La agenda del Gobierno está marcada por la relación entre los dólares que ingresan al país y la capacidad del BCRA para acumular reservas. Es claro que ese vínculo no es proporcional.

Desanudar un conflicto transversal a la economía toda, como la escasez de divisas, requiere desplegar y congeniar varias aristas a la vez. Eso explica lo intrincado del escenario económico local.

La situación crítica del BCRA encuentra respuestas distintas según la óptica del consultado. El abanico va desde la economía bimonetaria como respuesta macro, pasa por el "festival de importaciones", por las facilidades para importar bienes suntuarios, por la multiplicidad de autorizaciones judiciales, por cuestiones estacionales como el alto precio pagado por la energía en medio del contexto bélico, la brecha, el déficit, el campo o la falta de confianza.

En esa pluralidad de factores vale agregar uno más: los pagos de deuda privada en moneda extranjera. Según el ingeniero e integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp), Alejandro Lopez Mieres, mientras que el balance cambiario entre el 2020 y mayo de 2022 fue de USD21.000 millones, el pago total por intereses de deuda en dólares fue de USD15.000 millones. El 50,46% respondió al pago de intereses de deuda del sector privado y de las provincias, aunque este último ítem tuvo menor incidencia. La información fue reconstruida a partir de los datos oficiales del Banco Central.

"¿Cómo es posible que el Banco Central haya perdido reservas durante un período recesivo como fue el de la pandemia, con un contexto internacional de commodities al alza y con las cosechas buenas en términos de precios y cantidades? El gran desangre fue por el pago de intereses", aseguró el economista. Es cierto que el Estado afrontó otros pagos, como al FMI y a organismos bilaterales, pero "el principal rubro fue este"

Hasta septiembre de 2020, la deuda privada se pagó religiosamente. Con nueve meses de gestión cargados, Miguel Pesce, titular del Banco Central, y el ex ministro de Economía Martín Guzman dieron cuenta de lo costoso que era para el organismo desendeudar al sector que durante el macrismo se endeudó en dólares "sin saber, a ciencia cierta, con qué objetivo o con qué acreedor", agregó otro economista a BAE Negocios, esta vez desde el anonimato.

Es por eso que intentar salir del rojo les valió fuertes discusiones a Pesce y a Guzmán. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya estaba informada de la situación, lo cual revestía la problemática interna del oficialismo y, además, le daba carácter de urgente.

Según cuenta un allegado de ambas partes, Guzmán pretendía cerrarle completamente a las empresas el grifo del MULC para cancelar deudas, mientras que Pesce, en un tono más conciliador con las entidades, optó por oficializar la Comunicación A 7106. La medida le permitió al sector privado acceder al dólar oficial para cancelar el 40% del monto de capital y refinanciar el resto, como mínimo, a dos años. La decisión estuvo influenciada por el panorama de default que planteaba el sector privado en caso de tener restringida la asistencia del Banco Central y las consecuencias que podría traer en la producción.

Sin embargo, un año y medio más tarde, desde el Gobierno comenzaron a sospechar que el ultimátum de default era, más bien, un amague. El ejemplo más contundente que da pie a la conjetura es el de Edenor, que mantenía obligaciones negociables con vencimientos al 10 de mayo de 2022 y presentó para canjear USD71.826.000, cuando en el primer trimestre tenía disponibilidad por USD94.000.000. "En sus balances cambiarios, los dólares para cancelar deudas estaban", aseguró un importante economista que también prefirió hablar en off. "Se hizo de manera tardía la evaluación de cuánto le iba a costar al país la estrategia de amigabilidad con los mercados. Quizás hubo una evaluación optimista de que iban a estar los dólares disponibles para el resto de los pagos", reflexionó Mieres.

Aún así, el BCRA decidió dar la discusión sobre la administración de divisas del sector privado y el 14 de junio, luego de que la vicepresidenta expuso su preocupación en público, compartió un documento en defensa de las políticas diseñadas hasta entonces.

Según el organismo, el conjunto de las regulaciones permitió un ahorro de divisas por más de USD15.600 millones desde 2020, a través de un proceso de refinanciación "que evitó una crisis generalizada de impagos, habría abierto un proceso de extranjerización del aparato productivo, además del impacto sobre el empleo y los precios".

Además, de los USD14.405 millones registrados entre el 2020 y abril 2022 como egresos netos por "préstamos financieros, títulos de deuda y líneas de crédito", la entidad se jactaba de que los pagos en moneda extranjera realizados por empresas "resultaron considerablemente menores, alcanzando los USD5.367 millones"

Así y todo, el comunicado no mencionaba, tal como resaltó Mieres, nada sobre los intereses del sector privado, que en el mismo período acumularon USD7.569 millones. "Se pagó más de intereses que de deuda", destacó el economista de Ipypp. De ellos, USD2.135 millones, casi el 30%, se los llevó solo el sector petrolero.

Por otro lado, un allegado a la entidad hizo notar que en la nota se explicitaba, por primera vez, la posibilidad que las empresas tienen de anticipar refinanciamientos de deuda a cambio de acceder al MULC en un porcentaje menor (no para el 40% sino para el 30% del capital). Es decir, por ejemplo, representa un incentivo a refinanciar deuda de 2023. Esta medida fue bien vista por el mercado y tomada como un atractivo para aliviar parcialmente el horizonte en año electoral. "Se les restringe a las pymes el acceso a los dólares, ¿pero se les permite a las grandes adelantar vencimientos de deuda de 2023? No parece ser muy lógico" , dijo un economista que sigue de cerca la gestión de Pesce.

Estas reestructuraciones se dieron sin el apoyo del Banco Central. El sector privado, de manera autónoma, también recibió propuestas de canje "aunque a mayor plazo y a mayor tasa, pero se buscó no hacer desembolsos de capital", según contó el economista Gustavo Ber, titular del Estudio Ber. Además, las reestructuraciones se encuadran dentro de una restricción cambiaria que, frente a este panorama, "puede alcanzar a ser una restricción completa"

Así, por ejemplo, las empresas del sector energético mantienen USD6.375 millones entre obligaciones negociables y utilidades, repartidas entre 2022 y 2024. De datos privados ofrecidos a BAE Negocios se desprende que el 50,65% de los vencimientos está ubicado en 2023. Para el año próximo se destacan los de YPF, por USD1.343 millones, y los de Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, por USD532 millones. IRSA también inició un proceso de canje sobre ON elegibles por USD263 millones, con vencimientos durante la primera mitad del año entrante.

Para los economistas consultados, frenar el drenaje de reservas requiere meter varios goles. Para Ber, por ejemplo, la resolución "está en manos de la política". "Es aguantar hasta que la nueva dinámica se lleve adelante. Los riesgos son un mayor ajuste o una nueva dinámica de las variables económicas", analizó el especialista en finanzas. En cambio, para Lucas Caldi, integrante de Portfolio Personal Inversiones (PPI), el centro está en "reducir el déficit y sumar exportaciones". Las estimación del Banco Central es poder exportar más de USD90.000 millones este año.