La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°9, a cargo del fiscal Jorge Dahl Rocha, impulsó una ampliación de la investigación por presunto lavado de activos en la causa que tiene como imputados a Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, por la compra de una quinta en Pilar valuada en USD 17 millones. 

El expediente tramita ante el juez Marcelo Aguinsky, quien investiga si los fondos utilizados para la adquisición del inmueble tienen origen ilícito.

En su dictamen, el fiscal advirtió sobre la posible existencia de una estructura financiera internacional destinada a desviar y ocultar fondos presuntamente vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que excedería ampliamente el hecho puntual de la compra del inmueble.

La denuncia de la Coalición Cívica y el circuito offshore

La ampliación de la investigación responde a una presentación de los referentes de la Coalición Cívica, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, basada en investigaciones periodísticas. 

Según la denuncia, entre 2021 y 2025 habría operado una red de intermediarios financieros en el exterior que canalizó más de USD 300 millones fuera del sistema bancario argentino, bajo el argumento del cepo cambiario y mediante esquemas con comisiones de hasta el 30%.

El dictamen sostiene que esos fondos habrían sido manejados a través de empresas offshore sin actividad real, constituidas en Estados Unidos, Europa y paraísos fiscales, que recibieron transferencias millonarias sin respaldo económico verificable.

Las empresas bajo la lupa y el rol de TourProdEnter

Entre las firmas mencionadas figuran Q22 Services Limited (Guernsey), Stratega Consulting USA LLC (Delaware), Odeoma Gestión SL (España) y TourProdEnter LLC, esta última vinculada al empresario teatral y exdiputado Javier Faroni, quien habría actuado como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior desde fines de 2021.

Según la Fiscalía, TourProdEnter habría concentrado ingresos por unos USD 260,5 millones, aunque solo el 5,4% de esos fondos habría ingresado efectivamente a las cuentas de la AFA, pese a que el contrato establecía un reparto del 70% a favor de la entidad. El resto del dinero, sostiene la denuncia, habría sido desviado a cuentas en el exterior mediante sociedades "pantalla" radicadas en Florida.

Pagos sin respaldo y sociedades fantasma

El fiscal también puso el foco en pagos por más de USD 4 millones a Dicetel Corp, una firma registrada en Miami, sin empleados ni actividad visible, por supuestos servicios de consultoría intangible, como cursos de "filosofía de gestión", de los cuales no existiría evidencia.

Además, se detectaron transferencias a otras sociedades extranjeras y locales -como Florida Secured Title LLC, Brisa Management LLC, Argen Agro LLC, Alabama Goal Capital LLC y Spring Stalk- que carecerían de operaciones genuinas, lo que refuerza, según el Ministerio Público, la hipótesis de lavado de activos.

La compra del inmueble y los vínculos políticos

En línea con la investigación original, el dictamen volvió a destacar la compra de la mansión en Pilar a través de Real Central SRL como una presunta maniobra de blanqueo de fondos. El fiscal subrayó que Pantano y Conte, quienes no tendrían ingresos suficientes para justificar la operación, otorgaron poderes amplios de administración a terceros, algunos con presuntos vínculos políticos en Santiago del Estero, lo que constituye un indicio relevante para profundizar la pesquisa.

La causa también analiza la existencia de una flota de autos de alta gama valuada en casi USD 4 millones, hallada en la propiedad, como parte del mismo entramado patrimonial sospechado.

Posibles delitos y conexión con la AFA

El juez Aguinsky ya había señalado que el delito precedente del presunto lavado podría encuadrar en la figura de administración fraudulenta en perjuicio de la AFA, prevista en el artículo 173 inciso 7° del Código Penal, con intervención de directivos de la entidad.

En ese marco, la Justicia investiga si los fondos utilizados para la compra del inmueble y otras operaciones tendrían origen en ingresos legítimos de la AFA no declarados o desviados a fines privados, mediante una compleja red societaria.

Qué pidió la Fiscalía

Ante los nuevos elementos, el fiscal solicitó verificar domicilios y vínculos reales de las personas físicas involucradas, requerir informes ampliados sobre las sociedades nacionales e internacionales mencionadas y extender la imputación si los hechos se confirman.

En su dictamen, Dahl Rocha concluyó que la causa revela un "complejo entramado societario y económico" vinculado al fútbol profesional, cuya dimensión "excede la investigación original y justifica profundizar las medidas de prueba", al advertir que podría tratarse de un esquema sistemático de desvío y ocultamiento de fondos.