A partir de la circulación del primer borrador del proyecto de reforma laboral, el Congreso discutirá por primera vez un marco específico para el trabajo en plataformas. El texto propone redefinir la figura del repartidor como un “independiente de plataformas tecnológicas”, habilitado a manejar sus horarios y pedidos con total flexibilidad. Sin embargo, detrás de esta formulación aparentemente moderna, subyace la posibilidad de profundizar problemáticas ya instaladas en el sector.

El proyecto introduce una nueva figura legal que, en los hechos, busca clausurar el debate sobre la existencia de un vínculo laboral entre plataformas como Rappi o PedidosYa y las personas que sostienen su funcionamiento diario. Al clasificar al repartidor como independiente, se desestima un cúmulo creciente de evidencia y jurisprudencia —nacional e internacional— que reconoce formas contemporáneas de subordinación digital.

En la práctica, quienes trabajan en estas plataformas no negocian condiciones, no fijan tarifas ni deciden cómo se organiza su actividad: operan bajo un sistema de términos y condiciones impuestos unilateralmente, con métricas de rendimiento y penalidades que definen su acceso al ingreso.

Otro de los pilares del proyecto es la promesa de una flexibilidad total: conectarse, desconectarse, rechazar pedidos o elegir horarios sin restricciones. Esto suele respaldarse con el argumento de que la mayoría de quienes trabajan allí lo hace en modalidad “part time”, combinándolo con otras actividades. Pero en el contexto argentino, marcado por caída del salario real y niveles inéditos de pluriempleo, esa libertad se difumina.

En la práctica, para alcanzar un ingreso razonable, la mayoría de quienes trabajan en plataformas debe reservar franjas horarias específicas y aceptar casi todos los pedidos que reciben, adaptándose a los momentos de mayor demanda. Sin embargo, reservar un turno no garantiza ingresos: sólo los pedidos efectivamente entregados generan pagos. Así, la supuesta distinción entre trabajo principal y secundario se diluye en una flexibilidad condicionada por el algoritmo. Rechazar pedidos puede traducirse en una caída del ranking, menores tarifas o incluso la pérdida de futuros turnos, por lo que muchas personas terminan ampliando su disponibilidad horaria para compensar estas penalidades invisibles.

La reforma propone también que las plataformas estén obligadas a informar los motivos de suspensión o bloqueo. Es un avance, sí, pero insuficiente. Porque el problema no es solo la falta de aviso: es la opacidad del sistema que decide quién puede trabajar y quién no. Las personas entrevistadas describen bloqueos repentinos, notificaciones automáticas sin justificación y canales de comunicación ineficientes. Informar una sanción no cambia su carácter arbitrario si no se transparentan los criterios algorítmicos que la originan ni se reciben reclamos.

Un trabajo flexible y autónomo presupone la igualdad entre la persona que lo ejecuta y quien dispone de su servicio. Sin embargo, la persona trabajadora continúa asumiendo todos los riesgos: costos de vehículo, combustible, mantenimiento, seguros del vehículo, exposición a robos o accidentes.

¿Cuántas veces vemos repartidores manejando con el teléfono en la mano? No es casual: las plataformas suelen enviar notificaciones mientras el trabajador está en pleno trayecto. A esto se suma la presión por la velocidad: modalidades como “turbo” o sistemas de incentivos premian los tiempos de entrega más rápidos, aun cuando eso implique circular más rápido, asumir trayectos riesgosos o no detenerse lo suficiente para evaluar un pedido.

La reforma propone incorporar un seguro por fallecimiento o incapacidad total, pero sigue anclándolo a la figura de independiente. Es decir, no se configura un sistema integral de protección, sino una cobertura mínima que no contempla los costos médicos y pérdidas materiales. Un seguro básico no responde al problema de fondo: la completa externalización del riesgo hacia el trabajador.

Este debate ocurre en un momento en el que Argentina enfrenta transformaciones profundas en su mercado laboral. El pluriempleo crece, los salarios pierden poder adquisitivo y cada vez más personas combinan dos o tres trabajos para sostener sus ingresos.

Varios países de la región ya avanzaron en marcos legales que reconocen derechos básicos, obligaciones claras para las plataformas y mecanismos de apelación independientes. A nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo está discutiendo una futura Convención para regular el trabajo en plataformas, con foco en transparencia algorítmica, protección de datos y definiciones claras sobre los derechos que les corresponden a las personas trabajadoras.

Frente a este escenario global, el proyecto argentino aparece desconectado de las lecciones aprendidas y corre el riesgo de consolidar un esquema de desprotección estructural. Si el Congreso decide avanzar con esta reforma, debería preguntarse una cosa muy simple: ¿se legisla para mejorar la vida de quienes trabajan, o para formalizar un modelo de desigualdad que ya está existe?