Mauricio Macri se precipitó al festejar, al atardecer de un feriado que no lo fue para el establishment, la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario en su directorio ejecutivo y la recalificación del mercado local a “emergente” por parte de Morgan Stanley Capital Investment (MSCI). Pero lejos de haber terminado con la crisis que desataron la corrida cambiaria y la decisión oficial de responderle con la devaluación del peso más brusca desde 2002, esas dos noticias prometen acarrearle al Presidente nuevos dolores de cabeza en lo que resta de su mandato. Las turbulencias, como se puso de moda decir en la Casa Rosada, tendrán como epicentro el Banco Central, donde acaba de desembarcar el más cotizado equipo de purasangres de Wall Street liderado por Luis “Toto” Caputo.

Apenas termine de disiparse el humo mundialista, la oposición saldrá a bloquear el plan que pactó Macri con el Fondo para desarmar la bomba de tiempo de las Letras del Banco Central (Lebacs). El argumento es potente: que el mecanismo implica endosarles a todos los contribuyentes el costo de los jugosos intereses que redituó el ciclismo financiero durante los dos años y medio de la fallida gestión Sturzenegger-Llach Jr. ¿De qué modo? Mediante una triangulación: en el memorándum de entendimiento (página 12), el Tesoro se comprometió ante el FMI a devolverle al Central “una porción significativa” de los dólares de sus reservas que usó para pagar deuda externa en los últimos años, a fin de que con esos fondos rescate gradualmente las Lebacs sin emitir más pesos. El Central le devolvería al Tesoro esas letras intransferibles, que rinden un interés bajísimo, pero el Tesoro debería asumir nuevas deudas para girarle los fondos. A un interés mayor, por supuesto, que el 0,16% que pagan esas letras.

Un breve punteo de dos páginas que circuló en las últimas horas entre economistas del peronismo federal, el Frente Renovador y el kirchnerismo advierte que ese mecanismo -condición estructural del acuerdo con el Fondo- viola la Ley de Administración Financiera. Sobre todo su artículo 65, que establece que cualquier conversión, renegociación, reestructuración o conversión de deudas debe implicar “un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”. Para cumplir a la vez con esa ley y con el FMI, el nuevo directorio del Banco Central debería aceptar que el Tesoro le devuelva lo que le debe con una quita equivalente a lo que le costará conseguir esos fondos frescos en el mercado. Con el riesgo país récord de esta semana, y por más emergente que se haya declarado al país en un edificio del bajo Manhattan, ese costo sería infinito. Y si convalidan una quita así, los directores pueden ser enjuiciados y obligados a responder penalmente. Toda una encerrona.

El jefe de la estratégica comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Luciano Laspina, llamó ayer por teléfono a Diego Bossio, uno de los autores de ese borrador. Quería saber si los opositores harían una denuncia penal al respecto. Su negativa lo sosegó parcialmente, pero haría mal en confiarse. Primero, porque no hay una conducción única del peronismo que pueda garantizarle eso. Y segundo, porque la oposición íntegra tomó nota del desgaste oficial (ya se desplomaron hasta sus likes y RTs en redes sociales) y sabe que cada golpe ahora vale doble.

El propio Bossio, con Marco Lavagna, presentará la semana próxima un pedido de informes para que el nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, detalle qué empresas embolsan los jugosos subsidios que el Estado todavía destina a ese rubro. Es una forma elíptica de volver a poner en debate el tarifazo después del veto presidencial de la ley que lo limitaba. Después viene la batalla por el Presupuesto, que promete alta tensión por el ajuste fiscal comprometido ante el Fondo. Y hacia marzo del año que viene (página 19 del memorándum), el FMI exige que ya esté presentado el proyecto de una nueva Carta Orgánica del Central que le “ate las manos” y cristalice su nuevo rol.

Nuevos cepos

Metas, desvíos, monitoreos y revisiones se convertirán paulatinamente en parte del paisaje político mientras el Fondo vuelva a cogobernar con las autoridades argentinas electas. Los perdones (“waivers”, en la jerga del ente) llegarán más fácil que en la época de Anne Krueger y Anoop Singh en la medida en que los países ricos que controlan el Board sigan proponiéndose sostener políticamente a Macri como dique contra el regreso de los populismos latinoamericanos. Pero la experiencia de Grecia (otro mercado “emergente” para el MSCI al que el Fondo aprobó en 2010 su mayor programa ‘standby’ hasta el momento) muestra que ese apoyo se termina por pagar de uno u otro modo.

Otro costo oculto del acuerdo con el Fondo que ya advirtió la oposición está en el párrafo donde el Gobierno ofrece liquidar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES “para compensar el gasto futuro en pensiones” (página 22). El problema no es solo ese compromiso, ya de por sí controvertido, sino en la inexplicable admisión por parte del Gobierno de que los activos de las AFJP fueron “incautados en 2008”. ¿Cómo usarán esa frase los abogados de MetLife que demandaron al país ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI) y que tuvieron su primera audiencia hace apenas tres meses?

El celebrado ascenso a emergentes, por su parte, impuso una nueva condición a la larga lista de Christine Lagarde: el MSCI aclaró que “reverá su reclasificación si las autoridades argentinas introducen cualquier tipo de restricción de acceso a sus mercados, como controles de capitales o de cambio”. La condición no se limita a prohibir la vuelta de controles de cambios como los que limitaban las compras de dólares por parte de personas y empresas entre 2011 y 2015, sino también la de restricciones al flujo de capitales golondrina como los que tiene por ejemplo Chile o los que desplegaron Brasil, Corea del Sur y Taiwán después de la crisis financiera de 2008.

Ese nuevo cepo que Wall Street le impuso al Gobierno es una frustración para el promovido Nicolás Dujovne, quien declaró anteanoche en TV que había que “sacar lecciones” del fracaso de Sturzenegger a la hora de controlar las Lebacs. Una de esas lecciones, admite puertas adentro el superministro, es que no debió haberse permitido a los extranjeros comprarlas. Fue una forma de “alquilar reservas carísimo”, como definió el ex jefe de investigaciones del Central, Jorge Carrera. Y fue también, junto a otras desregulaciones y contradicciones del plan económico, lo que precipitó la corrida.

Golden Boys

En ese contexto tenso, con lo difícil y costoso que va a ser desarmar la bomba de las Lebacs, no le va a resultar fácil a Caputo justificar ante el Congreso haber invertido 8,5 millones de pesos en ellas y haber ganado medio millón durante los últimos meses del año pasado, cuando ya era ministro de Finanzas. Lo hizo con su propia plata. La “perso”, como le dicen los traders. La de la cuenta comitente en la financiera CIBSA que comparte con su esposa Ximena Ruiz Hanglin, según consta en documentación judicial a la que accedió BAE Negocios. Nada hay de ilegal en ello, aunque puede convertirse en un escollo a la hora de que el Senado apruebe su pliego como presidente del Central. Sobre todo porque después del vencimiento del 17 de enero, tras dos renovaciones, Caputo no apostó más por las Lebacs. Salió justo a tiempo. El dólar cotizaba ese día $19,10 para la venta.

El pudor con el que suelen disimular sus fortunas los políticos, incluso los de origen empresario como Macri, cuyo hermano Gianfranco no habría sido denunciado nuevamente por presunto lavado de dinero si no fuera por la alarma que encendió un empleado bancario atento en Hamburgo, contrasta mucho con el desenfado de los financistas forjados en la fragua de Wall Street. Santiago Bausili, el ex JP Morgan y ex Deutsche que Caputo se llevó consigo de Finanzas al Central, figura por ejemplo con distintos socios en dos cuentas comitentes del Galicia, dos de Capital Markets, una de Banco Comafi y una de Comafi Bursátil. Pese a sus obligaciones como secretario de Estado, todas esas cuentas exhiben movimientos que dan cuenta de la atención que nunca dejó de prestarle a la “perso”.

Son costumbres muy enraizadas de peculiar grupo humano que el propagandista oficial Hernán Iglesias Illa retrató como nadie en la obra cumbre de sus años como periodista, “Golden Boys”. Expatriados melancólicos que a la vez vivieron por largos años en la Gran Manzana. Capaces de admitir lo que dice uno de ellos en el libro: “Aunque queramos volver, nos gusta vivir en Estados Unidos, donde todo funciona y las reglas son claras. Y nos gusta la guita, como a todo el mundo. Bueno, quizás un poco más que a todo el mundo”.

Pablo Quirno, la verdadera mano derecha de Caputo, protagoniza un folletín bastante más breve que también pinta a esos golden boys argentinos que ahora coparon el Central. Se titula “Días de Fútbol” y sigue la trayectoria entre 2002 y 2015 del “Greenwich Pumas FC”, un equipo formado por financistas expatriados radicados en Greenwich, Connecticut. La historia transcurre en ése, uno de los pueblos más ricos de Estados Unidos, que Iglesias describe como una “little San Isidro”. Quirno brilló ahí como arquero y también jugó el ex encargado del FGS de la ANSES, Luis María Blaquier, imputado por fraude con el fondo previsional.

Son fraternidades masculinas, al punto que el libelo presenta a las propias esposas de los financistas como “botineras”. Y hasta le pregunta al lector, que presume masculino, en un epígrafe: “¿Con cuáles te quedás? ¿con las de ayer o con las de hoy?”. Como el que le dijo a Iglesias Illa que, si volvieran a nacer, todos elegirían la vida de sus esposas: “Se rascan todo el día. Viven bárbaro. Se hacen las lolas, se compran la Volvo nueva, juegan al tenis, toman el té, se hacen las uñas y van a la peluquería”. Ni una menos.