Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino en una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita agravada. La investigación se inició el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia presentada por Aldo Sergio Parodi.

El dictamen, firmado por el fiscal Pedro Simón, sostiene que ambos dirigentes habrían integrado una estructura destinada a sustraer fondos de la Asociación del Fútbol Argentino y reinsertarlos en el circuito legal mediante operaciones comerciales, financieras y patrimoniales.

Riesgo de fuga y trámite judicial

El planteo fue dirigido al juez federal Sebastián Argibay, titular del juzgado en Santiago del Estero, pero como se encuentra de vacaciones interviene el juez federal de turno en Tucumán, quien deberá resolver sobre las detenciones, allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes solicitados.

El pedido de detención se apoya en la presunta capacidad económica de los imputados y en la existencia de una "organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país", según el dictamen fiscal.

La imputación: cómo se habría montado la maniobra

Según la acusación, Tapia, en su rol de presidente de la AFA, habría convalidado transferencias de dinero hacia empresas vinculadas a Toviggino. Esos movimientos constituyen, para el fiscal, el punto de partida de un esquema de desvío de fondos que luego se canalizó a través de una red societaria.

Entre las firmas mencionadas aparece Real Central SRL, asociada al presunto testaferro Luciano Pantano y vinculada a una casaquinta en Pilar valuada en USD 20,8 millones. También figura la empresa TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, que emitió facturas a sociedades relacionadas con el tesorero.

El fiscal plantea que esas facturas no respondían a servicios reales y que formaban parte de un circuito destinado a justificar transferencias de dinero desde la AFA hacia empresas privadas.

Tres etapas del lavado

La imputación describe un mecanismo en tres fases. En la primera, los fondos presuntamente obtenidos de manera ilícita habrían ingresado al sistema financiero mediante empresas controladas o vinculadas a Toviggino.

En una segunda etapa, esas sociedades habrían emitido facturas entre sí -las denominadas "facturas inter-bloque"- para dificultar el rastreo del dinero. El objetivo, según el dictamen, fue fragmentar los movimientos y encubrir su origen.

La tercera fase consistió en la utilización de esos fondos para adquirir bienes y realizar inversiones. De acuerdo con la acusación, Toviggino habría comprado propiedades, vehículos y activos financieros a nombre de sociedades, pero para uso personal, lo que habría permitido disimular la titularidad real.

Bienes, empresas y operaciones bajo la lupa

El expediente menciona la existencia de al menos 35 inmuebles en Santiago del Estero -entre estancias, casas y lotes- vinculados a sociedades relacionadas con Toviggino y su entorno. También registra participaciones en empresas, vehículos y movimientos financieros.

Entre las operaciones señaladas aparecen plazos fijos, compra de acciones y transacciones con dólar MEP. A esto se suman viajes al exterior detectados por la Dirección de Migraciones y un crecimiento patrimonial que el fiscal considera inconsistente con la actividad declarada.

La investigación incluye a más de dos docenas de personas del entorno familiar y empresarial del tesorero, así como a los titulares formales de bienes bajo análisis.