Antes de entrar en el análisis del debate “digital” que se generó sobre la técnica legislativa utilizada para dejar atrás la intervención y ocupación temporaria de Vicentín, quiero señalar que en el período que fue entre el 9 de junio y el 31 de julio de este año aparecen, según indica la numeración, dictados unos 114 Decretos de Necesidad y Ausencia. Un número más, en nuestra marea diaria de estadísticas.

La limitación constitucional de los DNU, y su exigencia de conformación en acuerdo por el pleno del Gabinete, es una herramienta que le permite al Presidente unificar criterios de su coalición de gobierno y acallar las voces sobre la desinteligencias en el seno del equipo de gobierno. Formalmente hablando, está cumplido ese requisito constitucional. A pesar de las declaraciones de algún ministro distraído.

Ahora vamos al debate Twitero de la semana. Primero separemos y dejemos de lado algunas acepciones que aparecen en casos como los que se generan después de dos decretos como los que estamos revisando. Así, anular, declarar la nulidad, dejar sin efecto, revocar o recurrir a una acción de lesividad remiten directamente al derecho administrativo. Son todas institutos que pueden mantener algún marco de superviviencia del acto en cuestión, muy sujetos a la revisión judicial, y que hubiesen abierto otro frente de conflicto sobre la cuestión que el Presidente decidió cerrar, al menos, en este capítulo.

Por las dudas, dejo aquí sentado, que estas referencias a la técnica utilizada y al cambio de opiniones que la siguió en nada soslayan la trascendencia de la continuidad y desenlace de las  acciones judiciales penales, civiles y comerciales que están en proceso con referencia al giro empresario de la cerealera.

El DNU sobre Vicentin

Solo en lo atinente al esquema utilizado por el DNU 636/2020 que impone derogar el DNU 522/2020, corresponde señalar que, en el marco de la juridicidad ( aquel en el que rigen en un juego armónico todo las normas, actos y contratos respetando sus jerarquías y eventuales controles judiciales), parece lo más atinado que el “vehículo” derogatorio sea de mayor o del mismo tenor que el derogado. Como expliqué más arriba, tiene lógica política. Más derecho politico, legislativo y constitucional, por el volumen social de la decisión, que administrativo por la cuestión particular de la empresa alcanzada.

Una decisión, como la ocupación temporaria de Vicentin y con el diario del lunes, no se habría sostenido con un decreto común y corriente. El DNU brinda esa idea de homogeneidad de gobierno y participación legislativa en su posteridad.

Viene al caso, una jugosa opinion de quien ha sido mencionado como un inspirador de la carrera académica del Presidente, Enrique Bacigalupo sostuvo contra todo el peronismo del 83, reacio a revisar los crímenes de los años anteriores, que un simple decreto de Alfonsin bastaba para derogar la Ley de autoamnistía de la dictadura. La “Ley Bignone” solo era un decreto del presidente usurpador en tiempos de disolución del Congreso.

La severa reticencia en la campaña de los candidatos de ese peronismo, impulsó al Gobierno radical a llevar al Congreso la iniciativa de derogación y declaración de “insanablemente nula” de aquel esperpento jurídico, fulminado por la Ley constitucional 23040, piedra basal del mítico juicio a las Juntas.

Volviendo a la cuestión de la “soberanía alimentaria”, la otra opción era la del instituto de la revocatoria. Confieso que mis preferencias y presunciones de administrativista por este modelo, chocan contra la robustez política del acto inicial - el DNU 522/20- y también abre un camino que se llenaría de suspicacias. Derogación por el 636/20 y caso cerrado.

Ocupación temporaria y utilidad pública

Pero, siempre hay un pero, la figura de la ocupación temporaria en la Ley 21499, no está necesariamente ligada a la declaración legislativa de Utilidad Pública. Paso previo e ineludible a la efectiva expropiación, citada en la motivación de la derogación e inexistente en las disposiciones del DNU del 9 de junio.

Opino -formo parte de la minoría doctrinaria en este sentido- que el procedimiento de expropiaciones es de fuente legal por imperio constitucional, pero que su aplicación, determinación de la utilidad pública y contraprestación se corresponden con actos individuales y judiciables en su propio proceso especial, aún cuando la necesidad sea individualizada por ley formal. De allí que la responsabilidad del estado eventualmente en juego no debería encausarse por el instituto de la responsabilidad por acción legislativa.

Por eso no me sonaba bien en un principio la idea de derogar. El diccionario de la Real Academia identifica esa noción con la de “dejar sin efecto una norma”, y a partir de 1994, la misma constitución elevó el carácter general del vocablo, restringiendo la idea unívoca de ley a una especie de todas las normas.

Y, para cerrar el tema y abrir el de las próximas columnas, este tipo de conflictos pueden quedar sujetos a la eventual reforma judicial. Pues más importante que la Corte y la justicia penal, en lo que a la administración del país se refiere, es el error de pretender unificar los fueros civil, comercial y contencioso administrativo federal , cuando la filosofía y estructura de la decision del derecho privado en poco y nada tutelan las relaciones de lo público. Esta opinión tampoco pretende ocultar las criticas a la politización que merece el fuero que controla el giro cotidiano del accionar de gobierno.

Tiene por objeto alertar al parlamento sobre una evidente regresión sobre la especialización en las materias sujetas al escrutinio judicial. En la jerga médica de estos tiempos, es como pretender unificar a otorrinolaringólogos con neurocirujanos. No aparece la mezcla como una propuesta mejoradora de la complejidad en permanente evolución de las especialidades de las profesiones. El derecho y la justicia son parte del mismo fenómeno.

Continuará...

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Alberto Biglieri

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