Tras la imputación al ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, el Gobierno resolvió avanzar en la estatización de siete corredores viales que preveía licitar bajo la modalidad de Participación Público Privada ( PPP). La medida se tomó dos semanas después de que el fiscal Eduardo Taiano iniciara una investigación contra ambos por la prórroga de concesiones en peajes con contratos vencidos en 2016, y ante la falta de interés por parte de inversores internacionales en esos proyectos.

Si bien desde el Ejecutivo habían hecho trascender que esas rutas pasarían en su totalidad a la órbita de Corredores Viales Sociedad Anónima, lo cierto es que sólo la mitad quedó en manos de la empresa creada en 2017 para operar la Ricchieri, y el resto a la propia Vialidad. Por ejemplo, la 188 tendrá casi 390 kilómetros bajo control de la DNV y 90 bajo la SA.

"Corredores Viales absorbe las rutas con mayor rédito, que tienen más tránsito, con los accesos a las grandes ciudades, y como es una sociedad anónima se rigen por el derecho privado, sin pasar por los controles de una empresa estatal", cuestionó Fabián Cattanzaro, de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), consultado por BAE Negocios.

Por el contrario, los caminos menos rentables ahora serán operados por Vialidad Nacional, consideró Cattanzaro.

Lo llamativo es que el Gobierno haya tomado esta decisión a sólo dos meses de una retirada casi segura de los resortes del estado, después de haber sufrido una derrota por más de quince puntos en las elecciones primarias. En ese sentido, Dietrich aparece como uno de los funcionarios con el futuro más complicado en lo que refiere a cuestiones judiciales y en donde los peajes son la cuestión central de las investigaciones.

Hace dos semanas el fiscal Taiano imputó al funcionario y al ex jefe de Vialidad Iguacel por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, falsedad ideológica, mal desempeño de sus funciones y violación de los deberes de funcionario público.

Desde el Gobierno intentaron instalar que con la decisión esa denuncia quedaría "abstracta". Pero desde otro de los gremios del sector, el sindicato de trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), señalaron que la iniciativa "convalida la denuncia".

"No se puede legislar para atrás, los hechos ilegales se produjeron y perjudicaron al Estado en más de 30.000 millones y en los montos recaudados en forma ilegal por el peaje. Ante eso los imputados tendrán que responder", advirtió su titular, Graciela Aleñá.

En rigor, los contratos en cuestión fueron firmados en 2010 y vencían en abril del 2016. En ese entonces el Gobierno los prorrogó por un año más hasta el 2017. Sin embargo, Iguacel volvió a extenderlos sin pasar por una licitación, a pesar de que el decreto de 2016 establecía ese procedimiento como paso previo, que al final nunca se llevó adelante.

La intención del Ejecutivo era que estos siete corredores se adjudicaran con contratos de PPP en una segunda tanda. No obstante, por las dificultades de financiamiento para los primeros seis que sí ya están operativos, los funcionarios terminaron por desistir de continuar con esta modalidad.

Lo cierto es que según Aleñá la prórroga de estas concesiones generó un perjuicio al Estado de $30.000 millones.

De acuerdo al decreto, se estatizarán tramos de las rutas nacionales 8, 9, 12, 16, 19, 34, 36, 105 y la A005.

Al mismo tiempo, la Dirección Nacional de Vialidad absorberá la administración de tramos de las rutas 3, 11, 18, 22, 38, 151, 188, 205, 226, 252 y la A009, por el mismo plazo y para "la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación, y prestación de servicios al usuario, en el marco del régimen establecido en la Ley N° 17.520".

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