Luego del anuncio oficial sobre la recorte del 66% a los reintegros de las exportaciones para este año y 2019, diversos sectores industriales plantearon la posibilidad de judicializar la medida, amparados en la ley nacional de adhesión a la Organización Mundial del Comercio ( OMC), donde se defiende el derecho de los exportadores a percibir una compensación equivalente por los impuestos que cancelan a nivel local para la producción de esos bienes.

El director ejecutivo de la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA), Marcelo Ceretti, reveló a BAE Negocios que "la decisión tomada por el Gobierno de rebajar los reintegros a la exportación es claramente violatoria de la normativa de la OMC". Otras fuentes del sector, y de segmentos como el textil, calzado y metalurgia señalaron que "el decreto abre las puertas para que entidades o empresas presenten recursos judiciales que frenen la medida".

El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, capítulo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de 1994, establece que en materia de comercio internacional, continúa vigente el principio universal tributario de "no exportar impuestos". Esto significa que se debe evitar que el producto exportado sufra una doble imposición tributaria, tanto en el país exportador como en el importador, porque el país exportador reconoce la potestad tributaria del país de destino y no tiene que gravar los bienes exportados.

Por ello, cualquier país está obligado a compensar los impuestos indirectos incluidos en el valor de los productos vendidos al exterior y se lo devuelve al último contribuyente que los canceló, o sea su exportador. En otros términos, es admisible para la OMC la devolución de los impuestos porque no se efectivizó el consumo interno del bien. "Hoy (por ayer), vimos cómo el Ejecutivo, de un plumazo, reduce los reintegros que son un derecho garantizado internacionalmente por los impuestos que se pagan como Ingresos Brutos o tasas municipales", expresó Ceretti.

Este reintegro no constituye un subsidio o estímulo a la exportación. Y según indican, el Gobierno está facultado para modificar alícuotas, pero no a romper el equilibrio entre costo impositivo y los reintegros.