Por las trabas, aún irresueltas, que impuso el cepo a las empresas para cancelar sus vencimientos de deuda con acreedores no residentes en el país, se incrementan los reclamos al Banco Central. Es que, tras la caída en default técnico de dos firmas argentinas, analistas advierten que el stock de compromisos externos del sector privado que corre riesgo de caer en la misma situación supera los US$80.000 millones. A eso se suman US$12.000 millones en títulos emitidos por provincias, que tienen una restricción similar.

El lunes, el BCRA dispuso una flexibilización del control de cambios para el pago de deuda externa, que dejó al margen a las empresas y las provincias. La entidad que preside Guido Sandleris colocó un nuevo parche al cepo: habilitó los giros de dólares al exterior para las entidades depositarias, como la Caja de Valores, que provengan del cobro de vencimientos de instrumentos emitidos por el Tesoro nacional para evitar que la cesación de pagos de las Letes, Lecap, Lecer y Lelink para personas jurídicas, anunciada por el ministro Hernán Lacunza hace tres semanas, se extienda a las personas físicas o a otros títulos.

A pesar de que tanto la constructora Irsa como la alimenticia Yuspe cayeron en default técnico por dificultades en sus pagos, el Central excluyó al sector privado de esa posibilidad. Consultadas por BAE Negocios, fuentes de la entidad evitaron precisar si habrá nuevas enmiendas al control de cambios que resuelva estos inconvenientes y se limitaron a señalar: "Se están estudiando aclaratorias en distintos temas". Mientras tanto, la entidad evaluará caso por caso antes de habilitar los giros.

El volumen de deuda externa de las empresas hoy en riesgo supera los US$80.000 millones y equivale al 16,3% del PBI. Este stock creció abruptamente durante el Gobierno de Mauricio Macri y en la actualidad es 24% mayor al del cuarto trimestre de 2015 e incrementó en 60% su peso en la economía (antes representaba poco más del 10% del producto). Sobre todo en 2017 cuando, a la apertura a los mercados financieros, se sumó el rebote de la actividad económica tras la recesión de 2016.

"La opción de endeudarse a tasas menores que las locales era tentadora y las perspectivas de ingreso de divisas por Lebac y deuda pública permitía proyectar un peso apreciado en el mediano plazo, abaratando relativamente los pasivos en dólares", señaló Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina. Así, muchas empresas con ingresos en pesos se volcaron a mercados externos, como Irsa, Cablevisión y varios bancos, entre otras. Crisis y megadevaluación mediante, ese panorama se desvaneció.

"Estas firmas, que pierden ventas por la menor demanda interna, ven además aumentar el peso de su deuda (ingresos en una moneda que se deprecia). Si encima no pueden conseguir los dólares al oficial, pasar por el contado con liqui con una brecha creciente deteriorará muchísimo su hoja de balance", explicó el analista. Y advirtió: "Si bien el sistema de préstamos local no parece en riesgo, las deudas en el exterior podrían traer nuevos problemas". Un factor más que podría alimentar la dinámica recesiva.

Muchas provincias están en una encerrona similar. Tras el pago a los fondos buitres, muchos distritos emitieron al mismo ritmo que el Gobierno nacional. En total, colocaron US$12.336 millones. Las más complicadas, por el peso de sus vencimientos sobre la recaudación y la alta proporción de deuda en dólares, son Chubut y Córdoba.

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