Claudio "Chiqui" Tapia quedó en el centro de la causa penal tributaria que investiga el presunto no ingreso de aportes previsionales e impuestos por más de $19.300 millones y comenzó a desplegar una estrategia judicial para revertir su situación procesal antes de prestar declaración.

El juez en lo penal económico Diego Amarante ordenó su citación a indagatoria junto a otros integrantes de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y dispuso la prohibición de salida del país por la gravedad de los hechos investigados y la eventual pena en expectativa.

Las audiencias comenzarán el 5 de marzo y se extenderán hasta el 9, con la comparecencia de Tapia, del tesorero Pablo Toviggino, del secretario general Cristian Malaspina, del director general Gustavo Lorenzo y del ex secretario general Víctor Blanco.

La estrategia judicial y el respaldo institucional

La defensa del titular de la AFA, en línea con un comunicado institucional difundido por la entidad, centró su planteo en rechazar la existencia de una obligación exigible y, por lo tanto, la configuración de delito.

Antes de la citación formal, los abogados de Tapia solicitaron su sobreseimiento y pidieron la intervención de la Cámara en lo Penal Económico para que revise lo resuelto por el juez de primera instancia. El magistrado concedió esa apelación, lo que habilitó la revisión por un tribunal superior mientras la investigación continúa.

En un comunicado oficial, la AFA sostuvo: "La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA".

Según esa posición, los pagos cuestionados "se hicieron en forma previa a su vencimiento", argumento que ya fue introducido en el expediente y que ahora deberá analizar la Cámara.

La entidad también cuestionó el encuadre penal del caso. "ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario", afirmó. Y calificó el llamado a indagatoria como "prematuro y carente de justificación jurídica".

Qué investiga ARCA

La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, presentada en diciembre de 2025, describió 69 hechos vinculados a retenciones impositivas y de seguridad social que, según el organismo, no fueron ingresadas dentro de los plazos legales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El monto total bajo investigación asciende a $19.353.546.843,85.

El encuadre se basa en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario, que prevén penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no ingresan al fisco los montos retenidos cuando superan los mínimos establecidos por ley.

ARCA interpretó que la conducta se extendió durante 19 meses consecutivos y utilizó ese período para sostener que no se trató de un incumplimiento aislado. También señaló que la AFA registró acreditaciones bancarias relevantes e incluso constituyó plazos fijos, elementos que el organismo utilizó para argumentar que existía capacidad económica para cumplir con las obligaciones.

El foco en la toma de decisiones

El expediente incorporó testimonios administrativos que describieron el circuito interno de pagos. Desde las áreas contables se elaboraban las declaraciones juradas, se informaban los vencimientos y se generaban los Volantes Electrónicos de Pago tras recibir instrucciones del tesorero.

Una de las responsables del área declaró que los vencimientos se comunicaban por correo electrónico a Toviggino, quien transmitía la orden de pago. Otra testigo indicó que el tesorero concentraba la información económica, mientras el presidente firmaba los estados contables y administraba la clave fiscal de la entidad.

Para el organismo recaudador, las decisiones finales correspondían a la conducción integrada por presidente, secretario general y tesorero, con intervención necesaria para disponer de los fondos.

Restricciones y próximos pasos

Además de las indagatorias, el juez dispuso la prohibición de salida del país para los imputados, medida que la defensa de Tapia buscará revertir o morigerar mediante pedidos de autorización judicial para viajes ya previstos.

El avance de la apelación y las declaraciones indagatorias correrán en paralelo durante las próximas semanas, en un escenario en el que la Cámara deberá revisar los planteos defensivos mientras el proceso penal sigue su curso.

Una escena pública en medio del expediente

Tapia conoció la decisión judicial mientras participaba de un acto en La Rural, donde se presentó la Copa del Mundo original en una exhibición previa al Mundial. Tras mirar su teléfono, se levantó y se retiró del lugar sin hacer declaraciones.

Esa misma noche reapareció en la final de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo, ubicado en un palco junto al presidente del club anfitrión, Nicolás Russo, en su primera aparición pública luego de que la causa avanzara hacia la instancia de indagatorias.