El presidente Mauricio Macri y el secretario de Energía, Javier Iguacel, sumaron una nueva denuncia en Tribunales, esta vez por la venta de dos centrales termoeléctricas a un precio inferior al de mercado. El pedido de una medida cautelar impulsado por un grupo de diputados kirchneristas en contra de la privatización de Brigadier López y Ensenada Barragán pondría en jaque a la operación, que de esta manera se suma al freno del Tribunal de Tasación para ponerle precio al remate de Transener, otra de las compañías de las que el Gobierno planeaba desprenderse en 2019.

En el texto al que accedió BAE Negocios firmado por Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, Fernanda Vallejos y Adrián Grana, advirtieron por eventuales conflictos de interés que podrían surgir por la presencia de dos directivos de Iecsa, la ex empresa de la familia Macri, en el directorio de Enarsa, la compañía estatal a cargo de ejecutar la iniciativa. Por otro lado, el texto hace hincapié en una serie de resoluciones de Energía emitidas por Iguacel que reducen los requisitos para adquirir las centrales, lo que abre la puerta a fondos de inversión y no sólo a operadores con experiencia acreditada en el rubro, como se había estipulado originalmente. En particular, apuntan contra Point State, Lone Star, y TGLT, todas vinculadas al oficialismo. Fuentes oficiales apuntaron que aún no estaban al tanto de la demanda.

La privatización de las dos centrales termoeléctricas fue anunciada en noviembre del año pasado, mediante un decreto que estableció la fusión de ambas compañías para pasar a ser controladas por Enarsa, que a su vez pasó a ser controlada por la nueva Ieasa, y ahí proceder a su venta, junto con Transener. Anteriormente, el Ejecutivo le había quitado a Iecsa e Isolux el contrato para la finalización de las obras a cambio de una indemnización de $1.600 millones que en ese entonces equivalían a u$s160 millones. Luego de ese acuerdo, los directores técnicos de las plantas durante su construcción de las usinas, Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini pasaron a integrar el comité directivo de Enarsa, a pesar de que ambos eran ex gerentes de Iecsa.

En la denuncia, los diputados apuntan contra el Tribunal de Tasación, que fijó un valor de u$s305 millones y un monto mínimo de oferta en efectivo de u$s229 millones para la usina de Ensenada, en tanto para Brigadier López la valuación oficial fue de u$s207 millones con una suma mínima de oferta en efectivo de u$s155 millones.

Estas cifras contrastan con un costo de construcción que en su conjunto habría ascendido a u$s1.000 millones. Incluso el Gobierno había reconocido un gasto de u$s2.000 millones en el informe "El estado del Estado" que elaboró ni bien asumió Macri para mostrar la herencia recibida del kirchnerismo.

En ese sentido, los legisladores citan un trabajo de la Auditoría General de la Nación del 2012 que estimaba que el valor de contrato para Barragán era de u$s496 millones y de u$s265 millones para Brigadier López.

También los propios balances presentados por Enarsa muestran un resultado de u$s121,2 millones para la de Ensenada y de u$s62 millones para López. Es decir que por ejemplo en el primer caso el inversor recuperaría el desembolso en apenas tres años de operación. "El precio de tasación no se compadece con el valor real que cualquier empresa de similar rendimiento operativo tendría en el mercado", puntualiza la denuncia.

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