El fiscal general Gabriel Pérez Barberá pidió este miércoles que la causa en la que se investiga la compra de una mansión en Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, vuelva a tramitar en la justicia en lo Penal Económico.

Según el dictamen presentado ante la Cámara en lo Penal Económico, el expediente no debería continuar en el juzgado federal de Campana, donde se encuentra actualmente, sino regresar al juzgado nacional en lo Penal Económico N°10, subrogado por la jueza Verónica Straccia.

"Entre la justicia federal de Campana y la justicia nacional en lo penal económico de esta ciudad, debe considerarse competente a esta última para continuar con la investigación", sostuvo Pérez Barberá.

Ahora, los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio deberán resolver qué tribunal seguirá adelante con la causa.

La investigación sobre la propiedad de Pilar

La causa investiga la compra de una propiedad de 105 mil metros cuadrados con helipuerto ubicada en Pilar. La mansión figura a nombre de la firma Real Central, vinculada a Luciano Pantano y a su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada.

La Justicia analiza si ambos contaban con capacidad económica suficiente para adquirir el inmueble. La principal hipótesis apunta a que Toviggino sería el verdadero dueño de la propiedad.

Durante un allanamiento realizado en diciembre pasado, los investigadores encontraron un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central con el nombre del dirigente. Además, había 54 vehículos de alta gama con cédulas azules a nombre de familiares de Toviggino.

El recorrido judicial del expediente

La causa comenzó en el juzgado federal de Daniel Rafecas y luego pasó al fuero Penal Económico, donde intervino el juez Marcelo Aguinsky.

En esa etapa, la investigación avanzó sobre una posible maniobra de desvío de fondos de la AFA. Entre los elementos analizados apareció una tarjeta corporativa de la asociación utilizada por Pantano, con gastos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos y pagos vinculados a Telepase de vehículos.

La defensa de Pantano y Conte solicitó que el caso se investigara en Campana por tratarse de la jurisdicción de Pilar. La Cámara en lo Penal Económico aceptó ese planteo y el expediente pasó al juez federal Adrián González Charvay, quien ordenó allanamientos en la AFA y un peritaje sobre sus fondos.

Sin embargo, los fiscales que intervinieron en el expediente insistieron en que la causa debía permanecer en el fuero Penal Económico.

El argumento del fiscal

En su dictamen, Pérez Barberá remarcó que el fuero Penal Económico cuenta con especialización técnica para investigar delitos complejos vinculados al lavado de dinero.

El fiscal sostuvo además que la ubicación territorial de la propiedad no resulta el único criterio para definir la competencia judicial, especialmente en causas con posibles conexiones entre distintas jurisdicciones.

"Frente a la indeterminación del territorio, debe intervenir el fuero en lo Penal Económico por su especialización técnica en esa materia, lo que mejor garantiza la eficacia de la investigación", afirmó.

La definición ahora quedó en manos de la Cámara en lo Penal Económico.