajeros. ¿Son justos? ¿Deben profundizarse, eliminarse o restructurarse? Se trata de una discusión necesaria pero que está lejos de saldarse. Como aporte, es importante destacar que tanto las empresas como los trabajadores y las autoridades coincidimos en que existe una creciente necesidad de orientar el subsidio a quienes realmente lo necesitan y darles a los operadores una tarifa correcta y bien calculada. Para dimensionar el problema bastan algunos datos: en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que concentra el 48% del PBI nacional, circulan 18.500 unidades, unas 4.000 más que en el resto del país en su conjunto. Allí, según el Índice Bondi de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), el costo real del transporte es actualmente de $273 por pasajero, cuando un usuario sin subsidios paga $25 en promedio. Es decir, se está pagando solo el 10% del valor real del boleto. Mientras que la inflación se ubicó en 2022 cerca del 100%, las tarifas subieron solo un 40% durante todo el año.

Lejos está el sector empresario del transporte automotor en el AMBA de ser "beneficiado" por esta situación. Más bien lo contrario, ya que el ingreso real de los operadores se deterioró un 27% desde 2001. Esa información se consolida en una base de cálculo (estructura de costos e ingresos medios del sector de transporte automotor de pasajeros del AMBA) que multiplica luego la cantidad de kilómetros por consumo especifico por precio de cada insumo. Como esta base de cálculo se actualiza dos veces por año, y con demora, la realidad indica que, a enero de 2023, los operadores perciben subsidios con un cálculo que se hizo tomando "índices de precios" de agosto y de septiembre de 2022. Estos "índices", además de atrasados, no capturan los precios reales de los insumos críticos para transportar pasajeros de manera segura.

El sector empresario no tiene la capacidad, como la mayoría de las actividades privadas, de fijar un precio por su actividad: la tarifa de transporte en el AMBA estuvo congelada entre marzo 2019 y agosto 2022. En ese período, los precios se multiplicaron 3,3 veces y los subsidios se actualizan con varios meses de demora utilizando precios que se demuestran irreales al compararlos con la cotización de los proveedores. Por el contrario, el único ajuste de tarifa que se registró en 2022 fue de un 40%, con una inflación anual de 95%. Cada vez que se ajusta la tarifa, el Estado descuenta ese aumento de los subsidios, que cada vez están peor calculados por lo antedicho. Y, a su vez, la recaudación es solo el 10% del ingreso, con lo cual, en los hechos y por esta razón, los ajustes tarifarios tienen nulo impacto sobre la economía de los operadores. Mientras tanto, el Estado actualiza los subsidios siguiendo un mecanismo burocrático y lento haciendo cálculos con precios de insumos varios meses atrasados por efecto de la inflación.

Hoy tenemos los datos y las herramientas para evaluar la cantidad de pasajeros transportados, los kilómetros recorridos y los consumos de cada insumo para determinar el costo exacto de sostener este sistema. Pero lo cierto es que el sector empresario no eligió el actual régimen de subsidios. Sin ellos, el sector prosperó durante décadas y creció asumiendo las inversiones necesarias para mover a más del 80% de los usuarios del sistema público de transporte de uno de los veinte conglomerados urbanos más grandes del mundo, con un grado de penetración muy por encima de los trenes y de los subtes.

Se requieren inversiones acordes a la magnitud de este sistema, por lo que politizar esta cuestión sin considerar la realidad económica y objetiva de los recursos necesarios para movilizar 10 millones de pasajeros diarios pone en riesgo la seguridad y la continuidad del servicio.

*  vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) y gerente de relaciones institucionales de Grupo Metropol