Debido al recorte presupuestario de $30.000 millones en la obra pública para este semestre, empresarios de la construcción aseguraron que ya se perdieron 5.000 puestos de trabajo en agosto y 20.000 empleos desde junio, a pesar de que el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) informó una suba del 2,9% interanual en junio.

Mientras en junio se verificó una pérdida de alrededor de 8.000 despidos derivados de la obra pública, y en julio se observó una cifra similar, desde algunas firmas nucleadas en la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) señalaron a BAE Negocios que "en agosto, por lo menos, se cayeron otros 5 mil puestos".

Algunos directivos de la entidad se mostraron sorprendidos por la difusión del informe del IERIC, un ente público no estatal controlado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. "Debería dar una baja interanual, no una suba", fue una de las respuestas más tajantes.

"El empleo formal en la industria de la construcción subió 2,9% interanual en junio último, tasa que representó el ritmo de crecimiento más moderado de los últimos 16 meses", informó el IERIC. Durante junio, el sector alcanzó los 420.740 puestos de trabajo, nivel que se ubicó 1,2% por debajo de mayo de este año. En este punto, el organismo reconoce una caída en el empleo intermensual, aunque inferior a los datos privados.

Las fuentes consultadas indicaron que la caída del empleo se da en la obra pública, donde a pesar del discurso oficial sobre la normalidad en los planes, existen recortes y retrasos en los plazos de ejecución. Como adelantó este medio, las transferencias de la Nación a los distritos pasaron de un tiempo promedio de 60 días a 120 días.

"Las provincias y las empresas ya no cobran a 60 días sino a 120 días en todo el país. Es impensado que la actividad vuelva a impulsarse en septiembre por lo que analizamos, sino un empeoramiento, y hay una mínima esperanza puesta en el último trimestre", expresaron las fuentes consultadas.

Esta coyuntura provocó un debilitamiento en la cadena de pagos debido a que el freno o la desaceleración de los proyectos en marcha afecta el pago a los proveedores. El caso de Salta tomó relevancia por una solicitada de la Cámara Salteña de la Construcción, donde anunciaron la "inevitable" disminución o paralización de obras en curso, "con el consiguiente despido de personal, alteración de la cadena de pagos, cierre de empresas y cancelación o retraso en la entrega de las obras a sus beneficiarios naturales".

Los empresarios explicaron que están afectados por la inflación y el retraso de los pagos, algo por lo que aseguran que hicieron las gestiones ante organismos nacionales y provinciales: "no hemos obtenido ni respuestas ni soluciones". En el comunicado de la Cámara Salteña de la Construcción, explican que muchas obras "pudieron terminarse con los aportes de fondos propios realizados por las empresas constructoras, en muchos casos recurriendo a financiamiento bancario". "Pero nuestra capacidad para continuar financiando la obra pública está agotada", afirmó la comunicación.