El Gobierno nacional modificó la Ley de Lealtad Comercial, de Defensa de la Competencia y de Defensa del Consumidor y endureció las sanciones a las empresas por incumplimientos, con multas por hasta $200 millones.

El decreto de Necesidad y Urgencia, publicado ayer en el Boletín Oficial, también prevé la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado por hasta cinco años, la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales y la clausura de hasta 30 días.

Así lo establece el decreto 274/2019, según el cual el Gobierno "tiene entre sus objetivos principales mejorar las condiciones de competitividad de la economía, así como también simplificar y dinamizar el comercio". La norma aclaró que sus contenidos se aplicarán "en cualquier acto de competencia desleal, realizado antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse".

En los considerandos de la medida, se especifica que en el plano económico, el Gobierno tiene entre sus objetivos principales, mejorar las condiciones de competitividad de la economía, así como también simplificar y dinamizar el comercio, que, sin embargo, la regulación de la competencia desleal se caracteriza por su falta de sistematización y escaso alcance, no existiendo una norma general que unifique las conductas desleales".

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