Por Ana Laura Jaruf 

Existe una dimensión del debate climático que incomoda a casi todos los actores involucrados: ni los sectores ambientalistas más radicalizados encuentran una respuesta sencilla para abordarla, ni los mercados financieros tienen incentivos claros para asumir plenamente sus implicancias. 

Se trata de las industrias difíciles de descarbonizar (hard-to-abate sectors), actividades que siguen siendo esenciales para el funcionamiento de las economías modernas pero que, al mismo tiempo, concentran altos niveles de emisiones. 

Sectores como el acero, el cemento o la industria química producen materiales indispensables para construir viviendas, hospitales, rutas o redes eléctricas. Sin embargo, también explican una parte significativa de las emisiones industriales globales de dióxido de carbono. 

El problema es que no existen aún sustitutos tecnológicos plenamente escalables que permitan reemplazar estas actividades en el corto plazo sin generar impactos económicos y sociales considerables. En este contexto, el financiamiento de transición adquiere un rol central. 

La discusión ya no pasa únicamente por decidir qué actividades deben financiarse y cuáles no, sino por establecer en qué condiciones y orientadas hacia qué tipo de transformación productiva. 

Transición climática gradual y económicamente viable

Cuando esos flujos de capital se destinan efectivamente a procesos verificables de reducción de emisiones, eficiencia energética o reconversión tecnológica, pueden convertirse en una herramienta clave para una transición climática gradual y económicamente viable. 

Un ejemplo ilustrativo es el de la industria siderúrgica. Una planta que reemplaza un alto horno convencional por un horno eléctrico alimentado con chatarra reciclada puede reducir sustancialmente su huella de carbono respecto al promedio global del sector. 

Sin embargo, difícilmente califique como una actividad "verde" en sentido estricto, porque la producción de acero continúa generando emisiones residuales. 

Lock-in es el fenómeno por el cual una industria queda atrapada en tecnologías intensivas en carbono porque los activos ya instalados vuelven financieramente inviable una reconversión temprana

Este tipo de casos dio origen al concepto de "actividades de transición": sectores que no son completamente sostenibles, pero que sí pueden demostrar trayectorias creíbles de descarbonización. Las actividades de transición incluyen, entre otras cosas, mejoras de eficiencia energética, electrificación industrial, reciclaje de materiales o reemplazo gradual de combustibles más intensivos en carbono por alternativas menos contaminantes. 

Distintos organismos internacionales sostienen que la descarbonización profunda de estas industrias es técnicamente posible, aunque requiere inversiones significativas. 

Las tecnologías de bajas emisiones en la industria pesada todavía presentan costos superiores a los de las rutas convencionales, lo que vuelve improbable su adopción masiva sin incentivos, financiamiento y políticas públicas de apoyo. El riesgo de no financiar estos procesos tiene nombre propio: carbon lock-in. Es el fenómeno por el cual una industria queda atrapada en tecnologías intensivas en carbono porque los activos ya instalados -muchas veces con vidas útiles de varias décadas- vuelven financieramente inviable una reconversión temprana. 

Esperar a que esas infraestructuras agoten naturalmente su ciclo de vida implica resignar años críticos de reducción de emisiones. Japón entendió este problema antes que la mayoría. 

Marcos regulatorios

En 2023 lanzó su estrategia de Transformación Verde, actualizada luego en 2025, con el objetivo de movilizar enormes volúmenes de inversión público-privada para descarbonizar sectores industriales pesados. 

En 2024 emitió además los primeros bonos soberanos de transición climática del mundo, orientados específicamente a industrias difíciles de abatir. ¿Qué explica esta diferencia respecto de América Latina? 

Principalmente, la existencia de marcos regulatorios claros. Japón cuenta con una taxonomía nacional que define qué actividades califican como de transición, inversores institucionales con mandatos ASG (ambiental, social y de gobernanza) consolidados y estándares robustos de reporte y verificación climática.

En América Latina, en cambio, predominan iniciativas fragmentadas. Aunque varios países avanzaron en mercados de carbono o emisiones de bonos temáticos, todavía no existe una arquitectura regional capaz de canalizar financiamiento de gran escala hacia procesos de reconversión industrial. 

Esto es especialmente relevante porque la transición energética en el Sur Global no puede analizarse únicamente desde parámetros ambientales: también involucra empleo, infraestructura, desarrollo y restricciones tecnológicas y financieras que condicionan la velocidad del cambio. 

El verdadero riesgo no es financiar actividades de transición. El verdadero riesgo es no financiarlas, y que esas industrias continúen operando durante décadas con las tecnologías más contaminantes disponibles porque el mercado de finanzas sostenibles decidió que solo lo completamente "verde" merece acceso al capital. 

El financiamiento de transición no debería entenderse únicamente como una categoría financiera, sino como una herramienta estratégica de política industrial y climática. Su efectividad dependerá de la capacidad de construir reglas claras, mecanismos de verificación creíbles y esquemas de incentivos que permitan orientar capital hacia trayectorias reales de descarbonización. Sin esos instrumentos, la transición seguirá siendo más un objetivo discursivo que un proceso económicamente viable.