La justicia norteamericana cerró uno de los casos de mayor sobre bonos defaulteados en 2001 aunque ante el panorama completo de juicios pendientes en Nueva York represente un monto marginal. Se trata de la acción de clase Seijas, cuyos integrantes accedieron a cobrar poco más de 15 millones de dólares por los más de 10 años de pleito judicial. El Gobierno estima que restan casi 1.200 millones de dólares de eventuales pagos a demandantes.

Las acciones de clase son el tipo de juicios que sostuvieron bonistas individuales de forma grupal, de manera de compartir gastos de representación, entre otras ventajas. Según explica el analista de Research for Traders Sebastián Maril, el monto final de acuerdo de la acción de clase Seijas es menor: 15 millones de dólares. Para este tipo de bonistas los problemas surgieron cuando el país presentó su oferta de pago, que para ese tipo de tenedores preveía un pago de 150% del capital. Resulta que en algunos casos, para inversores minoristas, a ese pago de 150% tenía que restarle los gastos en abogados, por lo que el retorno neto recibido era menor. Para bonistas que litigaron durante más de 10 años en algunos casos eso fue una desincentivo para ingresar en los acuerdos con el Ministerio de Finanzas. Para las acciones de clase, el procedimiento es más largo para conseguir el cobro definitivo, ya que previamente deben conseguir aval de la justicia para ser considerados efectivamente miembros de ese grupo, con determinados requisitos y tipos de bonos.

Actualmente quedan pendientes cerca de 1.200 millones de dólares, aunque una parte de ese total el Gobierno afirma que están "prescriptos" por lo que ya no serían pasibles de reclamo judicial. Para pasar en limpio: de ese total casi 1.100 millones corresponden a títulos defaulteados con ley extranjera y el resto a bonos jurisdicción nacional. Hay una pequeña parte, además, que corresponde a bonistas alemanes y aunque si bien ya existe una oferta de pago, aún no están resueltos esos casos. Actualmente el Gobierno nacional está negociando con las autoridades alemanas y agentes de pago para liquidar los saldos a esos tenedores sin incumplir ciertas normas impositivas y anti lavado de dinero.

De acuerdo al último informe de Jefatura de Gabinete al Congreso nacional, "del total de 7,6% no ingresado a los canjes de 2005 y 2010, el 80% aceptó la oferta. Del saldo remanente de títulos con ley y jurisdicción aplicable distinta de la Argentina (por 1.080 millones de dólares), el 39% se encuentra prescripto, lo que arroja a la fecha una estimación total de pagos a efectuar de aproximadamente u$s900 millones, si se presentaran los tenedores. Si a esa cifra se adicionan los títulos elegibles con Ley y jurisdicción aplicable argentina, el monto total remanente a abonar ascendería a aproximadamente u$s 1.180 millones", apuntó el reporte oficial. Ese casi 40% de prescripción que señala el Gobierno provino de una "ayuda" del juez Thomas Griesa, en diciembre de 2016, que limitó el período para reclamar intereses a seis años.