La Justicia avanzó sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con allanamientos en sus dos sedes principales, en el predio de Ezeiza y en las oficinas de la calle Viamonte, en el marco de una causa que investiga la quinta de Pilar adjudicada al tesorero Pablo Toviggino y el circuito de fondos que manejó en el exterior la empresa TourProdEnter.

La medida la dispuso el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y la ejecuta la Prefectura Naval Argentina. El objetivo es secuestrar documentación contable, bancaria y contractual, tanto en soporte papel como digital, vinculada a las operaciones de la firma del productor teatral Javier Faroni.

Qué busca la Justicia en los allanamientos

El operativo apunta a reconstruir la trazabilidad de los fondos asociados a TourProdEnter. La Justicia ya incorporó al expediente los contratos firmados por la AFA y balances de la empresa aportados por la Inspección General de Justicia (IGJ), y ahora busca sumar respaldo documental que permita verificar cómo se ejecutaron esas operaciones.

Las órdenes judiciales habilitan el secuestro de documentación, pero no incluyen detenciones ni la incautación de teléfonos celulares.

La investigación se centra en posibles maniobras irregulares y en el presunto desvío de fondos de la AFA hacia empresas sin actividad comprobable.

El contrato con TourProdEnter bajo la lupa

Según surge del acuerdo firmado el 9 de diciembre de 2021 por Claudio "Chiqui" Tapia y Toviggino, la empresa obtuvo representación comercial exclusiva en el exterior para gestionar acuerdos vinculados a marcas, patrocinios y eventos de la AFA.

El contrato preveía que la firma actuara como agente de cobro de los acuerdos que generara y establecía una comisión del 30% sobre los ingresos comerciales obtenidos fuera del país. También contemplaba un 10% sobre egresos vinculados a tareas de logística en los contratos en los que interviniera.

La quinta de Pilar y los vínculos investigados

En paralelo, el expediente investiga una propiedad en Pilar, en la localidad de Villa Rosa, de cinco hectáreas y valuada en USD 20 millones. El predio cuenta con helipuerto, caballerizas, instalaciones deportivas y un garage con 45 autos de alta gama o de colección, que forman parte de un total de 54 vehículos incautados, entre ellos motocicletas de alta cilindrada y kartings de competición.

La titularidad formal figura a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, vinculados a la firma Real Central. La investigación señala que sus perfiles económicos no se corresponden con el valor del inmueble.

La Justicia sospecha que el verdadero propietario es Toviggino. Entre los elementos reunidos, en un allanamiento previo se encontraron un bolso de la AFA, una plaqueta del club Barracas Central a su nombre y una tarjeta corporativa de la entidad utilizada por Pantano, con gastos mensuales cercanos a $50 millones.

Disputa de competencia y causas cruzadas

El avance de González Charvay se produce mientras se define qué juzgado debe concentrar la investigación. La Cámara Federal de Casación convocó a una audiencia para el 30 de marzo para resolver si la causa permanece en Campana o vuelve al fuero Penal Económico de la Capital Federal, a cargo de Marcelo Aguinsky.

En esa discusión interviene el recurso presentado por el fiscal de Cámara de San Martín, Carlos Cearras, que se opuso a que el expediente quedara en Campana, en línea con el planteo de la defensa de Tapia.

Además, la investigación sobre TourProdEnter se replica en otros tribunales: una causa en la justicia federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, y otra en la justicia nacional de instrucción iniciada por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni por presunta administración fraudulenta de fondos de la AFA.

González Charvay solicitó la unificación de los expedientes bajo su órbita, mientras suma documentación con los allanamientos para robustecer la investigación sobre el circuito económico de la entidad y su relación con la empresa de Faroni.