La COP30, realizada en la ciudad brasileña de Belém entre el 10 y el 22 de noviembre, expuso con claridad la brecha existente entre los tiempos institucionales del multilateralismo climático y la urgencia expresada por muchos actores sociales.

Mientras los delegados avanzaron hacia compromisos graduales y ajustes terminológicos en el espacio formal de negociación, fuera del recinto se observaron movilizaciones masivas —incluida la participación de pueblos indígenas— que demandaron acciones más rápidas y estructurales. Este contraste, cada vez más visible, plantea interrogantes sobre la capacidad del proceso COP para brindar respuestas a las crecientes expectativas de transformación sistémica.

Combustibles fósiles: el punto más polémico del documento final

Uno de los elementos más discutidos del texto final fue la ausencia de referencias explícitas a los combustibles fósiles. La propuesta inicial, presentada por más de ochenta países, buscaba incluir un compromiso para la eliminación progresiva de petróleo, gas y carbón.

Sin embargo, las posiciones divergentes entre los Estados con economías fuertemente dependientes de estos recursos derivaron en un lenguaje más general, centrado en la reducción de emisiones y la aceleración de energías limpias. Analistas interpretaron este desenlace como una muestra de las limitaciones actuales del consenso multilateral en temas con fuertes implicancias económicas y geopolíticas.

Justicia ambiental: un enfoque clave

En este contexto, el enfoque de justicia ambiental adquirió relevancia como marco analítico para interpretar reclamos, tensiones y percepciones sobre equidad en la transición climática. La justicia ambiental no se limita a reducir emisiones globales sino que examina cómo los impactos ambientales y los beneficios del desarrollo se distribuyen entre distintos grupos sociales, regiones y generaciones.

Este enfoque se refleja en problemáticas concretas: comunidades cercanas a corredores viales o zonas industriales enfrentan mayores niveles de contaminación del aire y del agua, con efectos comprobables en enfermedades respiratorias y exposición a sustancias tóxicas.

Impactos desiguales y transición energética

Los países y grupos con menor responsabilidad histórica en las emisiones globales suelen ser los más expuestos a sequías, inundaciones y pérdida de medios de vida, contando además con menos recursos para adaptarse.

En las ciudades, el acceso a espacios verdes, energía asequible y servicios ecosistémicos es desigual, lo que evidencia desafíos de justicia energética. La gestión de residuos tóxicos muestra patrones de inequidad, ya que vertederos e incineradoras se ubican con mayor frecuencia en zonas con menor capacidad de incidencia política. A esto se suma que la pérdida de biodiversidad afecta desproporcionadamente a comunidades indígenas y rurales.

Orígenes y consolidación de la justicia ambiental como política pública

El concepto comenzó a institucionalizarse en la década de 1970 en Estados Unidos, con hitos como las protestas de Warren County (Carolina del Norte), que revelaron patrones sistemáticos de contaminación en territorios habitados por poblaciones racializadas o con menor poder adquisitivo. A partir de esas experiencias, la justicia ambiental se consolidó como campo académico, social y posteriormente como un criterio central de diseño de políticas públicas.

En términos negociadores, se articula en tres dimensiones:

• Justicia distributiva: quién asume los costos y quién recibe los beneficios.
• Justicia procedimental: participación efectiva y acceso equitativo a información y decisiones.
• Justicia de reconocimiento: integración de voces, culturas y derechos de comunidades afectadas.

La COP30 evidenció que estos principios están cada vez más presentes en agendas técnicas, mecanismos de financiamiento y discusiones territoriales, especialmente en temas vinculados a la transición energética, la biodiversidad y la conservación forestal.

Si bien el texto final fue interpretado como moderado, la conferencia ratificó un cambio de paradigma: la gobernanza climática ya no es patrimonio exclusivo de la diplomacia estatal. Su eficacia futura dependerá de la sinergia entre demanda social, ciencia, tecnología y economía global.