Las provincias opositoras avanzarán con una lista de ocho reclamos centrales al Gobierno nacional la semana que viene cuando tenga lugar el encuentro privado con el presidente Mauricio Macri. La lista de demandas provinciales incluyen una solución “ya” para el Fondo del Conurbano Bonaerense, la coparticipación automática de pagos a cuenta de otros impuestos, la prórroga del Pacto Fiscal de 1993, la recomposición de fondos a La Rioja, el fi nanciamiento de las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación, la automatización de ATN, la revisión de las exenciones impositivas de los proyectos PPP y las autorizaciones más rápidas desde la Casa Rosada para que las provincias puedan tomar deuda.

El punteo se definió ayer en la primera reunión técnica entre los ministros de Hacienda de las provincias justicialistas (más Santa Fe) en la que estuvieron presentes además legisladores nacionales como el diputado Marco Lavagna, del Frente Renovador, Diego Bossio, del bloque justicialista y el senador saliente Juan Manuel Abal Medina. La semana que viene habrá una nueva reunión de este tipo, aunque el trazo grueso de reclamos que los gobernadores llevarán a la Casa Rosada el 9 de noviembre están prácticamente decididos.

Una de las espadas legislativas opositoras admitió ante la consulta de este diario que “las provincias ya están trabajando variantes de esquemas de modifi - cación del Fondo del Conurbano que serían aceptables” respecto al impacto fiscal en sus arcas. Este fondo, como ya vienen afirmando desde las provincias desde hace tiempo, está al tope de la lista de reclamos a la Nación: “necesitamos una solución ya”, remarcó un ministro de Hacienda ayer al fi nalizar el encuentro. Los funcionarios de esa área en las provincias tienen que diseñar los presupuestos del año próximo sin saber si contarán o no (o en qué medida) con esos fondos que hasta ahora les llegan. El reparto de este año alcanza casi 45.000 millones de pesos.

En segundo lugar, las provincias llevarán a la mesa de negociación la idea de que aquellos pagos a cuenta de otros impuestos (como el que quiere implementar el Gobierno nacional con el Impuesto al Cheque como descuento de Ganancias) no erosione la base imponible coparticipable.

Otro punto que mirán con alarma en los despachos provinciales es el fin de la vigencia del último Pacto Fiscal, firmado entre la Casa Rosada y las gobernaciones en 1993. Si ese pacto perdiera status legal, las provincias deberían reducir las alícuotas de Ingresos Brutos.

El cuarto punto está relacionado con el reclamo histórico de la provincia de La Rioja, que desde 1988 recibió una partida denominada de “extracoparticipación” y que sirvió como compensación por el punto porcentual que perdió en la última actualización de los coeficientes de coparticipación de cada provincia. Esos giros fueron suspendidos en el presupuesto del año próximo. Según cálculos de esa provincia, se trataría de unos 5.600 millones de pesos.

Por otra parte, los gobernadores tienen en la mira el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que realiza el Ministerio del Interior: demandarán un mayor grado de automatización y la liquidación de saldos acumulados de años anteriores que, afirman los gobernadores opositores, no se giraron.

Respecto al Presupuesto nacional del año que viene, los ministros de Hacienda anotaron como un punto a plantear los proyectos de obra pública bajo el esquema de participación público-privada (PPP). Las provincias tienen dos cuestionamientos. Por un lado, la posibilidad de exenciones impositivas para los proyectos financiados bajo esta modalidad y que afectaría la capacidad recaudatoria de las provincias. Por otro, los gobernadores de provincias más chicas consideran que el reparto de proyectos está centralizado en el área metropolitana de Buenos Aires y que las obras alejadas de los grandes centros urbanos tendrán menos incentivos para el financiamiento desde el sector privado.

Por último, trece provincias demandarán al Gobierno que modifique el monto de fondos previsto en el presupuesto 2018 para cubrir las cajas jubilatorias, que nominalmente es el mismo que el de este año. Sobre este tema, ayer se reunieron los representantes de esas trece provincias con Anses y el Ministerio del Interior y acordaron que, para realizar el cálculo de simulación sobre el costo de cada caja provincial, en aquellos casos en que no sea posible contar con los datos exactos de algún trabajador se utilizará como criterio un salario mínimo. Anses se comprometió a finalizar los cálculos en las próximas dos semanas.

  • Los ocho puntos de reclamos a la Casa Rosada

Las provincias no oficialistas diagramaron una hoja de ruta de ocho puntos principales para debatir con el Gobierno nacional.

1. Fondo del Conurbano: una salida política antes de un fallo de la Corte Suprema.

2. Pagos a cuenta: las provincias buscan coparticipación automática de esos descuentos.

3. Pacto Fiscal: prórroga del acuerdo de 1993.

4. La Rioja: mantener la recomposición histórica a la provincia.

5. Cajas jubilatorias: que la Nación asegure el financiamiento.

6. ATN: mayor grado de automatización.

7. Proyectos PPP: revisión de exenciones impositivas.

8. Deuda: autorizaciones más rápidas desde la Nación.