Ana Laura Jaruf 

Durante años, los mercados voluntarios de carbono fueron evaluados casi exclusivamente por su integridad ambiental: si los créditos representan reducciones reales de emisiones, son adicionales y permanentes. Sin embargo, existe una dimensión cada vez más relevante que suele quedar relegada: los impactos sociales que estos proyectos generan en las comunidades donde se implementan y, en particular, sobre las mujeres.

La evidencia demuestra que los proyectos que generan beneficios sociales verificables no solo son más equitativos, sino también más valiosos desde el punto de vista económico. 

Estudios recientes muestran que los créditos provenientes de proyectos con mayores beneficios de desarrollo alcanzan precios hasta un 30% superiores, mientras que aquellos certificados bajo estándares que verifican impactos sociales y ambientales, como Gold Standard, obtienen primas de entre 6% y 29% respecto de créditos equivalentes sin esa certificación. 

El mercado comienza así a reconocer el valor de la integridad social, aun cuando las regulaciones todavía no la exigen de manera uniforme.

La razón es principalmente económica. Los proyectos que cuentan con aceptación y participación de las comunidades presentan menor riesgo de conflictos sociales, judicialización o interrupciones operativas, reduciendo el riesgo de reversión y aumentando la estabilidad del activo. Además, los compradores corporativos -empresas con compromisos Net Zero, fondos de inversión e instituciones financieras sujetas a criterios ESG- buscan minimizar riesgos reputacionales adquiriendo créditos que, además de reducir emisiones, demuestren impactos sociales positivos y trazables.

Los co-beneficios abarcan diversas dimensiones. Entre los más frecuentes se encuentran la generación de empleo verde, el fortalecimiento de la seguridad energética y alimentaria, mejoras en infraestructura comunitaria, acceso a agua potable y reducción de enfermedades asociadas a la contaminación. Adicionalmente, en los últimos años ha cobrado especial importancia el empoderamiento económico de las mujeres como beneficio climático explícito.

Perspectiva de género

Esta perspectiva responde a una realidad ampliamente documentada: las mujeres, especialmente en zonas rurales e indígenas, enfrentan de manera desproporcionada los efectos del cambio climático, pero también desempeñan un papel central en la gestión sostenible de los recursos naturales y en las estrategias de adaptación. 

Diversos organismos internacionales, como la FAO y el PNUD, han demostrado que su participación en la toma de decisiones mejora la resiliencia comunitaria y los resultados económicos de largo plazo. Excluirlas no solo perpetúa desigualdades, sino que también reduce la efectividad y sostenibilidad de los proyectos.

No obstante, el mercado voluntario de carbono aún presenta importantes desafíos. La crisis de credibilidad desencadenada en 2023 por cuestionamientos sobre la integridad de créditos forestales aceleró una fuerte contracción del mercado, que pasó de USD 1.900 millones en 2022 a USD 723 millones en 2023. 

A ello se sumaron numerosos conflictos sociales vinculados con la distribución desigual de beneficios, incumplimientos en los procesos de consulta y exclusión de comunidades indígenas de los ingresos generados por proyectos desarrollados en sus propios territorios, particularmente en Brasil, Colombia y Perú.

Estos casos evidencian que los conflictos sociales no constituyen únicamente un problema ético, sino también financiero. 

Las disputas afectan la continuidad de los proyectos, dificultan la renovación de certificaciones y deterioran la confianza de los compradores institucionales. 

En consecuencia, incorporar criterios sociales deja de ser una cuestión de responsabilidad corporativa para convertirse en un componente central de la gestión del riesgo.

Pese a estos avances, los créditos que certifican co-beneficios sociales representan apenas alrededor del 5% del volumen total del mercado voluntario de carbono. Por lo que, para que este instrumento contribuya efectivamente al desarrollo sostenible, es necesario impulsar proyectos diseñados desde su origen con objetivos sociales explícitos, fortalecer estándares que hagan obligatoria la verificación de estos impactos y consolidar una demanda que premie sistemáticamente este tipo de créditos.

La evidencia disponible indica que los mercados de carbono pueden generar beneficios ambientales y sociales simultáneamente cuando están correctamente diseñados. El desafío pendiente es alinear los incentivos para que esos resultados dejen de ser casos aislados y pasen a constituir el estándar de funcionamiento del mercado.