La segunda semana posterior a la derrota sufrida por el oficialismo en las elecciones legislativas estuvo marcada por una creciente volatilidad cambiaria y financiera. Por primera vez desde la salida del cepo, el tipo de cambio oficial logró testear el techo de la banda cambiaria.

Desde la implementación de la banda, en abril, y hasta finales de junio, el tipo de cambio oficial se mantuvo fluctuando en un nivel medio e incluso por debajo en varias ocasiones. A partir de julio, ante la proximidad de los comicios, el dólar comenzó a ubicarse persistentemente por encima de la banda media hasta alcanzar el techo, por primera vez, el 17 de septiembre.

El frente fiscal muestra solidez en los números pero crecientes tensiones en lo político. Agosto dejó un nuevo superávit, consolidando la principal ancla del programa, aunque el reciente rechazo de tres vetos presidenciales expuso cierta fragilidad.

En paralelo, el Presupuesto 2026 ratifica la meta de equilibrio con un superávit primario de 1,5% del PBI, aunque por debajo del 2,2% proyectado por el FMI, con diferencias explicadas por la dinámica tanto de los ingresos como del gasto.

En agosto, el sector público nacional volvió a registrar superávit, con un resultado primario de $1.556.864 millones y un superávit financiero de $390.301 millones. Así, en el acumulado de los primeros ocho meses del año se alcanzó un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI y un superávit financiero del 0,4% del PBI.

El gasto primario mostró en agosto el ajuste más fuerte del año, con una caída interanual de 6,4%, aunque en el acumulado entre enero y agosto aún registra un leve crecimiento interanual de 1,1%. Dentro de sus componentes, los subsidios económicos siguen siendo la partida más recortada, con una baja interanual de 39,2% real en agosto y de 43,5% en lo que va del año, ubicándose en niveles mínimos históricos.

Por rubros, los subsidios para la energía exhiben la mayor reducción (65% interanual real acumulado), seguidos por los de "otras funciones" (54% interanual), en tanto que los subsidios hacia el transporte fueron los menos afectados (8,6% real).

Finalmente, al considerar los intereses capitalizables, el resultado financiero acumulado se revierte y pasa a mostrar un déficit financiero de 0,5% del PBI.

De este modo, el frente fiscal, que venía mostrando fortaleza, enfrentó un revés con el rechazo de tres vetos presidenciales a leyes con costo fiscal. Se trata de la Ley de Financiamiento Universitario (0,14% del PBI anual), la Ley de Emergencia Pediátrica (0,02% del PBI) y el refuerzo de ATN (0,10% del PBI), que en conjunto representan un 0,25% del PBI anual y un 0,1% del PBI para lo que resta de 2025.

El impacto económico es acotado, pero la señal política es relevante porque afecta el pilar más sólido del programa.

La discusión se produce en paralelo a la presentación del proyecto de Presupuesto, que estima un superávit primario de 1,5% del PBI en 2025 y en 2026 (sobre la base de un escenario macroeconómico por demás optimista, como sucede habitualmente).

El mensaje oficial ratificó el compromiso con el superávit fiscal, aunque (en un intento de dar una señal política y mostrar sensibilidad social) reconoció incrementos en partidas sensibles: jubilaciones (0,12% del PBI, por debajo del 1% que implicaba el proyecto vetado), universidades (0,02% del PBI frente al 0,14% de la ley ahora ratificada) y otros sectores como el de salud (0,05% del PBI). En ese marco, el gasto primario aumentaría 0,2% del PBI, compensado por un incremento equivalente en los recursos totales. El superávit financiero se mantendría en un 0,3% del PBI para ambos años, aunque lo destacable es que el superávit primario estaría por debajo del 2,2% del PBI estimado en la última revisión del FM. El organismo prevé que aumento en los recursos de 0,5 punto porcentual del PBI y un gasto primario que caería 0,1 punto del PBI, mientras que el Presupuesto considera que tanto el gasto primario como los recursos aumentarán un 0,2% del PBI.

No contempla una caída del gasto porque considera que los subsidios económicos se mantienen en términos del PBI y estima mayores erogaciones en jubilaciones, transferencias hacia el sector público y gasto de capital, parcialmente compensadas por menores salarios y bienes y servicios.

En síntesis, si bien la suba de las jubilaciones ya estaba prevista, también se proyecta una expansión en el resto del gasto, lo que impide mejorar el resultado primario como hace el FMI.

Por el lado de los ingresos, la suba se sustenta en la recuperación del impuesto sobre los combustibles, sumada al incremento real de los derechos de importación/exportación y el Impuesto a las Ganancias.

En materia de financiamiento, el 2026 plantea vencimientos por USD18.000 millones (de los cuales USD10.000 millones con privados, con un primer pago de USD4.500 millones en enero) y $128 billones (11,2% del PBI). Además, el Gobierno proyecta un financiamiento neto marginal con organismos internacionales (0,3% del PBI), por lo que la principal fuente volverá a ser la deuda interna en pesos capitalizable (5,2% del PBI, unos $57 billones). La exclusión de los intereses capitalizables del resultado fiscal permite mostrar un superávit financiero con un esfuerzo primario menor, lo que podría explicar una de las diferencias centrales con el FMI, que estima intereses por 2,2% del PBI frente al 1,2% contemplado en Presupuesto 2026.