El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, logró postergar una semana su citación a indagatoria en la causa por presunta evasión impositiva impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La audiencia, prevista para este jueves en el fuero penal económico, fue reprogramada para el 12 de marzo luego de que el dirigente cambiara de abogados.

La decisión fue adoptada por el juez Diego Amarante tras el pedido de la nueva defensa, que solicitó tiempo para estudiar el expediente. Hasta ahora Tapia estaba representado por los letrados Lucio Simonetti y Norberto Frontini; en adelante su defensa quedará a cargo de Luis Fernando Charró.

El dirigente debía presentarse en los tribunales de la avenida de los Inmigrantes 1950. Allí estaba prevista una audiencia a las 10.30 en representación de la AFA como institución y, dos horas más tarde, su indagatoria personal.

La causa por la deuda fiscal de la AFA

El expediente se originó en una denuncia presentada por ARCA en diciembre pasado. El organismo sostiene que la AFA omitió el depósito de retenciones impositivas y aportes previsionales correspondientes al IVA, el impuesto a las ganancias y contribuciones a la seguridad social.

Según la acusación, la deuda asciende a más de $19.300 millones y corresponde a distintos períodos fiscales comprendidos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

ARCA actúa como querellante en el expediente y sostiene que el incumplimiento no pudo ser una decisión aislada del tesorero. La acusación apunta a que la conducción de la entidad estaba al tanto de la situación financiera y de las deudas, dado que los principales directivos firmaban periódicamente los estados contables.

Los dirigentes citados a declarar

Además de Tapia, el juez Amarante citó a indagatoria a otros integrantes de la conducción de la AFA. Entre ellos figuran el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina, el exsecretario general Víctor Blanco y el director general Gustavo Lorenzo.

Todos los acusados enfrentan cargos por el delito de retención indebida de tributos, que contempla penas de entre dos y seis años de prisión. También tienen vigente una prohibición de salida del país que fue apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

Una de las medidas ordenadas durante la investigación fue verificar si la AFA contaba con fondos para afrontar los pagos. Según informes bancarios incorporados al expediente, la entidad tenía cuentas con alrededor de $8.000 millones y plazos fijos en dólares por unos cinco millones de dólares.

La defensa de Tapia y el planteo sobre la deuda

La defensa del presidente de la AFA sostiene que no hubo delito. El argumento central es que parte de la deuda ya fue abonada y otra parte se encuentra regularizada mediante planes de pago. Sin embargo, la legislación penal tributaria establece que el delito se configura cuando vence el plazo para depositar los tributos retenidos, independientemente de una regularización posterior.

Además, los abogados sostienen que resoluciones vigentes de ARCA y del Ministerio de Economía suspendieron las ejecuciones fiscales contra asociaciones civiles. Según ese planteo, al no poder ejecutarse esas deudas tampoco serían exigibles penalmente.

El juez Amarante rechazó ese argumento al considerar que la suspensión administrativa de las ejecuciones fiscales no elimina la obligación de depositar en plazo los tributos retenidos.

Antes del cambio de abogados, la defensa había intentado frenar las indagatorias con un pedido de nulidad hasta que la Cámara resolviera el planteo de cierre de la causa. El magistrado calificó ese pedido como "improcedente" y lo rechazó.

Paro del fútbol y reacción de los clubes

El avance del expediente generó una reacción institucional del fútbol argentino. El comité ejecutivo de la Liga Profesional resolvió suspender la fecha 9 del Torneo Apertura y paralizar la actividad en todas las categorías entre el 5 y el 9 de marzo.

Desde la AFA sostienen que la investigación tiene un trasfondo político y vinculan la denuncia con el gobierno nacional. En ese contexto, Tapia deberá presentarse finalmente el jueves 12 para declarar ante el juzgado en lo penal económico.

El magistrado dispuso además un operativo especial de seguridad para esa audiencia y ordenó restringir el acceso al piso del juzgado únicamente a quienes tengan actividad judicial.