La crisis, y un programa económico que dejó unos pocos grandes ganadores y muchos perdedores, impulsaron en 2018 el mayor deterioro social desde 2001-2002. Devaluación y paritarias a la baja mediante, la pérdida del poder adquisitivo tanto de los salarios como de las distintas prestaciones sociales explica el desplome de los indicadores socioeconómicos.

Según las estimaciones del IET, el salario real se hundirá alrededor de 13% interanual en diciembre y cerca de 7% en el promedio anual, muy por encima de las caídas de 2014 y 2016. Ese desplome es la principal causa del ingreso de más de 2 millones de personas a la pobreza a lo largo del año.

La medición del Observatorio de la Deuda Social de la UCA mostró que en el tercer trimestre el porcentaje de personas que no alcanzan a cubrir la canasta de bienes y servicios básicos se disparó 5,4 puntos, al pasar en un año del 28,2% al 33,6%.

Más allá de las discrepancias metodológicas, los analistas coinciden en la magnitud del aumento y advierten que en el cuarto trimestre el salto será aún mayor. El IET y CEPA apuntaron que para fin de año el aumento de la pobreza será de entre 6 y 7 puntos, lo que llevaría la medición del Indec del segundo semestre (que se conocerá recién en marzo próximo) a alrededor del 32%.

“Este año hubo un gran deterioro del poder adquisitivo, que llevó a una suba muy fuerte de la pobreza. La caída del salario real es la mayor desde 2002 y la suba de la pobreza entre puntas (4° trimestre de 2018 vs 4° trimestre de 2017) va a ser probablemente la más alta desde 2002”, señaló el analista Daniel Schteingart.

Además, el deterioro de los ingresos fue incluso mayor para los sectores de menores recursos. Es que en 2018 la canasta básica total ( CBT), que marca la línea de la pobreza e incluye los alimentos y servicios indispensables, subió muy por encima de la inflación general: mientras que en noviembre el IPC saltó 48,5%, la CBT se disparó 57,3%, casi 9 puntos más. “Cuando hay devaluación, el precio de los alimentos se dispara por encima del resto, y por tanto el precio de la canasta básica sube más rápido que le de la inflación general”, explicó un informe del IET.

A eso se suma una caída del salario mínimo, vital y móvil, según el CEPA, de 11% interanual y 10% en el promedio anual en términos reales, que impacta en la recomposición de los programas sociales (atados a las variaciones del SMVM) y en los asalariados informales, que lo toman como referencia.

Para Mara Ruiz Malec, economista del ITE-FGA, hubo cuatro grandes motores del deterioro de las condiciones de vida: la subestimación de la inflación con una primera tanda de paritarias en torno al 15%; el cambio de fórmula de movilidad a través de la reforma previsional, que hizo que “a lo largo del año jubilados, y niños, niñas y adolescentes fueran perdiendo mes a mes contra la fórmula anterior”; la falta de un programa macroeconómico que fomente la creación de empleo, ya que “la idea de que bajar impuestos ‘al trabajo’ genera empleos (como la rebaja de contribuciones patronales vigente) hace agua si al mismo tiempo el resto de los costos aumenta brutalmente y no hay demanda que justifique aumentar la producción”; y la “devaluación abrupta y la feroz recesión, que vinieron a apuntalar todo lo anterior”.

Esto generó un cóctel explosivo con un fuerte impacto social. Ruiz Malec lo explicó así: “Los salarios, que ya iban a perder poder de compra contra la inflación proyectada por cualquier consultora antes de la crisis, se terminaron enfrentando a una inflación mucho mayor. Lo mismo les sucedió a los beneficiarios de la seguridad social. Y los sectores que venían compensando al menos parcialmente la destrucción de puestos de trabajo en la industria (construcción, comercio) e incluso el sector informal, de repente se encontraron en crisis”.

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