En el mundo actual, la blockchain emerge como una innovación transformadora que sostiene la existencia de las criptomonedas. Esta tecnología no solo desafía a las instituciones financieras tradicionales, sino que pretende redefinir nuestra comprensión del valor, la confianza y la intermediación en la economía global. En los sistemas financieros tradicionales, los bancos y otras instituciones (por ejemplo la Comisión Nacional de Valores en nuestro país) actúan como intermediarios que facilitan las transacciones, garantizan la seguridad y, sobre todo, verifican la legitimidad de los activos y las personas que los poseen.

La blockchain, al operar de manera descentralizada, permite transacciones directas entre pares sin necesidad de intermediarios. Las criptomonedas son propuestas de dinero digital que utilizan criptografía para asegurar transacciones, controlar la creación de nuevas unidades y verificar la transferencia de activos. En lugar de confiar en una entidad central, los usuarios de blockchain confían en la criptografía y en el consenso de la red.

Desde la creación de Bitcoin en 2009, el ecosistema de criptomonedas ha crecido exponencialmente, abarcando miles de monedas digitales y capturando la atención de inversores, personas apasionadas por la tecnología y reguladores en todo el mundo. Estas monedas digitales funcionan como reserva de valor y medio de cambio, similar a las monedas fiduciarias, pero sin la necesidad de una autoridad central que las emita o las respalde.

La descentralización y una característica particular de las criptomonedas (los usuarios no necesitan revelar su identidad real para operar) son características clave que han atraído a muchos usuarios, pero también han hecho que sean atractivas para actividades ilícitas. La capacidad de transferir valor de manera rápida, relativamente anónima y sin la intervención de instituciones financieras tradicionales ha sido aprovechada para lavar dinero, financiar el terrorismo, evadir impuestos y cometer fraudes.

 

Cómo se regulan las criptomonedas

Este fenómeno genera un punto de inflexión en la búsqueda de un sistema sin intermediarios como promueve la tecnología blockchain desde su origen: existen límites para las transacciones sin intermediarios basadas en la confianza de la red. Si el riesgo asociado al activo incluye actividades ilícitas, es interés de los gobiernos conocer qué está pasando en el mundo cripto y tomar control de estas operaciones.

En este sentido, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió directrices para regular las criptomonedas y prevenir su uso en actividades ilícitas. Estas directrices incluyen la recomendación de que los proveedores de servicios de activos virtuales estén sujetos a las mismas regulaciones que las instituciones financieras tradicionales.

En el mes de Marzo de este año se aprobó la ley 27.739 que modifica el código penal, reforma la ley 25.246 (que regula el encubrimiento y lavado de origen delictivo), crea un registro centralizado de beneficiarios finales y -particularmente a los efectos de esta nota- crea lo que se conoce como registro de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV). Quienes se dedican a la actividad cripto, se expresan optimistas con el nuevo marco jurídico, atendiendo la importancia de contar con un entorno más seguro y transparente para sus transacciones.

Quienes abogan por controlar el origen lícito de las inversiones, encuentran en esta nueva norma una herramienta de acción. Asimismo, con la nueva normativa, los PSAV deben tener una estructura organizacional, un plan de negocios sólido, proteger los datos de los usuarios y, por supuesto, implementar medidas de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo.

Si bien estos avances en materia legislativa son clave para avanzar en una agenda cripto en nuestro país, vale destacar que los intereses de los gobiernos no necesariamente se encuentran 100% alineados con los intereses de las personas que incorporan estos activos en sus carteras de inversión. Como siempre, los avances institucionales se generan a un ritmo más lento que las actividades privadas: mientras los primeros requieren de consensos entre distintos sectores, las segundas se forjan al calor de la voluntad individual.

 

Qué dice la Ley Bitcoin

La ley bitcoin, presentada por la ONG Bitcoin Argentina en noviembre de 2023, incorpora aspectos que trascienden la mirada de riesgo asociado al lavado de dinero que se consideró en la ley 27.739 y propone regular la criptoeconomía. Contempla tres categorías de plataformas de prestación y de servicios de criptoactivos que reflejan las diferencias en los instrumentos que se incluyen en este concepto y propone un esquema de funcionamiento dentro de la economía actual.

No se ignora, en este proyecto de ley, la existencia de estafas y abusos por parte de usuarios deshonestos que interfieren en el desarrollo del sector. Sin embargo, tampoco se propone generar un marco regulatorio que obligue al registro de operadores sin mayores consideraciones para quienes operan estos instrumentos.

De hecho, el aporte fundamental que propone este proyecto está signado por las definiciones de los activos, las posibilidades de acceso de las personas a estos instrumentos y el rol que proponen para el sector público. Considerando el volumen de operaciones y las capacidades técnicas de desarrollo del sector en nuestro país, la confianza y legitimidad adquirida por la sociedad para estos activos, se propone su incorporación a las operaciones económicas.

El debate sobre los alcances y las limitaciones de estos modelos alternativos a las instituciones que legitiman las operaciones de mercado está abierto. La confianza en la red es una de las características principales de los criptoactivos, sin embargo, esa confianza se desgasta cuando no hay legitimidad institucional ni marcos que regulen las reglas de juego entre quienes eligen estas inversiones. Asimismo, si consideramos que las criptomonedas son alternativas de unidad de cambio y reserva de valor, es lógico considerar que las naciones tengan interés en controlar y supervisar que sucede en estos mercados.

Vale preguntarse en este punto, cuál puede ser el rol que ocupen las naciones en el sistema, cuáles pueden ser los derechos que reclamen las personas que operan en el mercado cripto ante las instituciones, como afecta a la operatoria en la economía real el uso de monedas de curso no legal, entre otras cuestiones. El desafío está en marcha y nos convoca a la acción.