La investigación judicial que tiene bajo la lupa a la financiera Sur Finanzas por presunto lavado de activos sumó un elemento central: la Justicia encontró indicios firmes de la existencia de una estructura organizada y jerárquica dentro de la empresa, orientada a borrar pruebas y ocultar documentación sensible antes y después de los allanamientos.

 La causa por presunto lavado de activos contra Sur Finanzas incluye el análisis de cerca de 40 teléfonos celulares secuestrados, la revisión de préstamos inflados, movimientos millonarios de efectivo sin respaldo, transferencias virtuales y la presunta utilización de monotributistas sin capacidad económica real para simular operaciones financieras. 

El expediente tramita en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, con intervención de la fiscal federal Cecilia Incardona. La causa apunta al funcionamiento interno de la firma y al rol de sus principales responsables, entre ellos Ariel Vallejo, empresario vinculado al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Según el material reunido por la Policía Federal, entre el 1 y el 11 de diciembre de 2025 se desplegó una serie de maniobras coordinadas orientadas a eliminar evidencia. El esquema incluyó el borrado de registros de cámaras de seguridad, el retiro de dinero en efectivo, el formateo de computadoras, la desconexión de sistemas, el ocultamiento de dispositivos electrónicos y el retiro de documentación física.

Órdenes por chat y cadena de mando

La reconstrucción judicial se apoya en una serie de comunicaciones internas que exhiben órdenes precisas, roles asignados y una cadena de mando definida.

Uno de los episodios centrales ocurrió el 1 de diciembre de 2025 a las 00:51, cuando Daniela Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, envió instrucciones a la tesorera de la firma, Micaela Sánchez. En ese intercambio, le ordenó que un empleado identificado como Enrique "vaya a recaudar dinero" y que transmitiera a "Agustín" la directiva de que "borre las cámaras".

En el mismo mensaje, pidió que "Juan", del área de Sistemas, "se quede en su casa", una maniobra que, según consta en el expediente, buscaba apartarlo de la escena durante las horas críticas.

La causa también identifica a Agustín Maciel como quien, ese mismo 1 de diciembre, eliminó registros fílmicos de la empresa, en línea directa con las órdenes previas sobre el borrado de cámaras de seguridad.

En ese marco, la investigación incorpora comunicaciones atribuidas a la secretaria ejecutiva Nahiara Gamarra que, según la Policía, evidencian una relación jerárquica respecto de Micaela Sánchez. Para los investigadores, ese vínculo refuerza la hipótesis de una estructura organizada para ejecutar las maniobras de ocultamiento.

Recursos Humanos, sistemas y documentación paralela

La estructura de encubrimiento habría involucrado a varias áreas de la empresa. El expediente señala el rol de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos, quien el 1 de diciembre de 2025 envió un mensaje a "Juan Soler" con la orden de que "ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas", una instrucción orientada a inutilizar los sistemas informáticos.

El 6 de diciembre surgió otro intercambio relevante. Cecilia, cajera de la firma, escribió a Micaela Sánchez: "Acordate que tengo eso. Vos después decime qué hago?". Ante la consulta de la tesorera -"¿qué te había dado?"-, respondió: "Dos cuadernos. Están bien guardados". La Justicia incorporó este diálogo como indicio del resguardo deliberado de documentación fuera del circuito formal.

Cinco días después, el 11 de diciembre, Micaela Sánchez volvió a comunicarse con el área de Sistemas para informar que "en un rato va a ir a buscar los CPU al depósito", en referencia al retiro de computadoras y teléfonos celulares para ponerlos fuera del alcance de los investigadores.

Guardias, limpieza y retiro de ploteos

El expediente incorpora además un mensaje enviado el 6 de diciembre de 2025 por Rolando Soloaga, jefe de choferes de Sur Finanzas, en un grupo interno de trabajadores. En ese texto, informó que, "a pedido del jefe", se montarían guardias en el estacionamiento "para que vean que estemos y no se roben nada", además de coordinar tareas de limpieza y el retiro de ploteos identificatorios de las camionetas de la empresa.

Allanamiento en Turdera y detenciones

Las maniobras tuvieron un punto de inflexión el 11 de diciembre de 2025, cuando un vecino alertó a la fiscalía sobre movimientos de camionetas Toyota SW4 de la financiera que realizaban una "mudanza" hacia un galpón en Turdera, partido de Lomas de Zamora.

Durante el allanamiento, la Policía Federal encontró cajas con documentación, servidores, cajeros automáticos y cajas fuertes. En ese operativo detuvieron a Micaela Sánchez, quien intentaba ocultar teléfonos celulares debajo del asiento de un vehículo, junto a dos choferes.

El 23 de diciembre, el juez Armella procesó con prisión preventiva -bajo modalidad de arresto domiciliario- a Sánchez y a los choferes Sergio Da Silveira y Juan Cervín, acusados de "encubrimiento agravado" por intentar destruir pruebas vinculadas a un delito mayor.

Defensa de Vallejo y contexto de la causa

Desde el entorno de Ariel Vallejo negaron que el empresario haya dado órdenes para destruir o eliminar material probatorio. "Menos aún después del allanamiento, porque se llevaron todo", afirmaron.

Respecto del accionar de algunos empleados, la estrategia defensiva sostiene que pudieron haber actuado por iniciativa propia, amparados en la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación.

Estas evidencias se suman a una investigación más amplia por presunto lavado de activos, que incluye el análisis de cerca de 40 teléfonos celulares secuestrados, préstamos inflados, movimientos millonarios en efectivo, transferencias virtuales y la presunta utilización de monotributistas sin capacidad económica real para simular operaciones.