La Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que había enviado al juzgado federal de Campana la causa por la quinta de Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y ordenó que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico defina qué magistrado debe seguir con la investigación.

La decisión de la Sala I no desplaza de inmediato al juez Adrián González Charvay, que continuará al frente del expediente hasta que haya una nueva resolución. Pero deja sin efecto el pase a Campana dispuesto por la Cámara Federal de San Martín y reabre una disputa clave sobre el futuro de una causa por presunto lavado de dinero y uso de testaferros alrededor de una propiedad de alto valor en Pilar.

Una competencia que volvió a foja cero

Casación hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y resolvió que el conflicto no debía ser zanjado por la Cámara Federal de San Martín, sino por la Cámara Penal Económico, integrada por Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Ese tribunal deberá decidir si el expediente queda en Campana o vuelve al fuero Penal Económico.

La resolución fue adoptada por mayoría de Ángela Ledesma y Javier Carbajo. Ambos sostuvieron que, según las reglas procesales, el tribunal competente para resolver el conflicto era la Cámara de Apelaciones del juez que primero intervino en la causa, en este caso Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico.

"La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín no tenía jurisdicción para resolver el conflicto de competencia", sostuvo Carbajo en su voto. El juez añadió que la competencia debe definirse en función del juez que tuvo la primera noticia del hecho.

Ledesma coincidió con ese criterio y advirtió que la intervención de otro tribunal implicó apartarse de la regla legal para resolver conflictos entre jueces de igual jerarquía.

El voto de Borinsky y el pedido de celeridad

Mariano Borinsky votó en disidencia. Consideró que el recurso de casación era inadmisible porque la discusión sobre competencia no constituía una sentencia definitiva. También sostuvo que anular la resolución podía ser una salida dilatoria que afectara la economía procesal.

Pese a esa disidencia, Casación ordenó que la Cámara Penal Económico resuelva la competencia "con la celeridad que el caso impone".

La quinta, los autos y la pista de la AFA

La causa investiga la compra de una quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, adquirida en mayo de 2024 a través de Real Central SRL. La propiedad figura a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, aunque los investigadores sospechan que no tenían capacidad económica declarada para afrontar la operación.

El inmueble fue escriturado por USD 1,8 millones, pero según valuaciones de mercado podría alcanzar USD 20 millones. La propiedad cuenta con 10 hectáreas, helipuerto, caballerizas, varias casas, piscina y canchas deportivas.

La hipótesis judicial apunta a determinar si la compra se realizó mediante una estructura de presuntos testaferros vinculados a dirigentes de la AFA. En el expediente se mencionan elementos hallados en la vivienda, entre ellos un bolso de la AFA y una plaqueta de Barracas Central con el nombre de Toviggino.

Durante los allanamientos también se encontró una flota de autos de lujo y de colección: 54 vehículos con cédulas azules a nombre de familiares del tesorero de la AFA. Otro punto bajo análisis es el uso de una tarjeta corporativa de la entidad por parte de Pantano, incluso para gastos de Telepase.

Un expediente que ya cambió de manos

El caso empezó con una denuncia presentada en diciembre de 2025 por Elisa Carrió, Juan del Gaiso y Matías Yofe. La presentación apuntó a un presunto esquema de lavado de activos relacionado con propiedades, vehículos y bienes de alto valor vinculados a dirigentes de la AFA.

La investigación tuvo un recorrido sinuoso: primero tramitó en Comodoro Py, en el juzgado de Daniel Rafecas, que declaró su incompetencia. Luego pasó al fuero Penal Económico y más tarde terminó en Campana por decisión de la Cámara Federal de San Martín.

La defensa de Pantano y Conte había pedido ese traslado, pero los fiscales sostuvieron que debía permanecer en el fuero Penal Económico, postura que terminó avalada por Casación al anular el pase.

Cuando tuvo la causa, Aguinsky trabajó sobre la hipótesis de que la quinta pudo haber sido adquirida con fondos de la AFA mediante una administración fraudulenta contra la entidad. Ya en Campana, González Charvay ordenó un peritaje sobre los fondos de la asociación.

Otra causa en el mismo tribunal

La definición quedó ahora en manos de una Cámara Penal Económico que ya interviene en otro expediente sensible para la conducción de la AFA: el procesamiento de Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes por la retención indebida de $19.300 millones en impuestos y aportes.

Ese cruce suma densidad institucional al giro procesal: los mismos camaristas deberán resolver dos causas que afectan al núcleo de la conducción de la AFA.

Si el expediente por la quinta regresa al fuero Penal Económico, ya no quedaría en manos de Aguinsky: el juzgado N°10, donde tramitaba la causa antes del pase a Campana, quedó a cargo de la jueza Verónica Straccia.