De los 106.000 efectivos que se movilizarán para garantizar la seguridad de las elecciones, Gendarmería aportará solo 8.200 y ninguno tendrá a cargo una provincia entera. Durante las horas de conmoción que se vivieron en la Casa Rosada tras el hallazgo de un cadáver en el río Chubut a metros de donde desapareció Santiago Maldonado y con su DNI en un bolsillo, el dato le sirvió al ex lilito Adrián Pérez para tranquilizar a Marcos Peña y a Mauricio Macri. La custodia de las urnas tendrá como jefe único al general de división Carlos Pérez Aquino, del Ejército, y el grueso de los uniformados que se verán en las escuelas de Chubut serán marinos de la base Almirante Zar, de Trelew. El jefe de Gendarmería, Gerardo Otero, no tiene tarea alguna en el Comando General Electoral.

Desde que Patricia Bullrich recibió la orden de apartarse de la faz pública del caso Maldonado, más de un mes atrás, la interna entre las distintas fuerzas armadas y de seguridad se tensó como no ocurría desde los levantamientos carapintadas de los 90. La situación es tan novedosa para toda la generación sub- 50 que dos empresarios influyentes de esa edad pidieron esta semana de apuro a sus asesores políticos los nombres y los teléfonos de quienes ocupan las jerarquías de esas fuerzas, a quienes sus padres conocían perfectamente dé- cadas atrás. El propio Otero contrató a un especialista en medios para tender puentes con la prensa en discreto off the record.

Pérez, secretario de Asuntos Institucionales del Ministerio del Interior y máxima autoridad política a cargo de los comicios, garantizó al Presidente su seguridad y acusó al entorno de Cristina Kirchner de agitar versiones de posibles incidentes con Gendarmería para enturbiar un eventual triunfo oficialista en la provincia de Buenos Aires. “Jamás barajamos ningún cambio en el calendario electoral y mal podríamos haberlo hecho porque la fecha fue fijada por ley y el Ejecutivo no puede dictar decretos en esa materia. El único que puede suspender las elecciones es el Congreso”, enfatizó ante BAE Negocios una fuente gubernamental.

La detención de la mano derecha del exministro Julio De Vido, Roberto Baratta, ordenada sorpresivamente por el juez Claudio Bonadio en la causa que investiga la compra de gas licuado de petróleo, apuntaló la intención oficial de correr el foco informativo de la autopsia de Maldonado que iniciarán esta mañana los peritos de la Corte Suprema. Pero la desconfianza entre la Casa Rosada y Gendarmería es tal que nadie en el Edificio Centinela respondía ayer por teléfono más que monosílabos sobre el joven desaparecido ni sobre el operativo del domingo.

Aceitosos
La aparición del cuerpo en Cushamen y los primeros resultados que arroje la autopsia pueden no ser la última sorpresa desagradable para la Rosada antes de que se abran las mesas de votación. Aunque no figure tan alto entre las preocupaciones de la sociedad, el bloqueo estadounidense a las exportaciones de biodiesel argentino puede ser otra de las noticias de alto impacto que hoy sacudan una veda tensa. Si bien el Gobierno evitó informarlo tras la conversación que mantuvieron anteayer Macri y Donald Trump, el sitio especializado McClatchy publicó ayer que el Departamento de Comercio fijará hoy mismo nuevos aranceles antidumping para frenar el ingreso del producto argentino a Estados Unidos, a cuyo mercado se fletaron en 2016 un millón y medio de toneladas por unos 1.200 millones de dólares. Se trataría de aranceles antidumping que se sumarían a las tasas compensatorias del 57% promedio fijadas semanas atrás, después del paso por Buenos Aires del vice norteamericano Mike Pence.

Las complicaciones para uno de los mayores rubros de exportación del país (los envíos criollos llegaron a cubrir el 20% de la demanda estadounidense) hicieron fruncir ayer algunos ceños en la City, donde se descuenta desde hace semanas una buena performance de Cambiemos el domingo. De todos modos, tal como se detalló en esta columna dos semanas atrás, los grandes fondos de Wall Street siguen tentados con los rendimientos que ofrece Argentina. El entusiasmo inversor ya no se agota en los bonos de la deuda, cuyos intereses solo empalidecen frente a los que paga Venezuela, sino que se extiende a las acciones. Lo saben los operadores de Allaria, Raymond James y TPCG, que cursaron órdenes de compra a cuenta de esos fondos casi sin mirar los precios a los que compraban. “Está entrando muchísima guita de afuera. Y eso que un triunfo ajustado ya está priceado (descontado en los precios) y lo único que puede disparar una suba mayor es que aplasten a Cristina”, cuchicheó un operador.

Reformatorio
Aunque durante esta semana buscaron bajar el tono a los cambios en el gabinete que habían barajado inicialmente para después del domingo, y que llegó a reclamar en privado María Eugenia Vidal para mostrar “un ajuste del gasto político” antes de la reforma fiscal prevista para 2018, los estrategas de la Rosada no los descartan. Un puñado de secretarios de Estado y al menos dos ministros (uno del área económica y otro no) aguardan la semana próxima con expectativa e intentaron sin éxito sondear a los dos vicejefes de gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, para obtener alguna pista sobre su futuro inmediato.

La suerte de Patricia Bullrich depende exclusivamente de lo que arroje la autopsia, sobre la cual se desatará una guerra informativa sin cuartel en las horas previas a las elecciones, y de cómo evolucione la interna entre las fuerzas de seguridad. La ministra de Seguridad sufre una sangría de poder impensable dos meses atrás, incluso después de la desaparición de Maldonado. El viernes pasado, por caso, intentó evitar que el diputado Daniel Lipovetzky viajara a Esquel con el resto de la comisión de Derechos Humanos a entrevistarse con el juez Gustavo Lleral. “Lipo” viajó igual y por eso Germán Garavano pudo enterarse antes de que el juez haría el rastrillaje que terminó en hallazgo. Fue otro gol en contra en la interna para la Piba, responsable además de haber rescatado a Otero del retiro al que lo había mandado el gobierno anterior.

Antes que la fiscal, igualmente, pisará el acelerador la reforma laboral. Será en cuotas y gremio por gremio, tal como confirmó en el coloquio de IDEA el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, uno de los inamovibles del gabinete. El “modelo Vaca Muerta” le garantiza al Gobierno dos cosas: por un lado, evitar pactos con la oposición para hacer pasar la reforma por un Congreso donde no contará con mayoría propia ni aunque arrase el domingo; por otro, usar a su favor el terror de los sindicalistas a caer presos como el “Caballo” Suárez y el “Pata” Medina.

Todos tienen causas judiciales por las que temer. Incluso Luis Barrionuevo y Hugo Moyano, aliados inciales de Macri en la CGT -junto al extinto Gerónimo Venegas- que ahora impostan gestos de rebeldía en público sin quebrar los puentes de diálogo privados. Triaca suele comentar que la edad promedio de los secretarios generales es notablemente más alta que cuando asumió Néstor Kirchner, lo cual ilustra la escasa o nula renovación que tuvo el elenco dirigencial durante el kirchnerismo. Con honrosas pero contadas excepciones, el patrimonio de quienes se sientan en el Consejo Directivo cegetista se multiplicó varias veces en dólares durante los últimos años. Demasiado que perder como para plantarle bandera a una flexibilización que el empresariado da por hecha y por la que votará entusiasmado el domingo.