Desde hace cerca de 30 días el gobierno nacional viene generando anuncios sobre el futuro de lo que va a pasar en nuestra economía desde enero del 2020. La resolución que viene tomando el gobierno en este último tiempo marca una tendencia y también una información muy fuerte e importante.

El gobierno nacional ya finalizó las gestiones con las provincias de Córdoba, San Juan y Mendoza y está realizando en estos momentos esas mismas gestiones con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al concluirlas pretende hacerlas con el resto de las provincias para que desde el 1 de enero de 2020 todos los regímenes simplificados de Ingresos Brutos provinciales pasen a ser recaudados y manejados por la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva (Afip-DGI). Esa recaudación significa, al sumar todas las provincias, una cifra cercana a los $100.000 millones mensuales lo que significaría, al anualizarlo, de un monto cercano al $1,2 billones de miles, o sea cerca de US$ 22.000 millones con un dólar estadounidense valuado a $54.

Todo esto deja en evidencia los siguientes puntos:

  • Incumpliría el pacto fiscal que firmaron, y en el cual debe tenderse a eliminar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
  • Desfinanciaría a las provincias desde sus propias recaudaciones

El Gobierno pretende que todos los regímenes simplificados de II.BB. sean recaudados por la Afip

  • De acuerdo a lo dictado por la Constitución Nacional no se respetarán las autonomías provinciales por lo cual sería un "avasallamiento"
  • Desde el mes de enero y durante el año 2020 el actual gobierno deja de tener financiamiento externo desde el FMI y caería en default desde ese mismo mes

Estos son datos que nadie dice nada que están ocurriendo pero que son muy serio y se debe tener en cuenta, para entender cómo viene la situación económico-financiera. De todos estos puntos el más importante para sostener la República es el "avasallamiento" que se realiza sobre las provincias y sus recaudaciones generándoles perjuicios muy graves que deben ser repudiados con una declaración del Honorable Congreso Nacional en la brevedad y en forma posterior por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puesto que ya queda demostrado con el propio accionar del gobierno que no le importa resguardar la República y sus instituciones.

*Economista

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