Enorme preocupación y también fantasmas del pasado. Así se tomó en términos generales dentro de las principales entidades empresariales el caso Vicentin. El martes, cuando se conoció el anuncio presidencial (intervención y posterior expropiación en caso de que el Congreso lo apruebe), se interrumpieron las habituales reuniones virtuales en todas las empresas el país de todos los sectores donde generalmente se discuten cuestiones de logística y operatoria en medio de la cuarentena para pasar a intercambiar tratados de propiedad privada, códigos judiciales y antecedentes jurídicos.

Lo que desde entidades como AEA, IDEA, Foro de Convergencia Empresarial, cámaras agropecuarias califican como de enorme preocupación es el hecho de que en Vicentin estaba en curso un proceso judicial y se ve la decisión del Gobierno como un avance del Poder Ejecutivo sobre otro poder. Quienes lo miran así también ven no solamente una superposición de Poderes que deben ser independientes en democracia sino un intento del poder político por avanzar sobre el sector privado. “La inseguridad jurídica es opuesta a la inversión necesaria para generar empleo genuino privado que es el único  camino para superar la pobreza”, rezó algunos de los borradores que circularon de manera virtual en las entidades que agrupan a las empresas que más facturan, emplean, y exportan en el país y al que accedió BAE.  

Es decir, desde este lugar se vio un caso testigo, un globo de ensayo para futuras acciones que avancen sobre las empresas. Y le ponen contexto: primero fue el intento de un impuesto a la riqueza por el contexto de la crisis provocada por el Covid-19 y luego la iniciativa de que el Estado se quede con acciones de aquellas compañías que pidan ayuda estatal para sostener en pie por esta pandemia mundial.

Son todas iniciativas “anti empresa” en momentos en que muchas compañías creen que el Gobierno debe trabajar en mayor sintonía que nunca con el sector privado para sostener el empleo post - pandemia. Y le quitan peso específico a uno de los argumentos troncales del Gobierno: que con este cambio accionario en Vicentin se podrán mejorar los precios de los alimentos, justo cuando el INDEC dará a conocer la inflación de mayo y algunas consultoras anticiparon que los valores de alimentos y bebida por primera vez en el año podría tener una suba por debajo del promedio mensual.

En el campo fue un túnel y una bomba de tiempo

 Todos, sin excepción ven la mano de la vicepresidenta en esta decisión y vuelven emocionalmente al 2008. Algo que el propio Presidente salió a desestimar señalando además que se trataba de un caso puntual por una compañía que había estafado al Banco Nación con un crédito solicitado, según uno de sus directores, Claudio Lozano, para desviar esos fondos y comprar empresas en Uruguay. Hay que decir que aunque no todas las entidades agropecuarias entonan la misma melodía por este caso el malestar está y también hay consenso pleno en que las condiciones en que se otorgaron esos préstamos serían, como mínimo cuestionables por no decir sospechosas.

Lo cierto es que la situación provocó que muchos productores y chacareros salieron ayer a las rutas. Y hay quienes midieron fuerzas. La Mesa de Enlace tiene una posición con matices internos y, además, se avecina una pulseada dentro de la Sociedad Rural, que preside Daniel Pelegrina,  para las próximas elecciones en esa entidad. Pero todos recuerdan con sabor muy amargo los cortes de ruta de la 125, en la que justamente el hoy presidente Fernández, buscó descomprimir políticamente –como jefe de Gabinete en aquel momento -un conflicto que finalmente terminó con una de las crisis políticas más profunda de los últimos años e inauguró la “grieta” que ahora parece haberse reactivado con este tema. La oposición ya habla de no votar en el Congreso este proyecto que, también es cierto, se ganó críticas dentro del peronismo.

Antes de que el coronavirus aterrizara en el país, hubo un conflicto que logró contenerse entre el Gobierno y el campo por las retenciones. Hubo amagues de tractores en las rutas que las entidades ruralistas lograron frenar entonces pero ayer esas acciones que habían quedado latentes se reavivaron y preanuncian que la tensión entre Balcarce 50 y el campo será más dura de lo imaginado cuando pase la cuarentena. El campo es, de hecho, el único sector de acuerdo con el INDEC que cayó en su nivel de actividad. El diálogo entre la Mesa de Enlace y el ministro de Agricultura, Luis Basterra, está resentido y, en ese sentido, sería crucial el rol del flamante interventor Gabriel Delgado.

El elegido por el presidente Fernández (quien habría tenido que atender una leve cuestión de salud pocos días antes de enterarse de su nuevo rol político) deberá hacer equilibrio entre el Instituto Patria, Basterra, las entidades agropecuarias y las cerealeras mismas.

Delgado, de hecho, había sonado en su momento como titular de la cartera que hoy timonea el hombre que viene del territorio del gobernador Gildo Insfrán. Mientras los vaivenes de la política definen el futuro marco legal para Vicentin, al interventor le tocará timonear la sexta exportadora de granos del país, evitando que finalmente quede en manos de una multinacional y convirtiéndola en una empresa eficiente, operativa y sobreviviente en un sector que resultará fundamental para la recuperación nacional cuando termine la cuarentena y aflore la recesión que golpea al país desde el año pasado.

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Alejandra Gallo

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