La presión de la dirigencia opositora y sus aliados de la UCR, la judicialización del tema y el malestar de los usuarios empujaron al Gobierno a ir en contra de lo que hasta ayer por la mañana el propio presidente Mauricio Macri defendía: resarcir a las empresas distribuidoras de gas por la reciente devaluación a través del aumento de la tarifa en 24 cuotas. Tras un acuerdo con el PJ, desde el oficialismo resolvieron que no serán los consumidores los que abonen directamente la compensación de $20 mil millones a las compañías gasíferas, sino el Estado nacional mediante un plan de pagos en 30 cuotas durante tres años a partir de octubre del próximo año.

Desde temprano distintos funcionarios de la administración central apuntaron sus críticas contra el secretario de Energía, Javier Iguacel, por la resolución 20/2018, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial. Lo acusan de no haber leído correctamente la actual situación social, ni haber tomado en cuenta que la medida podía empantanar el debate del Presupuesto 2019 en el Congreso. El encargado de desactivar el enojo de la oposición fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que se trasladó al mediodía al Senado para reunirse con todos los jefes de bloques para acodar una salida conjunta.

Un rato antes de ese encuentro, los gobernadores Gerardo Morales, de Jujuy, y Alfredo Cornejo, de Mendoza, se encargaron de hacerle saber a Frigerio que el radicalismo presentaría una propuesta para que el Estado nacional pague el 50% del diferencial "en calidad de subsidio a los usuarios " y que el 50% restante sea absorbido por las empresas de gas.

La reunión en la Cámara alta entre el titular de la cartera de Interior y los senadores tenía dos objetivos. Por un lado, frenar la derogación de la medida en la sesión especial pautada para ayer en el Senado y en la del 18 de octubre próximo en Diputados, lo que podría haber llevado a Macri a tener que hacer uso de un nuevo veto; y por otro lado, negociar con el PJ un salida al embrollo de las 24 cuotas que prometía un alto costo en el terreno social y político.

Según fuentes de la Casa Rosada, se llegó a un acuerdo para respetar los plazos de la discusión del Presupuesto, aunque admiten que podría atrasarse un poco su aprobación. A cambio, el oficialismo cedió a la oposición el rol protagónico en la solución del conflicto. Por la tarde, el Senado aprobó con 63 votos un proyecto de comunicación que apunta a dejar sin efecto el incremento adicional retroactivo en las tarifas del gas y encomienda al Ejecutivo nacional a negociar una alternativa con las compañías, "sin costo para los usuarios".

Como estaba estipulado, un rato después, Iguacel anunció la noticia en la sala de Prensa de la Casa de Gobierno: "Lo que se resolvió es que la deuda no la paguen los usuarios, sino que se haga cargo el Tesoro nacional". Visiblemente nervioso, intentó esgrimir las razones del cambio: "Pusimos todo en la balanza y evaluamos que el impacto iba a ser menor en la sociedad de lo que realmente fue. Escuchamos y entendimos a la sociedad y abrimos las puertas a discutir con todos los legisladores".