El Gobierno abrirá mañana los sobres correspondientes a la primera licitación de seis corredores viales que se llevará adelante bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP). El acto se realizará en el Centro Cultural Kirchner de 9 a 11 de la mañana y será la primera prueba de fuego de este esquema, que le permitirá al Ejecutivo mantener el ritmo de obras sin la necesidad de endeudarse o incrementar el déficit.

A diferencia de los contratos de obra pública tradicional, en los de PPP la empresa ganadora de la licitación inicia la obra con fondos propios o financiándose con préstamos de bancos locales, con su propia garantía. Cada mes, el Gobierno emitirá un Acta de Reconocimiento de Avance de Inversión (ARAI), a fin de calcular la inversión aún no amortizada, tarea para la que el Ejecutivo compró del exterior vehículos con cámaras que tienen la capacidad de dirimir objetivamente el grado de avance. Al cabo de cada trimestre, la constructora habrá acumulado tres ARAI que le permitirán hacerse de un título de pago por inversión (TPI), nominado en dólares, para los gastos en moneda extranjera, en tanto para las erogaciones en pesos se emitirán TPD, que ajustarán por inflación.

El TPI no se contabiliza como deuda pública y será emitido por el fideicomiso PPP, el cual está respaldado en primer término por el Sisvial, un fondo fiduciario que se nutre del impuesto al gasoil y que, a partir de 2020, sólo podrá destinarse a obras construidas mediante los contratos público-privados. La garantía secundaria es del Presupuesto nacional.

Con el TPI las constructoras podrán dárselos a los bancos y estos a su vez a fondos de inversión internacionales, y así obtendrán el grueso del financiamiento para seguir con las obras en un plazo de cinco años.

En ese sentido, el debate sobre estas licitaciones gira en torno a la tasa que le pedirán a las empresas, que podría estar cerca del 10% anual, más de dos puntos por arriba de lo que paga el Gobierno nacional cuando coloca deuda.

"Sería una tasa exitosa y competitiva", planteó el secretario de la Cámara de la Construcción (Camarco) y experto en PPP, Julio Crivelli.

"Puede ser que las obras terminen saliendo entre 2,5 y tres veces en relación al sistema tradicional, pero hay que tener en cuenta que se pagan a lo largo de los años, nos las están financiando", argumentó el directivo de la Camarco.

Es que este esquema contempla contratos a quince años en los que en los primeros cinco el ganador de la licitación construye y recién a partir de ahí y durante diez años para cada TPI el Gobierno comienza a realizar los pagos de la obra de manera semestral. Para la operación y el mantenimiento, los fondos provendrán de los peajes.

"No hay razón para que las obras terminen siendo más caras", se defienden en el ministerio de Transporte.

La apertura de sobres debió posponerse en dos oportunidades por pedido de los ofertantes, que en ese lapso obtubieron algunas ventajas impositivas para incentivarlos a invertir. La primera es que el fideicomiso PPP estará exento del IVA al emitir los TPI, lo que permitirá bajar el costo del endeudamiento. La segunda zanahora es la posibilidad de que les devuelvan a los contratistas la retención de Ganancias que les aplican cuando realizan pagos al exterior.

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