A sesenta días del inicio de la actual gestión, los funcionarios del gobierno vierten distintas opiniones acerca de lo que vendrá sobre las tarifas del gas. Pareciera ser que el día 181, una jornada después de que culmine el descongelamiento, habrá una actualización de las tarifas.

Lo que empezó a circular en las declaraciones de los funcionarios es el concepto de "descongelamiento solidario", que sería algo así como que los aumentos no superen la inflación, que engloben y comprometan inversiones y que le dé respiro a los signos de recuperación de los salarios en general.

Sin embargo, las palabras del presidente Alberto Fernández de que no está en carpeta los aumentos de tarifas, sirven para que los funcionarios no muestren cartas de una discusión que será en duros términos con aquellos que fueron beneficiarios de aumentos siderales.

Las tarifas

La decisión que aflora en el Gobierno nacional es realizar una revisión integral de las tarifas y otorgar aumentos lógicos, en función de servicio e inversión, estudiando en detalle qué paso con los incrementos que se dieron en la gestión macrista. Tampoco quieren un congelamiento eterno que provoque otras distorsiones, como sucedió en el pasado pues las inversiones que debían hacer las concesionarias las terminó haciendo el Estado.

Esta idea fue esbozada en la reunión que mantuvieron el ministro Matías Kulfas; el secretario de Energía, Sergio Lanziani y el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, junto a los directivos de las distribuidoras de gas y productoras. El tan mentado "descongelamiento solidario", podría ser entonces:

  • Aplicar una fórmula de tarifas diferenciales, según el poder adquisitivo o la zona, algo que ya se hizo en el pasado.
  • Aumentos que estén por debajo de la inflación, y a sabiendas de antemano que los incrementos que recibieron las distribuidoras durante los cuatro años del macrismo fueron onerosos.
  • Buscar la manera, a criterio del Gobierno, de que el vector de precios energéticos baje en términos relativos respecto del salario de la gente y de las cuentas fiscales. Ergo, otorgar aumentos moderados que no desequilibren la macro economía.

En esta lógica es donde se entiende todo lo que se habló sobre la desdolarización de la tarifa en tiempos eleccionarios.

La bomba de tiempo

El verdadero nudo de la cuestión es el precio en dólar del gas en boca de pozo, valor que siempre estuvo dolarizado pero que sufrió altos aumentos tras las continuas devaluaciones en la gestión Macri. En cuatro años se pasó de un dólar de $10 a otro de $63. Y esas variaciones, sí o sí, provocaron alteraciones en los precios pesificados del transporte (gasoductos) y distribución (redes de gas domiciliaria e industrial).

La administración Fernández todavía no habló sobre la actualización del precio del gas que reclaman las petroleras. El tema es así: en abril de 2019 se pactó vender a u$s 4,55 dólares el millón de BTU a las distribuidoras para que lo inyecten en las redes de gas. La paridad en ese entonces era de $41 pesos. Este valor se había pactado hasta octubre pasado, sin embargo "pasaron cosas". El dólar en agosto escaló a $63 y en octubre, el anterior secretario de Energía postergó esa revisión del contrato hasta febrero. Y el silencio continúa.

Ese diferencial, producto de la devaluación es lo que está en juego. Una cifra millonaria. ¿Cómo se resolvió con las devaluaciones en tiempos del macrismo? En noviembre pasado, por ejemplo, se dio un subsidio de $24.500 millones para que las distribuidoras abonen a las petroleras ese diferencial de precio del gas en boca de pozo, correspondiente al periodo que fue de abril de 2018 a marzo de 2019.

La cuestión es cómo hará el Gobierno nacional si desea poner en el bolsillo de las petroleras un monto similar o superior a ese. Las distribuidoras se aferran a la idea de que esa diferencia no saldrá de sus bolsillos.

Conclusiones

Para entender por dónde vendrá la actualización de los cuadros tarifarios se podría mirar lo que se hizo en otros rubros. Por ejemplo, días pasados el secretario de Energía Lanziani resolvió la pesificación de las remuneraciones que perciben las generadoras eléctricas en las centrales que producen con máquinas o potencias "viejas", y que cubren el 60% de la demanda nacional. Los ganadores en el Gobierno anterior, Central Puerto o Pampa Energía, por ejemplo, dejarían de percibir unos USD 350 millones. O lo que dijo el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, al afirmar que el aumento de la tarifas del servicio de pasajeros será "muy razonable, en función de los ingresos que tenga la gente en paritarias", y estimó que ese incremento "en mayo no debería superar más del 10 por ciento".

A todo esto habrá que ver cómo actuarán las autoridades del Enargas, que todavía no fueron puestas en funciones y qué papel jugarán a la hora de discutir las tarifas tanto del gas como de la electricidad.

En síntesis, cuidar el bolsillo de la gente de a pie, no empujar hacia arriba la inflación, contener el dólar (para que no altere los precios pesificados), y mantener las inversiones. Un combo donde algunos sentirán alivio y otros se ajustarán a las nuevas circunstancias.

*Editor y director de la revista Expansión y del portal americaglp.com