Entre las ayudas económicas que anunció el Gobierno a finales de agosto se encuentra un bono para las trabajadoras de casas particulares a pagarse en septiembre y en octubre. El monto de esta asignación será de $25.000 para aquellas personas que se desempeñan a tiempo completo y si la labor es a tiempo parcial se cobrará una proporción según las horas trabajadas.

Es un anuncio que genera cierto alivio en un contexto altamente inflacionario y también es una manera de poner en debate los derechos de estas trabajadoras que históricamente han sido de las más desprotegidas.

En nuestro país se consideran trabajadoras de casas particulares a aquellas personas que prestan servicios de limpieza, mantenimiento u otros integrantes del hogar. También abarca la asistencia personal para miembros de la familia y el cuidado no terapéutico de las personas enfermas. Estas tareas se rigen por la ley 26.844, ya que esta actividad se encuentra enmarcada en un régimen especial.

A nivel global (y Argentina no es una excepción) en esta actividad predominan las mujeres, ya que según la OIT una de cada doce trabajadoras está empleada en el servicio doméstico y las mujeres representan el 76,2% (alrededor de 57,6 millones) de las trabajadoras y trabajadores de casas particulares.

Es por eso que la OIT, mediante el Convenio 189, reconoce el valor económico y social del trabajo doméstico y señala que el personal (al igual que todas las personas que trabajan) tiene derecho a un trabajo digno, con condiciones decentes que deben ser puestas en práctica a través tanto de la legislación como de los hechos. No obstante, es un sector que en la práctica presenta déficits en términos de ingresos y de calidad del empleo. Esto se debe a que aún se considera un trabajo poco calificado y como una prolongación de las labores no remuneradas en el ámbito doméstico que llevan a cabo generalmente madres, tías, abuelas y hasta hermanas mayores.

Sectores feminizados

La feminización del sector en Argentina es mucho mayor que a nivel global, ya que se encuentra en valores cercanos al 95%, unos 25 puntos porcentuales por encima de la enseñanza, que es el segundo sector más feminizado de la economía. Otros datos a tener en cuenta son que un 45% está compuesto por jefas de hogar y en el 54% de sus hogares se registra una demanda de cuidado de menores de 15 años. A nivel regional, el mayor índice de informalidad se encuentra en el NEA (86%).

La particularidad que tiene este sector son su alta informalidad, llegando a niveles superiores al 78%; es decir, casi ocho de cada diez trabajadoras domésticas no tienen acceso a la seguridad social. La registración de estas personas es una condición necesaria para obtener condiciones de trabajo decente y una correcta actualización de sus salarios en un contexto como el actual.

A nivel global, las trabajadoras de casas particulares ganan el 54,6% del salario mensual promedio de los demás trabajadores, una de cada cinco cuenta con algún tipo de protección social y solamente el 6% tiene acceso a una cobertura social completa.

Asimismo, este sector fue muy vulnerable ante la contracción del empleo que se dio durante la pandemia, registrando una reducción del 20,2% a nivel nacional. Asimismo, entre las personas que recuperaron su empleo, muchas vieron reducida sus horas de trabajo y eso se vio afectado en su salario. Es por esto que se puso en marcha el programa Registradas con el fin de reducir los niveles de informalidad del sector y garantizar los niveles de permanencia.

Además, resulta atractivo el programa que conlleva que todas las trabajadoras adheridas sean bancarizadas a través de la apertura de una cuenta sueldo en el Banco Nación, lo que es un gran paso hacia la inclusión financiera de las mujeres. Cabe destacar que solo el 51% de las mujeres en América latina tiene una cuenta bancaria y el 20% dispone de acceso al crédito.

En nuestro país, según el BCRA, el 40% de los varones tiene acceso a créditos en entidades financieras, mientras que las mujeres solo representan el 34%. Por otro lado, segun la CEPAL, los hogares más propensos a endeudarse son aquellos sobre los que recaen mayores tareas de cuidado y muchas veces recaen en canales alternativos más usureros. Es por eso que uno de los objetivos del programa es promover la bancarización y la inclusión financiera de mujeres y disidencias.

Si bien aun queda un camino por recorrer hacia un empleo pleno de derechos para las trabajadoras de casas particulares es importante rescatar lo que se ha logrado, ya que una mujer con un empleo registrado y una correcta inclusión financiera es mucho menos vulnerable ante ciertos tipos de violencia, en especial la económica.