La decisión del Gobierno de intervenir y expropiar el grupo Vicentin es estratégica. Permitirá al Estado participar en un sector también estratégico: el agroexportador. Con ella se garantizó un aspecto fundamental que debía primar en cualquier intervención sobre la empresa: resguardar las fuentes de trabajo y a los más de 2.500 pequeños productores de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, e incluso del NEA, el NOA y Mendoza, que venden su producción a Vicentin. A lo que se suma la participación del Estado en la provisión de alimentos en un momento de crisis, signado por la pandemia.

En medio del sismo del coronavirus, el presidente francés Emmanuel Macrón había afirmado que “hay bienes preciosos” que no pueden quedar librados a la lógica del mercado. ¿Acaso los alimentos no forman parte del universo de bienes preciosos y fundamentales que deben estar garantizados para todos los hombres y mujeres? Con esta decisión, la soberanía alimentaria que algunos calificaron como “idea abstracta”, podría empezar a convertirse en una realidad efectiva de la mano del Estado nacional.

Es cierto que, en la declaración de utilidad pública en el proyecto de expropiación, subyace el reconocimiento de que el mercado, por sí solo, no garantiza los derechos del pueblo y que el Estado tiene un rol indelegable que jugar allí. Esto, probablemente, constituya la cuestión de fondo en medio de los ríos de tinta que se escribirán en torno de la estratégica decisión del gobierno argentino.

También es cierto que Vicentin no es cualquier grupo. Por una parte, por su envergadura dentro del mercado, y uno de los (pocos) ganadores del modelo impulsado por Cambiemos. Entre 2015 y 2019, escaló del puesto 19 al 6 entre las empresas argentinas de mayor facturación del país, y pasó de posicionarse como la cuarta agroexportadora a la primera. Por otra parte, tampoco es cualquier empresa, porque, a pesar de que del sendero de expansión previo, se encuentra en medio de un proceso de quiebra.

Como se sabe, Vicentin es el principal deudor de la banca pública nacional por un préstamo de $18.000 millones, con el que la anterior administración violó la normativa bancaria, sobreexponiendo crediticiamente a la entidad. En agosto de 2019 la empresa dejó de pagar sus deudas con el Banco.

A principios de diciembre 2019, el grupo entró en default con todos sus acreedores. De la deuda del grupo, la mayor parte es con los bancos: unos U$S 300 millones tomados en el exterior, donde los principales acreedores son la IFC, brazo financiero del FMI, y el Banco de Fomento Europeo, capitalizado por los Estados de la Unión Europea; y más de $ 23.000 millones en préstamos con bancos argentinos, de los cuales casi el 80% es con el Banco Nación.

La sombra de una maniobra fraudulenta que involucra a la empresa y a la gestión de Javier González Fraga, deberá ser investigada en los ámbitos pertinentes. Un particular ya inició una demanda penal, basada en el informe de uno de los miembros del actual directorio del Nación, Claudio Lozano.

Por otro lado, la empresa fue denunciada por una firma local, a la que dejó de pagarle unos U$S 2 millones. Vicentin históricamente operó con un sistema que le permite recibir el grano, procesarlo, venderlo, exportarlo, incluso cobrarlo, y recién luego pagarlo. Sin embargo, en la denuncia se cuestiona que la cerealera definió la cesación de pagos semanas previas a declararla y, sin embargo, continuó tomando mercadería a sabiendas de que no iba a poder pagar. 

Triangular, fugar y evadir 

El grupo está sospechado también por operaciones entre empresas vinculadas en el exterior, con el objetivo de triangular, fugar divisas y evadir al fisco. En efecto, la Aduana de San Lorenzo lo intimó por el delito de subdeclaración de exportaciones. También está siendo investigada por acreedores extranjeros que sospechan una maniobra de evasión y lavado de activos vía paraísos fiscales. Vicentin SAIC, el principal deudor de ese grupo de acreedores, es una sociedad dentro de un grupo que integran Molinos Agro SA, VFG Inversiones y Actividades Especiales SA, Molinos Overseas Commodities SA, Vicentin SA Sucursal Uruguay, Vicentin Paraguay SA y Renova SA.

En el caso de Renova SA, los accionistas son Vicentin Paraguay SA y Oleaginosa Moreno Hermanos SA, siendo esta última propiedad de Glencore Grain Hamilton Ltd. Utilizando este complejo entramado, las deudas eran tomadas por Vicentin SAIC, pero las grandes operaciones de exportación se hacían a través de vinculadas como Renova SA y Vicentin Paraguay SA. Vicentin Paraguay maneja el 15% de la exportación total sojera de Paraguay. Sin embargo, en ese país, las sojeras no pagan impuestos sobre exportaciones ni retenciones, ni siquiera el IVA de los productos exportados.

Argentina es el principal comprador de soja paraguaya, el 65% de esa producción llega en forma de granos a molinos y procesadoras que los reconvierten para exportarlos. Vicentín Paraguay encabeza a los sojeros paraguayos que exportan a la Argentina, pero no tiene en ese país activos, ni fábricas, ni casi oficinas. Los acreedores extranjeros sospechan que los dividendos de Renova SA. y de otras sociedades fueron remitidos al exterior, mientras se simularon operaciones de Vicentin Paraguay, haciendo pasar soja argentina como paraguaya para no pagar impuestos. Renova SA es un enorme complejo que tiene, en Santa Fe, la planta procesadora de mayor capacidad de la Argentina y una de las más grandes del mundo: puede procesar 30.000 toneladas diarias. A los ojos de los acreedores extranjeros, es llamativo que sólo Vicentin SAIC tuviera problemas financieros, y que esa situación no repercutiera en el conglomerado.

Tres días antes de entrar en default, Vicentín vendió a Glencore parte de las acciones que tenía en Renova, por medio de una transferencia a una firma afiliada de Glencore Agriculture, con lo que ésta pasó a ser accionista mayoritaria de Renova.

Glencore, por su parte, ya tiene una causa penal por lavado de dinero en Argentina, por el megaproyecto minero Bajo la Alumbrera. La mina es operada desde 1997 por Xtrata, quien trajo a Glencore al país. En 2013 Glencore se fusionó con Xtrata (son dos de las mayores corporaciones globales especializadas en recursos naturales), conformando el mayor trader global. En 2018 la empresa facturó U$S 219 mil millones y tiene una flota propia más grande que la Armada Británica. La firma fundada por Marc Rich en 1974, inició sus mayores negocios con el régimen del apartheid en Sudáfrica, en Irán y con la dictadura de Pinochet en Chile, entre otros. En 1983 Rich fue acusado en los Estados Unidos por evasión de impuestos, fraude, comercio con el enemigo, desfalco y negocios ilegales. Mientras se mantuvo prófugo durante casi dos décadas, como parte de la lista de los diez más buscados por el FBI, se afincó en Suiza, desde donde comanda la mayor empresa del país y número 16 en el ranking mundial de Forbes 500. En 2001, en su último día en la Casa Blanca, Bill Clinton firmó el indulto de Rich.

Más adelante, Panama Papers, Paradise Papers y los correos electrónicos de Hillary Clinton expusieron nuevamente a la firma, por delitos de evasión y extorsiones, y el uso de milicias en sus minas en África y América Latina. En diciembre del año pasado el gobierno de Gran Bretaña le abrió una investigación por graves delitos impositivos. El año anterior Glencore había sido citada a declarar en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por violaciones a la ley de actos de corrupción en el extranjero por sus operaciones en Nigeria, Venezuela y la República Democrática del Congo, en este último caso, agravado por la muerte de trabajadores en una mina, en la que además trabajaban niños. 

Para el fiscal argentino que formuló la acusación contra Glencore por desviar ganancias a paraísos fiscales “el montaje de una red de sociedades offshore tiene como fin último obtener utilidades dificultando el establecimiento de una línea de responsabilidad civil o penal entre la afiliada y la casa matriz”. Según Paradise Papers, Glencore tiene una estructura corporativa controlada de manera indirecta a través de más de 15 holdings en paraísos fiscales.

Antes del anuncio del presidente, en el mercado doméstico algunos se entusiasmaban con el interés de Glencore para quedarse con la mayor cerealera del país. Que sea el Estado argentino, y no estos gigantes globales que, amparados en entramados offshore, amasan sus fortunas en base a negocios fraudulentos y delitos contra las naciones donde operan, es, probablemente, la parte menos comentada de la decisión estratégica que adoptó el gobierno nacional, pero también, sin dudas, otra firme razón para que los argentinos y las argentinas la celebremos.

*Diputada nacional y economista