El Gobierno decidió tirarle un salvavidas a las empresas constructoras, apremiadas por las causas judiciales que involucran a una veintena de los principales dueños y ejecutivos de las compañías. El Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, - jefe de los abogados del Estado- avaló la posibilidad de adjudicar obras a las empresas cuyos directivos están investigados por el pago de coimas. Se trata, en realidad, de un beneficio mutuo. Las compañías continúan contratando con el Estado y el gobierno se garantiza la continuidad de obras públicas para mostrar gestión en el año electoral.

El dictamen de Saravia Frías -al que accedió BAE Negocios- diferencia a las personas físicas acusadas de las compañías a las que pertenecen. Indica que "aún de acreditarse que los delitos cometidos por las personas humanas procesadas hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con intervención o en nombre, interés o beneficio de los oferentes, no resulta aplicable la Ley N.° 27.401, que estableció el régimen de Responsabilidad Penal para personas jurídicas.

El dictamen es a partir de una causa que involucra a Aldo Roggio en una investigación que lleva adelante el juez Sebastián Casanello por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. por contrataciones digitadas para realizar obras para AYSA. Por ese caso procesó a Roggio, a Tito Biagini y al ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner.

"Los procesamientos de los señores Roggio y Bigiani no podrían proyectar sus efectos sobre las personas jurídicas Benito Roggio e Hijos S.A. Y José Cartellone Construcciones Civiles S.A. En el marco de la licitación en curso" por la ampliación de capacidad de un tramo del Río Salado, indicó Saravia y remarcó que aunque se comprobaran los delitos, la ley no sería aplicable porque se sancionó con posterioridad a esos hechos investigados.