La investigación judicial por la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares, sospechada de haber sido adquirida con fondos de origen ilícito y presuntamente vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), volvió a cambiar de juez. 

La Cámara Federal de San Martín resolvió que la causa quede a cargo del Juzgado Federal de Campana, conducido por Adrián González Charvay, desplazando al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky.

La decisión fue adoptada por el camarista Alberto Lugones, quien entendió que el eje territorial del presunto delito se encuentra en Pilar, donde está ubicada la propiedad y el resto de los bienes investigados, y no en la Ciudad de Buenos Aires. 

De esta manera, González Charvay se convierte en el tercer magistrado en intervenir en el expediente.

El argumento clave: territorio y domicilio de la AFA

En su resolución, Lugones sostuvo que el supuesto lavado de activos habría tenido como punto central la adquisición del inmueble situado en Villa Rosa, partido de Pilar, lo que fija la competencia federal en Campana. 

A eso se sumó un dato relevante: desde noviembre de 2024, la AFA inscribió su cambio de domicilio legal a una dirección ubicada también en Pilar, dejando atrás la histórica sede de la calle Viamonte.

"El eje desde el cual habrían tenido origen las maniobras investigadas se localiza en el Partido de Pilar", señaló el camarista, quien remarcó además la necesidad de respetar la garantía constitucional del "juez natural".

Una causa que investiga testaferros y bienes de lujo

La denuncia fue impulsada por la Coalición Cívica y apunta a determinar si la fastuosa quinta, una flota de autos de alta gama valuada en casi USD 4 millones, helicópteros, un haras de caballos, pista de entrenamiento, helipuerto y otras instalaciones pertenecen en realidad a dirigentes de la AFA, aunque figuren a nombre de la sociedad Real Central, registrada a nombre del monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Conte.

La Justicia considera incompatible el nivel de patrimonio exhibido con la capacidad económica declarada por los titulares formales de los bienes. Incluso, se constató que Conte había cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia.

Tres jueces, una misma investigación

El expediente tuvo un derrotero complejo. En un primer momento quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien ordenó allanamientos, secuestros y tasaciones, además de prohibir la salida del país de los imputados. 

Luego, la causa pasó al fuero penal económico, con Aguinsky, que avanzó durante la feria judicial sobre nuevas líneas de investigación, incluyendo posibles maniobras en el exterior y la cadena de pagos.

Ahora, con la decisión de la Cámara, Aguinsky deberá remitir todo el expediente a Campana, junto con las pruebas ya producidas y las medidas pendientes, entre ellas informes sobre vuelos privados, gastos con tarjetas corporativas de la AFA y pagos vinculados a vehículos y servicios del predio.

Un nuevo comienzo bajo la lupa

El fallo es inapelable y el traspaso debe concretarse de inmediato. González Charvay, un juez de bajo perfil pero con experiencia en causas complejas, deberá evaluar el estado del expediente y definir los próximos pasos. 

La investigación, lejos de cerrarse, entra en una nueva etapa, con el foco puesto en reconstruir el origen del dinero que financió uno de los patrimonios más llamativos bajo investigación judicial en el fútbol argentino.