La estrategia de los gobernadores de pisar el gasto en salarios y obra pública les permitió cumplir con el pacto fiscal firmado a fines de 2017 con la Casa Rosada, que les impidió incrementar las erogaciones por encima de la inflación. De acuerdo a una planilla elaborada por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, al término del tercer trimestre sólo tres provincias habían superado la cota del 29,45% marcada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Estas son San Juan, Corrientes y Neuquén, que registraron incrementos del 36,16%, 32,83% y 29,75%, respectivamente.

En buena medida, el gasto provincial está ligado a las paritarias acordadas con los empleados públicos. Por eso no llama la atención que en los tres distritos disidentes los desembolsos en salarios hayan cerrado en torno al 30% y sean el único caso en donde los estatales no perdieron contra la inflación, según un trabajo publicado el lunes por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Por el contrario, a donde peor les fue a los trabajadores que dependen de las administraciones provinciales fue en Chubut, Misiones, Tierra del Fuego y Santa Cruz con un deterioro del poder adquisitivo de más del 10%, cuya contraparte fue una distancia más que holgada (entre 8 y 16 puntos) respecto al límite establecido en el pacto.

Mientras tanto, en el resto de las jurisdicciones el gasto corriente se movió desde un 22% en el caso de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero o Salta; hasta un 29,07% en Entre Ríos, a donde quedó cerca de la banda inflacionaria. Justamente, en esta última provincia los estatales consiguieron un aumento del 28% y casi le empatan a la suba de precios.

El acuerdo firmado entre la Rosada y los gobernadores estableció no sólo reglas para contener el gasto sino también para la tasa de crecimiento del empleo público y las alícuotas a los Ingresos Brutos, que a lo largo de estos años se reducirán paulatinamente en los sectores productivos. En ese sentido, otro de los aspectos contemplados fue el de la deuda: las erogaciones en intereses no pueden llegar a más del 15% de los ingresos.

Los datos relevados por el Consejo muestran que esto se cumplió en todos los casos salvo en Río Negro, que trimestre a trimestre modificó su proyección respecto a los servicios financieros: en el primero iban a ser del 13,9%, en el segundo ya pasaron la meta al llegar al 16,3% y en el tercero alcanzaron el 17,4%.

Por su parte, Neuquén se mantuvo debajo de la meta pero muy cerca con un 14,1%, en tanto para Entre Ríos el porcentaje llegó al 12,6%. El otro distrito en donde los servicios de deuda se llevaron más de dos dígitos de los ingresos fue la Ciudad de Buenos Aires con un 10,2%.

En Salta, la proporción llegó al 7,9%, en Tierra del Fuego al 5,9%, en Córdoba al 4% y en San Juan al 3,6%. Formosa, Misiones y Corrientes ocupan los últimos lugares de la tabla con un 1,3%, 1,7% y 2,4%, respectivamente.

En cuanto a la obra pública a cargo de los gobernadores, los datos consolidados publicados por el Ministerio del Interior muestran que el gasto en este rubro subió 23% hasta septiembre, lo cual arroja una licuación importante respecto a la inflación. Es que en varias provincias las partidas para infraestructura se mantuvieron congeladas en términos nominales. Por caso, eso fue lo que ocurrió en Buenos Aires, en donde la inversión real directa sumó $13.000 millones, la misma cifra que el año pasado, a pesar de que María Eugenia Vidal contó con una cantidad de recursos considerablemente mayor a raíz del acuerdo por el Fondo del Conurbano.

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Ignacio Ostera

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