En estos meses, los usuarios de los trenes vieron pasar la motosierra por el sector ferroviario, que redujo los servicios y el mantenimiento de equipos y vías, incrementando los riesgos de accidentes. La motosierra siguió su camino y pasó por el sector energético, demoró la construcción de plantas compresoras y generó una extendida interrupción en el suministro de gas a industrias y estaciones de GNC. Avanzó y paralizó todo tipo de obras de infraestructura, multiplicando los despidos que, según la Cámara Argentina de la Construcción, ya afectaron a más de 100 mil trabajadores. Son solo algunas postales que nos deja el fuerte ajuste fiscal realizado en el primer semestre de la presidencia de Javier Milei.

Es sabido el efecto que tiene el freno de la obra pública en la actividad económica. Conocemos también el impacto inmediato que tuvo el ajuste en algunos servicios estatales y en las condiciones de vida de la población. De mantenerse la retirada del Estado de obras claves y sectores estratégicos, veremos también en el mediano plazo un retroceso no solo en términos de productividad y desarrollo económico, sino también en las condiciones habitacionales de gran parte de la sociedad. Hagamos foco en este último aspecto.

Viviendas y precariedad

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC para el 2do semestre 2023 (últimos datos disponibles), que cubre a 31 aglomerados urbanos, el 22,3% de la población reside en viviendas cuya calidad de los materiales es insuficiente (8,5%) o parcialmente insuficiente (13,8%).

Esto implica que viven sin condiciones elementales de habitabilidad, en función de la durabilidad, el aislamiento y la resistencia que presentan los materiales de sus viviendas. Además, el 4,1% de la población relevada vive en situación de hacinamiento crítico (más de 3 personas por ambiente) y 19,7% con hacinamiento moderado (de 2 a 3 personas por ambiente). Estos hogares ven dificultada la generación de un entorno apto para la salud, la privacidad o el estudio.

Por otra parte, el 15% habita viviendas con saneamiento inadecuado, definido por el INDEC como aquellos hogares que no poseen baño; lo poseen fuera del terreno; comparten el baño con otros hogares; no tienen un desagüe a la red pública (cloaca) ni tampoco a cámara séptica y/o el baño no tiene descarga de agua. Respecto a los servicios básicos, el 11,7% no accede al agua corriente, el 38,1% no accede al gas de red y el 30,7% no está conectado a la red de cloacas. Asimismo, al menos el 16,2% de la población total vive en un régimen inseguro de tenencia de la vivienda, ya sea porque son propietarios de la vivienda pero no del terreno (6,8%) o porque son ocupantes (9,4%). Los resultados se agravan si ponemos la lupa en la población pobre y de los barrios populares.

SISU y  FISU, cuándo se crearon

Una de las principales políticas que buscó resolver la cuestión habitacional en los últimos años estuvo a cargo de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), creada en el año 2018 a partir de la ley 27.453, aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación gracias al impulso de un conjunto de organizaciones territoriales y de la sociedad civil.

Esta norma declaró de interés público el régimen de integración socio urbana de los barrios identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y autorizó al Poder Ejecutivo a crear el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). En el año 2021 se definió destinar un 9% del Impuesto País para financiar al FISU, que se reforzó además con un 15% de lo recaudado por el Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas.

Así, esta política permitió realizar entre 2020 y 2023 más de 1.200 obras que implicaron mejoras en las condiciones habitacionales de más de un millón de personas. Se construyeron más de 1.500 viviendas nuevas, se alcanzó a 98.000 personas con políticas de acceso al suelo y alrededor de 250.000 mujeres pudieron mejorar o ampliar su vivienda a través del programa Mi Pieza, según datos oficiales.

Sin embargo, en Febrero de este año el Gobierno Nacional decidió desfinanciar casi por completo al FISU al reducir sus recursos a solo el 0,3% del Impuesto País, mediante el decreto 193/2024. Esto significó la interrupción de una política que, si bien debía ser reforzada y mejorada, pudo atravesar gestiones de distinto signo político logrando un amplio consenso, con participación de los actores destinatarios no solo en la gestión de la SISU sino también en las cooperativas que llevaban adelante parte de las obras para la mejora de sus propias viviendas y las de sus vecinos. Nuevamente aquí vemos el paso de la motosierra, desordenando (todavía más) millones de vidas para ordenar la macro.

Si bien una creciente cantidad de actores manifestaron la necesidad de revertir el vaciamiento del FISU, el devenir de esta política es aún incierto. Lo que sabemos es que en la lucha contra la desigualdad estructural, la continuidad de la integración sociourbana resulta prioritaria.